El suicidio de un empresario acusado de ordenar el asesinato de un periodista puso de manifiesto la falta de credibilidad en Argentina de la justicia, la policía y las restantes instituciones del Estado, escenarios de pujas políticas cada vez más virulentas.
Según la versión oficial, Alfredo Yabrán, que estaba prófugo de la justicia por la causa por el asesinato del periodista José Luis Cabezas, se voló el miércoles la cabeza con una escopeta de caza mayor, segundos antes de que lo encontrara la policía en una hacienda de su propiedad en la provincia de Entre Ríos.
La noticia causó honda conmoción en la opinión pública y en el ambiente político, legislativo y judicial. Los diarios del jueves, con pocas excepciones, se abstuvieron de afirmar que se trató de un suicidio y eligieron fórmulas como "desaparición", "muerte" o la duda lisa y llana: "¿Se mató o lo mataron?".
El gobierno intentó acotar la noticia al terreno judicial, pero para los medios el caso tuvo tratamiento de magnicidio. Clarín, el diario de mayor circulación, le dedicó las primeras 33 páginas. El entorno de Yabrán acusó a dirigentes políticos por la muerte y el propio empresario dejó una carta acusatoria.
Yabrán echó la culpa de su muerte al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, enfrentado con el presidente Carlos Menem, y su policía "maldita".
Según el empresario, que se declaró inocente del crimen de Cabezas en la carta, el gobernador y su policía manejarían la venta de drogas en la provincia y quisieron adjudicarle el asesinato.
Su abogado atribuyó el testimonio clave de una mujer que desencadenó el pedido de captura de Yabrán a una ofensiva de Duhalde.
El vocero de Yabrán, Wenceslao Bunge, acusó, en cambio, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que desde 1995 denuncia al empresario de ser jefe de una mafia.
Cavallo asegura que el pedido de renuncia que Menem le planteó en 1995 respondió a presiones de Yabrán, que encabezaría una organización criminal de lavado de dólares.
Lejos de retirar su acusación, Cavallo asegura ahora que la organización mafiosa que lideraba Yabrán seguirá operando tras su muerte. También dijo que, desde su reelección en 1995, Menem parece haber cedido a los intereses del multimillonario fallecido.
Yabrán había acumulado una fortuna calculada en 600 millones de dólares (5.000 millones, según Cavallo) por sus negocios en servicios aeroportuarios (rampas, comercios libres de impuestos, depósitos fiscales, taxis aéreos), turismo, correo, venta de armas e impresión de documentos públicos.
Ultimamente había vendido parte de sus empresas al grupo inversionista estadounidense Excel, y con el dinero recaudado se había dedicado a la compra de establecimientos rurales y hoteles. En una de las haciendas que había comprado hacía pocos días se produjo el suicidio tan imprevisto.
Una encuesta realizada por la consultora Navarro y Asociados para el rotativo Perfil concluyó que solo 31 por ciento de los entrevistados creen que Yabrán se suicidó. Diecinueve por ciento creen que fue asesinado, 22 por ciento que está vivo y el cuerpo es de otra persona, y 28 por ciento no supo qué contestar.
Casi ninguno de los espectadores que llaman a los programas de noticias de televisión y radio que se sucedieron desde la muerte de Yabrán cree en la versión oficial de los hechos, ni aún luego del reconocimiento del cadáver, la autopsia y las cartas de Yabrán en las que jura su inocencia por el crimen de Cabezas.
Con los antecedentes de testigos que cambian su declaración, peritos pagados, autopsias fraguadas y jueces en el banquillo de los acusados, los argentinos ya no creen ni siquiera en pruebas genéticas.
Entre los que creen que se suicidó, apenas ocho por ciento cree que lo hizo porque era inocente en el asesinato de Cabezas, y 78 por ciento opinó, en cambio, que se disparó por temor a ir preso.
Pero los datos más alarmantes de la encuesta se desprenden de los que creen que Yabrán fue asesinado y arriesgan responsables.
Treinta y nueve por ciento dijeron no saber quién lo mató, 18 por ciento creen que fue Menem, a lo que se suma 17 por ciento que señala "el entorno" del mandatario. Ocho por ciento acusa a Duhalde, favorito para suceder a Menem, y otro ocho por ciento a la policía de la provincia de Buenos Aires.
La crisis institucional tiene a la policía, la justicia y los dirigentes políticos como los factores de poder menos creíbles ante la sociedad, según las encuestas. En el otro extremo figura la prensa, la institución más prestigiosa para la opinión pública en los últimos años.
"La muerte de Yabrán, sea suicidio o asesinato, es un acto de violencia política que no está ajeno a la guerra de sucesión que se ha planteado dentro del oficialismo", denunció la diputada opositora Elisa Carrió.
"Estamos ingresando en una espiral de violencia y jugando a la ruleta rusa con las instituciones. Aquí hay grupos políticos que se están apoderando del aparato del Estado para dirimir allí su lucha por el poder, sobre todo dentro del oficialismo", advirtió la legisladora.
Carrió aludió así al mudo enfrentamiento entre Menem y Duhalde, los dos máximos dirigentes del gobernante Partido Justicialista. Duhalde era el favorito para suceder a Menem en 1999, pero sus ambiciones están ahora entre paréntesis desde que el mandatario reveló su intención de mantenerse en el cargo.
Menem impulsó una reforma constitucional para ser reelecto en 1995, y ahora que falta poco más de un año para finalizar su segundo mandato intenta una nueva enmienda que lo habilite para un tercer período, a pesar de que cuenta con apenas 15 por ciento de imagen positiva entre los electores, según las encuestas.
En este contexto, el asesinato de Cabezas, el fotógrafo que había sacado del anonimato a Yabrán al tomarle una fotografía que se publicó en la portada del semanario Noticias, fue considerado desde siempre un crimen político, que tenía como eje el choque entre los principales hombres del oficialismo.
Hace apenas 15 días, dos custodios de la hija de Duhalde fueron hospitalizados con heridas de bala en lo que se calificó de intento de robo.
De igual manera se calificó el atentado contra la hija del jefe de Gabinete, ocurrido en 1997, y el asesinato de un custodio del senador Eduardo Menem, hermano del presidente, en su casa.
La muerte en 1995 del hijo del mandatario, que se produjo cuando el helicóptero que piloteaba se precipitó a tierra, fue calificada como accidente, pero la ex esposa del jefe de gobierno logró hace pocos meses convencerlo para que apoye una investigación paralela con la hipótesis de atentado. (FIN/IPS/mv/mj/ip hd/98
