El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Klaus Kinkel, propuso "castigar" con cortes a la cooperación al desarrollo a los países que no colaboren para recibir a los deportados desde esta nación europea.
Aunque la propuesta no cuenta con respaldo unánime dentro del gobierno, es una muestra de que Alemania pierde la paciencia con países del mundo en desarrollo donde se plantean trabas que dificultan la deportación de personas que no lograron ser consideradas refugiadas por las autoridades.
El objetivo de la propuesta de Kinkel sería "castigar" a los países donde se demora la documentación necesaria para probar la nacionalidad de una persona, requisito previo para la deportación.
Unos 70.000 africanos y asiáticos están a la espera de su deportación desde Alemania tras fracasar en conseguir la calificación de refugiados. Dentro de este grupo hay unas 9.000 personas sin pasaporte ni ninguna otra documentación que establezca su nacionalidad.
La mayoría de los que carecen de buena fe de documentos son argelinos o de los Balcanes. Pero hay muchos otros casos, y las autoridades alemanas sospechan que se practica la pérdida deliberada de los documentos para evitar la deportación.
En algunos casos las autoridades proponen métodos alternativos para "confirmar" la nacionalidad. En el estado de Bavaria se plantearon "pruebas de idioma", pero la propuesta generó críticas de quienes hicieron notar que en lugares como Africa las fronteras no están definidas por la lengua.
Un representante de Amnesty International en Alemania, Wolfgang Grenz, destacó que la propuesta de Kinkel de cortar la cooperación al desarrollo podría hacer que algunos países acepten deportados aunque estos tengan otro origen, con tal de no perder el financiamiento. Esto ya habría sucedido en Gambia.
La amenaza de Kinkel estaría dirigida contra 18 países de Africa y Asia, entre ellos Sudán, Costa de Marfil, Ghana, Níger, Senegal, Vietnam, India, Pakistán y Bangladesh.
Pero esta propuesta no cuenta con el respaldo de todo el gobierno. Al menos el ministro de Desarrollo alemán, Carl-Dieter Spranger, se limitó a contestar que no tiene conocimiento de la propuesta de Kinkel, detallada en entrevista con el diario Bild.
Con esta reacción, Spranger manifestó su molestia con la injerencia de Kinkel en asuntos propios del Ministerio de Desarrollo.
En cierta forma devolvió la pelota cuando hizo su propia advertencia y sugirió que los países que no cooperan ponen en riesgo sus relaciones diplomáticas con Alemania, un asunto generalmente tratado en el ámbito del ministerio de Kinkel.
El ministro de Desarrollo puede estar en desacuerdo con la interferencia de Kinkel, pero coincide en la necesidad de aplicar sanciones. Una de ellas sería la de reforzar los severos requisitos para obtener una visa de turismo alemana.
También se considera establecer una cláusula en la Convención de Lomé, el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP), mediante la cual se comprometen a aceptar sus deportados a cambio de la ayuda para el desarrollo.
Pero Spranger comentó que la suspensión de la ayuda al desarrollo debería ser el último recurso. "Debemos pensar en el efecto que causaría. Esta ayuda debe ser utilizada precisamente para evitar las condiciones que llevan a esta gente a elegir el camino de la migración", dijo.
"No es justo castigar a las personas por los errores de sus gobiernos", comentó esta semana en una entrevista con la revista Focus.
Las autoridades alemanas admiten que ningún país bloquea en forma sistemática el regreso de los deportados, aunque algunos generan escollos burocráticos en ciertos casos, en particular cuando se trata de delincuentes.
En este proceso algunas naciones son menos cooperativas. Es el caso de Etiopía, cuya embajada, según autoridades alemanas, no colabora con el proceso de las deportaciones.
Y argumentan que esa actitud se debe a que los solicitantes de asilo son una importante fuente de divisas para ese país, cuando envían remesas a sus familias.
Para otras naciones la amenaza carece de significado. Nigeria, cuya dictadura militar no recibe ayuda para el desarrollo de Alemania, es un caso.
La actitud de las autoridades alemanas tendría que ver con las próximas elecciones nacionales en septiembre. Muchas personas se muestran preocupadas por el otorgamiento de beneficios fiscales a extranjeros, y la coalición oficialista parece interesada en demostrar que está haciendo algo para resolver ese problema.
Opositores han acusado al Kinkel de cortejar los votos derechistas. El mes pasado el partido de externa derecha Unión del Pueblo Alemán obtuvo 13 por ciento de los votos en el estado de Sajonia-Anhalt, y su campaña electoral estuvo basada en un mensaje racista en contra de los solicitantes de asilo.
El gobierno restringió su política de asilo y en la actualidad numerosos solicitantes se encuentran detenidos a la espera de ser deportados. Pero según las leyes si pasan 18 meses deben ser dejados en libertad, y esa es una de las razones por las cuales se busca presionar a los países de origen. (FIN/IPS/tra-en/ys/rj/lc- mj/hd pr dv/98
