Organizaciones de derechos humanos salvadoreños y de América Central advirtieron al gobierno de El Salvador que la vacancia de la Procuraduría de Derechos Humanos constituye un incumplimiento de compromisos internacionales.
En una carta enviada al presidente Armando Calderón Sol, el Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos de El Salvador recuerda que la creación de la Procuraduría fue uno de los compromisos contraídos por el gobierno salvadoreño en los acuerdos de paz de 1992.
Igual criterio vertió la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), según la cual la Procuraduría ha jugado un papel importante en la promoción y la defensa de los derechos humanos en este país.
"Este retraso viola la Constitución", dijo a IPS Soraya Long, abogada de Codehuca, quien agregó que "existe una tendencia en nuestros países a debilitar instituciones como ésas y politizarlas, pero, por el contrario, nuestro interés es que se fortalezcan y sean respetadas por las demás instituciones".
La Procuraduría de Derechos Humanos quedó sin dirección a fines de marzo, cuando venció el mandato de Yolanda de Avilés, quien fue suplantada temporalmente por el procurador adjunto, Eduardo Urquilla.
Sin embargo, una reforma al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría impide ahora a este funcionario asumir como titular después de que su antecesor concluyó su período.
La reforma, vista por los organismos de derechos humanos como un intento por dejar a la deriva a una de las instituciones con mayor credibilidad entre la población, fue sancionada por Calderón Sol a pesar de las solicitudes de organismos no gubernamentales y por el mismo Urquilla.
El mandatario declaró el lunes que no vetó la reforma porque considera que la acefalía del organismo "será una presión" para que los diputados "elijan rápidamente al nuevo procurador".
La reforma al artículo 15 establece que el procurador adjunto no podrá asumir la dirección de la institución luego de que termine el período del titular, y también homologa el período de elección de ambos funcionarios.
Mientras tanto, Urquilla declaró que no piensa abandonar su oficina y anunció que la Procuraduría interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. Por lo tanto, mientras ésta no tenga validez legal, no dejará su puesto.
Los diputados, por su parte, analizan diferentes nombres para ocupar la Procuraduría y se habla de dos candidatos, pero todavía no hay consenso.
Long indicó que la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos ha variado. Ya no se escucha, como hace 10 años, de ejecuciones extrajudiciales o masacres, pero sí se reciben miles de denuncias al año sobre violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.
En su último informe sobre el trabajo de las Procuradurías de Derechos Humanos en América Central, Codehuca denunció que la institución salvadoreña ha sufrido recortes de recursos que afectan, principalmente, el Departamento de Protección, encargado de investigar las denuncias.
Entre junio de 1996 y mayo de 1997 se recibieron en esa dependencia 10.334 denuncias. (FIN/IPS/lv-mso/mj/hd/98
