Durante una internación de más de un mes, no hubo ni una visita para el paciente de la cámara número 21 del pabellón dos del hospital general de Kuala Lumpur, Malasia.
El hecho no se debió a que Nasir, un indonesio herido durante los disturbios producidos el 26 de marzo en un campo de detención para inmigrantes ilegales, no quisiera ver a nadie, sino a que estaba bajo custodia policial.
Nasir, de la provincia indonesia de Aceh, es uno de los miles de detenidos en el campamento de Semenyih cuando intentaban escapar en medio de los enfrentamientos.
El ciudadano indonesio recibió un balazo debajo de las costillas y fue duramente golpeado por la policía antidisturbios, según relató a un periodista extranjero que lo entrevistó en el hospital.
Nasir tenía cicatrices quirúrgicas en su abdomen, una pierna vendada y sus muñecas estaban sujetas a la cama con esposas.
Cuando este periodista lo visitó el 29 de abril, casi enseguida aparecieron policías y le advirtieron que se mantuviera alejado del paciente, quien fue dado de alta tras hablar con un periodista extranjero que le realizó una entrevista el 2 de mayo, según otros pacientes internados en el pabellón.
Las enfermeras explicaron que Nasir fue dado de alta ese día porque ya estaba en condiciones de dejar el hospital, y que se desconoce su paradero.
"Si el gobierno no tiene nada que ocultar, ¿por qué nos prohibió hablar con él?", preguntó Elizabeth Wong, coordinadora de Suaram, una organización de derechos humanos con sede en Petaling Jaya, en las afueras de la capital Kuala Lumpur.
Casos como el de Nasir generaron críticas hacia el tratamiento que Malasia otorga a supuestos inmigrantes ilegales, la mayoría procedentes de Indonesia, a los que las autoridades detuvieron y deportaron en gran número en los últimos meses.
Numerosos inmigrantes aprehendidos fueron golpeados por la policía o sufrieron otras formas de abuso, según informes de prensa y relatos de indonesios que volvieron a su país, autoridades indonesias y organizaciones no gubernamentales.
Algunos periódicos británicos publicaron a fines de abril que algunos inmigrantes ilegales que permanecían en campos de detención de Malasia fueron "drogados" para que no se resistieran a la deportación.
El primer ministro malasio, Mahathir Mohammad, afirmó que los informes son "de mala fe" y que la prensa británica "desea frustrar a Malasia en toda forma posible".
Las acusaciones de maltratos durante la detención y la deportación fueron hechas con "malas intenciones", agregó el subdirector de seguridad interna de Malasia, Mohamad Yusof Said.
La situación se complica por el hecho de que muchos de los indonesios deportados en marzo eran de Aceh, en el norte de Indonesia, donde hay un movimiento separatista desde hace años.
Muchos residentes de esa provincia huyeron hacia la vecina Malasia a comienzos de la década y algunos de ellos estaban en campamentos de detención para inmigrantes ilegales cuando estallaron los disturbios en marzo.
Kuala Lumpur decidió enviarlos de vuelta a Aceh porque los consideró inmigrantes por motivos económicos.
Más de 500 indonesios de Aceh fueron repatriados en botes el 26 de marzo, aún cuando grupos de derechos humanos advirtieron que serían perseguidos en su país y que por lo tanto, merecen el estatuto de refugiados.
Los disturbios, que estallaron cuando los inmigrantes descubrieron su deportación inminente, provocaron preocupación no sólo de activistas locales sino también de agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
Luego de los actos de violencia, Mahathir declaró que el motín fue "inesperado" y que las fuerzas de seguridad actuaron en defensa propia. "En un intento por resistir la deportación, los inmigrantes atacaron primero y causaron la muerte de un policía", afirmó.
Pero un testigo sostuvo que, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos, bastones y escudos para restaurar el orden, los detenidos sólo contaban con sus manos. (FIN/IPS/tra-en/rm/js/ml/pr hd/98
