Los indígenas de Argentina denuncian no haber participado en un programa de biodiversidad dirigido por la estadounidense Universidad de Arizona iniciado hace cinco años, y que incluye investigaciones sobre propiedades de especies vegetales nativas.
El programa, que concluirá dentro de cuatro meses, permitió recolectar miles de especies en zonas áridas de Argentina, México y Chile, a fin de identificar en ellas principios activos aplicables en la industria farmacéutica, de agroquímicos o de cosméticos, con el posterior reparto de beneficios.
Una vez finalizado, el proyecto habrá cumplido con tres objetivos principales del Convenio sobre Diversidad Biológica firmado por 170 países desde 1992: conservar la biodiversidad, usar de modo sustentable sus componentes y repartir de forma equitativa los beneficios derivados de su aprovechamiento.
Sin embargo, cuando falta poco para que el programa finalice en Argentina, comenzaron a alzarse voces de líderes indígenas que denuncian saqueo de especies, extorsión a aborígenes para que den información a cambio de alimentos y falta de participación en el proceso que garantice el reparto de regalías.
"En su artículo 8-J, el Convenio dice que se debe respetar el conocimiento de los indígenas y darles participación si se va a utilizar su experiencia", dijo a IPS Víctor Capitán, presidente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche que solo hace pocos meses conoció el texto del acuerdo.
En Argentina, el plan de recolección comenzó en 1993 y lo desarrolla el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la sureña Patagonia, en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde viven unos 60.000 mapuches con gran conocimiento acerca de las propiedades curativas de las plantas.
El ingeniero Enrique Suárez, director del programa del INTA, reveló a IPS que en Argentina se recolectaron 500 especies, de las cuales 40 manifestaron actividad biológica, un hecho que invita a seguir investigando sobre su potencial.
El contrato firmado con la Universidad de Arizona prevé que si se encuentran en las plantas propiedades a desarrollar, de los derechos de uso corresponderá cinco por ciento para el INTA, cinco para la Universidad Patagónica, que también interviene en la recolección, y 50 para la región que aportó el recurso.
"Eso no asegura que llegue a los indígenas", admitió Suárez, y explicó que los gobiernos de la provincias deberían participar de la recolección y ocuparse de auditar las distintas instancias del programa a fin de administrar luego los eventuales beneficios derivados del uso sustentable del recurso genético.
Suárez recordó que en marzo de 1996 el instituto organizó un taller con la participación de expertos de la Universidad de Arizona, representantes de organismos no gubernamentales, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, y líderes aborígenes.
Pero, en realidad, los indígenas que intervinieron no representaban a las comunidades que viven en la zona de los recursos.
Uno de ellos es secretario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otro pertenecía a la Asociación Indígena de Argentina. Ambos viven y trabajan en Buenos Aires, la capital del país.
"Allí discutimos el reparto de regalías, y se acordó que en lugar de recolectar en haciendas privadas se buscaran recursos cercanos a las comunidades indígenas más pobres, a fin de repartir luego con ellos los beneficios, y no con estancieros ricos", plante Suárez.
Fue después de ese taller cuando el ingeniero recibió un llamado de las autoridades de la provincia de Río Negro para participar más activamente en el programa. Pero eso no garantizó la intervención de comunidades, denunció Capitán junto con otros organismos locales como el Consejo Asesor Indígena.
"¿Cómo podemos comprobar nosotros qué es lo que harán con nuestras plantas y nuestro saber?", pregunta Capitán.
"Los conocimientos de nuestros ancianos y nuestras 'machis' (curadoras) son parte de nuestra biodiversidad, y ahora estamos siendo invadidos por los recolectores que se llevan información", añadió.
Capitán recordó que en la Patagonia hay cientos de especies (malva, ñanculahun, jarilla, piedra de guanaco y tomillo, entre otras) que, utilizadas en diferentes combinaciones y proporciones, sirven para curar enfermedades estomacales, alergias, deficiencias del corazón, úlceras y muchos otros males.
Suárez admitió que en la planilla de recolección hay un renglón para que quienes recopilan la muestra anoten las aplicaciones tradicionales de las plantas. Pero él asegura que los recolectores sólo indican si la especie es "medicinal", sin más detalles.
Los recolectores ingresan a reservas indígenas con alimentos y otros bienes y piden información sobre las propiedades curativas de las plantas, a fin de enviar a Arizona un reporte más completo de su labor de campo, violando toda norma sobre propiedad intelectual del uso de especies, aseguró Capitán.
Suárez insistió en que el contrato con la universidad es claro y está a disposición de quien lo quiera ver (en su versión en inglés), aunque la verdad sobre el cumplimiento de los objetivos del Convenio de Biodiversidad se verá en muchos años más, cuando se compruebe el real potencial de las plantas escogidas. (FIN/IPS/mv/mj/en/98
