El presidente de Argentina, Carlos Menem, anunció hoy que el litigio de las islas Malvinas, reclamadas por los argentinos, será materia de su primera visita oficial a Gran Bretaña, prevista para noviembre.
Menem tratará con la reina Isabel II y con el primer ministro Tony Blair el caso de las Malvinas, que en 1982 enfrentó en guerra a Argentina y Gran Bretaña, según aseguró.
La revelación representa un avance respecto de oportunidades previas, cuando funcionarios argentinos chocaron en Londres con la negativa de la administración conservadora de John Major, predecesor del laborista Blair, a discutir la soberanía sobre esas islas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833.
Tras la devolución de Hong Kong a China por parte de Gran Bretaña, concretada en julio de 1997, las Malvinas, situadas en el Atlántico sur, son uno de los últimos reductos coloniales de los británicos.
La invasión argentina de 1982, rechazada por las tropas británicas, debilitó las posibilidades de recuperación de las islas, según los observadores.
Menem se manifestó satisfecho con los avances logrados en la relación de Argentina con Gran Bretaña desde 1989, cuando los dos países acordaron la reanudación de relaciones diplomáticas.
También aventuró que Argentina podrá tener ingresos hasta 600 millones de dólares anuales por regalías petroleras de la zona marítima que circunda el archipiélago.
El mandatario expresó así optimismo ante el desenlace de un nuevo conflicto, estallado a fines de abril, cuando los habitantes de las Malvinas autorizaron unilateralmente a empresas internacionales la perforación de siete cuencas al norte de las islas.
La iniciativa de los isleños aceleró en Argentina el debate de un proyecto de ley para imponer multas a las empresas que se resistan a pagar regalías a este país por la extracción de petróleo y gas natural en el área de las Malvinas.
Como antecedente de la visita oficial -la primera de un presidente de Argentina a Gran Bretaña- el canciller argentino Guido di Tella se reunió la última semana con su par Robin Cook en Londres. Ambos acordaron respetar el acuerdo bilateral de cooperación en materia de hidrocarburos firmado en 1995.
Ese convenio compromete a los dos países a compartir regalías por la explotación de gas y petróleo en una zona que está a mitad de camino entre las islas y la costa argentina. El área incluye un mínimo sector en litigio, y el resto pertenece a Argentina, pero los derechos deben repartirse por igual.
En cambio, en la zona que rodea las islas y que los británicos consideran de su soberanía, un acuerdo tácito indica que los beneficios se repartirían de la siguiente manera: tres por ciento para Argentina y nueve para los isleños.
En total, una carga de 12 por ciento para las empresas que exploten hidrocarburos en esa segunda área.
Pero los isleños autorizaron a la empresa Amerada Hess a trasladar una plataforma de exploración al norte de las islas para comenzar a buscar petróleo. La plataforma es compartida por cuatro compañías: Shell, Lasmo, IPC y Desire, que esta semana encontró rastros de petróleo en rocas sumergidas.
Las compañías petroleras creen que hay posibilidades técnicas de hallar petróleo en esa región, una alternativa que quintuplicaría los ingresos de los ya afortunados 2.100 isleños.
Los habitantes de las Malvinas ya obtienen altos beneficios por la venta de permisos de pesca alrededor del archipiélago.
En vista de la indiferencia de los isleños ante los acuerdos, el Congreso argentino aceleró el debate de una serie de iniciativas que podrían quedar aprobadas a fines de este mes.
Uno de los proyectos establece multas entre 50.000 y 10 millones de dólares a las empresas que extraigan petróleo de la zona en litigio sin consentimiento del gobierno argentino y se nieguen a pagar a este país la parte que le corresponde en los beneficios.
El otro acepta que la proporción de regalías a compartir con los isleños sea de tres por ciento, un gesto que implica una marcha atrás de los legisladores del gobernante Partido Justicialista (Peronista).
En principio, los justicialistas se negaban a compartir beneficios con los británicos, por considerar que sería un modo de reconocerles derechos sobre las islas.
Con la aprobación de los proyectos en las comisiones de Energía, Recursos Naturales y Relaciones Exteriores, el gobierno de Menem espera contar a fin de mes con las nuevas normas, que fueron tema del diálogo entre los cancilleres y que permitirían avanzar en la agenda prevista para la visita del presidente. (FIN/IPS/mv/ff/ip/98