Los llamados comités de trabajadores desplazan en las zonas francas industriales de Nicaragua a los sindicatos tradicionales, ligados a ideologías y partidos políticos, y amenazan su supervivencia en esas áreas.
El Ministerio de Trabajo registra la presencia en las zonas francas de ocho sindicatos con unos 500 afiliados. La mayoría de ellos se constituyeron el año pasado, y son asesorados por la Central Sandinista de Trabajadores (CST), vinculada al izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En cambio, los comités de trabajadores, promovidos por un movimiento femenino, agrupan a 4.500 mujeres, junto a quienes actúan 500 promotoras de derechos laborales y de la mujer.
Las zonas francas industriales reúnen a 21 empresas extranjeras y a 12.000 personas empleadas, la mayoría mujeres.
Los comités "surgen porque el movimiento sindical está debilitado, ha perdido capacidad de interlocución, de negociación y de mediación", declaró a IPS Sandra Ramos, ex dirigente de la CST.
"No estamos en contra de la zona franca como proyecto productivo, sino en contra de la violación a los derechos laborales de las trabajadoras", dijo Ramos, coordinadora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas "María Elena Cuadra".
"El nuestro no es un grupo de choque, (sino que) trabajamos a través de la negociación, de la mediación", agregó.
El movimiento María Elena Cuadra, además de promover los comités de trabajadores, obtuvo del Ministerio de Trabajo la aprobación de un código de ética, de obligatorio cumplimiento en las zonas francas.
El código establece, por ejemplo, la prohibición de contratar a menores de edad y castiga el acoso sexual las agresiones de todo tipo.
Fue firmado por el ministro de Trabajo, Wilfredo Navarro, y respaldado por los gerentes de todas las empresas estadounidenses, taiwanesas y sudcoreanas instaladas en las zonas francas.
"Ese código fue el resultado de cinco años de trabajo largo y difícil, en el que las obreras de las zonas francas pusieron lo mejor de ellas mismas", señaló Ramos, a quien los dirigentes de los sindicatos tradicionales consideran "traidora".
En los cuatro años de funcionamiento de las zonas francas industriales se verificaron una decena de huelgas y hubo choques entre trabajadores vinculados a la CST y otros grupos.
El último incidente violento se registró en la empresa textil Chentex, de origen taiwanés, que emplea a casi 2.000 trabajadores y en 1997 realizó exportaciones por valor de 45 millones de dólares.
La razón fue que los empresarios no aceptaba el funcionamiento de un sindicato sandinista en Chentex. El Ministerio de Trabajo intimó se pronunció contra la empresa que, en reación, amenazó con abandonar Nicaragua antes de julio.
Según trabajadoras de las zonas francas, esos incidentes precisamente y la consecuente amenaza de cierre de la fábrica Chentex ampliaron el distanciamiento entre los obreros y los sindicatos tradicionales.
"No queremos confrontación con el empleador, queremos que ellos pongan las condiciones necesarias para trabajar y nosotras cumplir con nuestras obligaciones", dijo Olga María Pineda, directiva de un comité y promotora de derechos laborales desde hace cinco años.
"No soy antisindicalista. Simplemente creo que la época de confrontaciones y boicoteos en la producción ya terminó, ahora nos toca el respeto mutuo para mantener nuestro empleo", explicó Pineda.
Dos de los ocho sindicatos de las zonas francas registrados ante el Ministerio del Trabajo están inactivos. Los otros agrupan a menos de cinco por ciento de la mano de obra en esas áreas.
Jamileth Polanco, operaria en una empresa estadounidense y secretaria general del sindicato "Juan Carlos Rivera", adscripto a la CST, aseguró que su grupo no busca el enfrentamiento con los empresarios, sino la colaboración.
"Hemos caminado de la mano con la administración y aunque tenemos pegones (choques), como es natural, (ellos) acceden a nuestras peticiones. No hemos tenido que recurrir al Ministerio de Trabajo, pues nuestra relación es tranquila", afirmó Polanco.
"En la oficina de recursos humanos (de la empresa) nos escuchan y se resuelven los problemas. Prueba de ello es que obtuvimos un permiso para organizar un comisariato y recibimos apoyo para créditos de cuaderno y zapatos con otras empresas", agregó.
Mercedes Sobalvarro, empleada en la empresa Fortex y secretaria de conflicto del sindicato 16 de agosto, afiliado a la CST, dijo también que "no existen mayores problemas a resolver, excepto el reconocimiento de la antigüedad por parte de la patronal y la indisciplina de algunos trabajadores".
Sobalvarro señaló que hace cuatro años hubo una huelga, pero sólo de un día. "Rápidamente se llegó a un acuerdo", y hoy se intenta resolver los conflictos "hablando claro y con calma".
Mientras, Ramos indicó que hay varios asuntos pendientes, pero cree que se resolverán. Entre esos casos citó el seguimiento de la aplicación del código de ética, una mayor capacitación del personal administrativo para mejorar las relaciones laborales y la necesaria revisión de las planillas de pago para confirmar si se cumple con el salario mínimo.
"Vamos a hacerlo por los canales establecidos. Ya basta de confrontación, nuestras mujeres necesitan empleo y estabilidad laboral, además de organizaciones responsables", concluyó Ramos. (FIN/IPS/rf/ff/lb/98
