URUGUAY: Exiliados generan debate sanitario

El gobierno de Uruguay recibirá esta semana el reclamo de organizaciones sociales, religiosas y humanitarias, que generará un debate sobre los criterios estatales para proteger la salud pública.

Juan Carlos Borgogno, su esposa y sus cinco hijos se mudaron en 1997 a Argentina porque normas del Ministerio de Salud Pública obligaban a que los menores fueran vacunados para ser habilitados para cursar sus estudios primarios o secundarios.

En Uruguay existe un plan de vacunación obligatorio de nueve vacunas contra la tuberculosis, triple bacteriana (difeteria, tétanos y tos convulsa), meningitis, tiple viral (sarampión rubeola y paperas) y polimelitis.

Borgogno vivía en Tarariras, una pequeña ciudad 164 kilómetros al oeste de Montevideo, cuando la directora de una escuela decidió impedir el ingreso de los niños porque carecían de certificados de vacuna.

Nueve años antes, el campesino se había aferrado a la medicina naturista ante el mal hepático que sufrió uno de sus hijos que progresivamente recuperó su salud.

La denuncia de la maestra determinó una decisión de la Administración Nacional de Educación de prohibir el ingreso de los menores a la escuela si no estaban vacunados.

Los Borgogno mantuvieron su posición y recurrieron a la justicia, la que, luego de varias apelaciones, decidió que los niños debían ser vacunados para poder estudiar.

"El Estado tiene el deber de preservar los intereses generales de la sociedad a través de normas de carácter obligatorio, limitando algunos derechos para preservar otros, como la vida sana de toda la sociedad", dijo a IPS Ricardo Pérez Manrique, secretario de la Suprema Corte de Justicia.

Como ejemplo, el jurista destacó el caso de los hijos de fieles de los Testigos de Jehova, una organización religiosa que se opone a las transfusiones de sangre.

Pérez Manrique indicó que la justicia uruguaya ha forzado a que en algunos casos se realizaran transfusiones de sangre porque estaba en juego la vida de los pacientes.

Desde marzo 1997 los hijos de Borgogno asisten a la escuela en la capital argentina, donde no les exigen los requisitos de vacunación, pero desean regresar a su país.

"Encierro, amigos lejanos, las añoranzas que acosan. El exilio empieza a morder pese a que mis hijos son en Argentina excelentes alumnos", dijo Borgorno.

Así, el jueves próximo presentarán al gobierno un documento con decenas de firmas y el respaldo de organizaciones religiosas y humanitarias, para que se les permita estudiar sin los requisitos de vacunación.

Borgogno se apoya en una norma que le daría la posibilidad de que sus hijos sean eximidos de los certificados de vacunación.

Sin embargo, esa norma sólo exime de vacunación a quien presente cerfificados médicos fundados que digan que al vacunarse corre peligro la vida de los menores, dijo a IPS un vocero del Ministerio de Salud Pública.

El informante dijo que el riesgo de contagio en Uruguay para los hijos de Borgogno es escaso porque en el país existe un "altísimo número de vacunados, lo que le da una gran inmunización, pero no sucede lo mismo en otro lado".

Como elemento clave recordó que cuando en 1995 se produjo en varios países de América Latina una epidemia de cólera, en Uruguay no se registró ningún caso.

Con esa misma base, Pérez Manrique consideró que Uruguay debe preservar sus actuales niveles sanitarios sin ningún tipo de excepción. "Recorriendo América Latina esta posición se hace más que evidente", afirmó.

En Uruguay, país de 3,1 millones de habitantes, se producen 9.000 nacimientos por año. Desde 1960 la tasa de mortalidad infantil cayó más de 50 por ciento. Entre 1995 y 1997 cayó 20 por ciento y hoy se ubica en 16 por mil.

"Aquí lo que está en juego son los derechos y eso es lo que ha entendido la gente que se acerca a ofrecer su firma aún cuando no esté de acuerdo con nuestro modo de vida", arguyó Borgogno.

"Para actuar en sociedad es necesario acatar las normas. Si en Uruguay un estudiante no puede ingresar a los cursos de secundaria sin su documento de identidad, sólo podrá estudiar gestionándolo aún cuando sus padres estén en desacuerdo", señaló Pérez Manrique. (FIN/IPS/rr/ag/he-hd/98

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