Los trabajadores inmigrantes son víctimas de discriminación y explotación, pero la situación puede cambiar si se reconocen sus derechos, argumentan grupos laborales que tratan de reavivar una convención internacional estancada desde hace ocho años.
En 1990, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, pero sólo nueve países la ratificaron. Y se necesita la firma de 20 gobiernos para que entre en vigor.
La representante de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados en Estados Unidos, Cathi Tactaquin, comentó que organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos dedicados a la defensa de derechos sindicales renovaron sus esfuerzos para lograr que la Convención sea aprobada.
Los trabajadores migrantes viven lejos de sus hogares y de sus países en territorio extranjero donde suelen ser discriminados. Hacen de todo, desde trabajos profesionales hasta las labores más sucias, peligrosas o mal pagadas, que los nacionales evitan. Y son víctimas de abusos constantes.
Se violan sus derechos a la asociación, a la seguridad en las condiciones de trabajo y a vivir con sus familias. Los trabajadores migratorios son víctimas porque tanto los países donde llegan como aquellos de donde provienen no reconocen sus derechos humanos, argumentó el director del Centro de Migraciones de Asia, Rex Varona.
La directora de la ONG malaya Tenanganita, Irene Fernández, dijo que los grupos defensores de los derechos de estos trabajadores deben persuadir a sus gobiernos y compatriotas sobre la importancia de considerar los derechos humanos económicos y sociales, y no sólo aquellos de índole política.
Además, sería necesario esgrimir esos derechos cuando se realicen negociaciones de acuerdos internacionales de comercio.
"El debate sobre la 'cláusula social' debe ser considerado como un medio para vincular el comercio y los derechos humanos", dijo Fernández a IPS, al referirse a las propuestas para incluir los derechos de los trabajadores en las reglas de la Organización Mundial de Comercio.
En el caso de Estados Unidos, se planteó que este país debería reconsiderar su sistema de subsidios agrícolas y otras medidas que los países donantes prohiben en los países en desarrollo, pero que generan una inmensa demanda de mano de obra migratoria, y barata, en zonas como California.
En un encuentro de grupos laborales que se realizó recientemente en Washington también se criticó la existencia en este país de trabajos "con bajo salario y sin ningún derecho a cargo de empleadores que explotan a sus empleados".
Pero el abogado especializado en temas laborales Muzaffar Chishti comentó durante ese encuentro que no se puede hacer mucho por las personas que hacen esos trabajos, pues no portan ningún tipo de documentación.
"La inmigración ilegal está estrechamente relacionada con la globalización y la demanda de mano de obra barata, pero es imposible que estos trabajadores sean sindicalizados pues está prohibido contratarlos", dijo Chishti, quien trabaja con el sindicato de empleados textiles UNITE.
El abogado planteó que los derechos de los trabajadores migrantes deberían respetarse por encima de la posición que uno tenga frente a su ilegalidad.
Fernández, por su parte, advirtió que el problema del trabajo migratorio no es exclusiva responsabilidad de empleados y empleadores. "También influyen los gobiernos, que en algunos casos necesitan esa fuente de divisas".
Es el caso de Filipinas, que depende en gran parte de los envíos de divisas de trabajadores en el extranjero para contar con recursos para enfrentar compromisos como los del servicio de las deudas con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Los trabajadores filipinos generan más divisas que los inversionistas en ese país, dijo Rex Varona. Se estima que unas 2,7 millones de personas que buscaron empleo en otros países enviaron 4,6 mil millones de dólares a sus familias en 1997, muy por encima de los 2,6 mil millones de inversión extranjera directa.
Casi 60 por ciento de esos trabajadores son mujeres. Los abusos y discriminaciones de que son objeto ya produjeron algunos titulares en la prensa internacional, recordó Fernández.
En el caso de Bangladesh muchas mujeres son abandonadas por sus maridos que parten en busca de empleos. Ya solas, son objeto de agresiones por parte de parientes hombres que han quedado a cargo de ellas, en muchos casos porque rechazan ofertas de relaciones sexuales.
Fernández dijo que si bien el exceso de población y la falta de oportunidades son causantes de las migraciones, muchas personas se ven forzadas a buscar trabajo en otros países para escapar a las consecuencias de un mal modelo de desarrollo que pone en crisis sus posibilidades de supervivencia.
La activista citó como ejemplo la "revolución verde" de Indonesia, que favoreció la implantación de monocultivos susceptibles a la sequía, lo que a la larga provocó la migración de las familias dedicadas a esa actividad.
Varona destacó que los gobiernos de los países de origen sólo comenzaron a proteger a los trabajadores migrantes cuando comprendieron que se trataba de un producto de exportación a bajo costo.
Dijo que el gobierno filipino entregó recursos para permitir el "regreso seguro" de trabajadores que estaban en problemas o enfrentaban malos tratos de sus empleadores en el extranjero. Pero muchas veces lo que regresaba a casa era un cadáver, añadió Varona.
En Filipinas también se realizan seminarios para capacitar a los trabajadores que parten al extranjero. "Se les recomienda no discutir con sus empleadores".
Por otra parte si bien organizaciones sindicales internacionales se movilizan a favor de los derechos de los trabajadores migratorios, aún debe comprobarse si esa actitud se refleja en sus contrapartes nacionales.
Fernández dijo que en Malasia los sindicatos apoyan medidas de deportación de trabajadores migrantes, para defender los empleos de sus asociados.
De los ocho millones de personas que componen la fuerza de trabajo en ese país, tres millones son extranjeras, y hay otros tres millones de personas que trabajan en forma ilegal.
Las autoridades de Kuala Lumpur decidieron deportar a un millón de trabajadores extranjeros, según Fernández, para demostrar a los desempleados que está haciendo algo para resolver su problema.
Tailandia, por su parte, anunció la deportación de 800.000 trabajadores de regreso a Burma, desde donde habían salido para escapar de practicas de trabajos forzados implementadas por el gobierno. (FIN/IPS/tra-en/aa/lc-lp/lb hd/98
