RUANDA: Gobierno ejecuta en público a 22 convictos de genocidio

El gobierno de Ruanda rechazó hoy diversos pedidos de clemencia, incluso del papa Juan Pablo II, y ejecutó a 22 personas declaradas culpables de haber participado en el genocidio de hasta un millón de personas en este país en 1994.

El miércoles, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional calificó a las ejecuciones de "brutal parodia" de justicia que perjudicará cualquier esperanza de reconciliación en Ruanda después del genocidio y perpetuará el ciclo de violencia.

Así mismo, Mary Robinson, Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tampoco pudo disuadir al gobierno de suspender las ejecuciones.

Excitados residentes de Kigali, algunos a pie, otros en automóvil y otros en bicicletas y motocicletas, se dirigieron este viernes al estadio de fútbol de Nyamirambo para presenciar el fusilamiento de tres hombres y una mujer.

"No debe haber clemencia para esta gente cuyas manos están manchadas con la sangre" de hasta un millón de personas, dijo una anciana, quien se dirigía a pie al estadio.

De los demás procesados, que habían solicitado la clemencia presidencial, cinco fueron ejecutados en la localidad de Nyamata, cuatro en Cyasemakamba, cuatro en Murambi y cinco en Gikongoro.

En Kigali, una multitud de más de 20.000 personas se encontraba fuera del estadio de Nyamirambo sin poder entrar, en medio de severas medidas de seguridad.

A las 10:10 de la mañana, los reos fueron trasladados al sitio de la ejecución y atados a postes por los tobillos y el cuello. Una capucha negra cubrió sus cabezas antes de que cada uno recibiera por separado un tiro mortal.

La multitud vitoreó cuando los convictos fueron llevados al sitio de la ejecución y enloqueció de entusiasmo cuando el último fue declarado muerto.

"Pagaron por los crímenes que cometieron"', comentó un joven, al parecer encantado por lo que había presenciado.

Entre los cuatro ejecutados en la capital ruandesa se encontraban Silas Munyagishali, Froduald Karamira y Elie Nhimiyimana.

"Munyagishali, fiscal auxiliar de Kigali, fue uno de muchos acusados sentenciados a muerte en un juicio sin garantías. Durante su proceso en Gitarama, en 1997, varios testigos de la defensa fueron amenazados, intimidados e impedidos de brindar testimonio", denunció Amnistía Internacional esta semana.

Munyagishali recibió la sentencia de muerte el 22 de agosto. Apeló la decisión debido a que el juicio tuvo varias irregularidades, pero la Corte de Apelación rechazó el caso y confirmó la pena capital el 20 de febrero.

Amnistía Internacional declaró que temía que Munyagishali hubiera sido detenido por razones políticas.

Karamira fue ex vicepresidente del Movimiento Republicano Democrático (MRD) y figura destacada del ala de línea dura conocida como MRD-Poder.

Se cree que Karamira tuvo un papel preponderante en la planificación e implementación del genocidio de 1994 y que respaldó en forma activa a los Interahamwes, grupos paramilitares hutus que perpetraron las masacres. Fue sentenciado a muerte en Kigali, en febrero.

El tercer ejecutado, Nshimiyimana, nacido en Burundi, era ingeniero y ex gerente de SOSUMO, la fábrica de azúcar de ese país, en Moso, al oeste de Bujumbura. El convicto organizó las masacres de tutsis en el barrio Gikondo, de Kigali, donde residía.

En un principio, el gobierno anunció que 34 personas serían ejecutadas. Pero el miércoles, el ministro de Justicia Faustin Nteziryayo limitó el número a 22 y explicó que los casos de algunos convictos que solicitaron la clemencia presidencial no se habían decidido aún.

Las sedes de las ejecuciones no fueron elegidas por accidente. Allí se perpetraron masacres de tutsis y hutus en 1994. En la iglesia de Nyamata perdieron la vida más de 20.000 personas y en Gikongoro murieron más de 50.000.

"Seguiremos luchando para que aquellos que participaron en el genocidio sean juzgados con prontitud y justicia", declaró Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.

"Pero la ejecución de las personas, y en forma tan descarada en público, no sirve a los intereses de la justicia, sino que sigue brutalizando a una sociedad que intenta curarse del recuerdo de las atrocidades", añadió.

"Me preocupó profundamente, incluso me escandalizó, saber que el gobierno de Ruanda planea ejecutar, mediante un pelotón y en público, a más de 20 personas", había declarado la comisionada Mary Robinson.

"Aunque condeno el genocidio con los términos más enérgicos, apelo al gobierno para que reconsidere esta decisión que, en mi opinión, tendrá un impacto negativo en el proceso de reconciliación del país", añadió Robinson.

El pedido de clemencia del papa Juan Pablo II también fue ignorado.

El ministro del Interior Patrick Mazimhaka respondió que, cuando un ruandés fue ejecutado por matar a un cura católico blanco en 1912, el Papa de entonces no pidió por su vida.

El Papa tampoco solicitó clemencia para dos soldados ruandeses que fueron ejecutados en público recientemente por cometer atrocidades, dijo.

"No escuché que el Papa pidiera el perdón para esos soldados", declaró Mazimhaka. (FIN/IPS/tra-en/jbk/mn/pm/aq-ml/hd/98

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