El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) se apresta a conmemorar el primer aniversario del fracaso de su último operativo, la toma de la residencia del embajador de Japón en Perú, con una huelga de hambre de 300 militantes presos.
Al asaltar la sede diplomática el 22 de abril de 1997, el ejército peruano dio muerte a los 14 integrantes de la columna de elite del MRTA, entre ellos el entonces máximo jefe político y militar en libertad, Néstor Cerpa, y rescató a 72 diplomáticos, políticos, empresarios y militares rehenes del grupo.
Desde entonces, la figuración del MRTA en los medios de comunicación se ha limitado a informes periodísticos sobre la penosa situación de sus militantes presos en diversas cárceles, y a versiones respecto de la reorganización de sus cuadros insurgentes y su supuesta participación en tráfico de armas.
Pero los servicios de inteligencia y la policía de Perú desconfían de la aparente inermidad del grupo, por lo que han redoblado la vigilancia en previsión de que el día 22 o en los inmediatamente posteriores el MRTA efectúe alguna espectacular demostración de su vigencia.
El elegante barrio de San Isidro, donde se ubica la otrora residencia del embajador de Japón, ahora vacía y silenciosa, es atentamente vigilado, pues se presume que el MRTA podría detonar un coche bomba, operativo poco riesgoso para sus autores y muy estruendoso desde el punto de vista propagandístico.
El MRTA ya se recuperó de la muerte de Cerpa y designó a Hugo Avellaneda como nuevo lider, según trascendidos periodísticos y rumores que circulan entre ex militantes del ahora desaparecido frente electoral Izquierda Unida, que en el pasado no ocultó sus simpatías por el grupo insurgente.
Avellaneda, de 53 años, radicado varios años en Bolivia, Uruguay y Europa, regresó a Perú cuando se produjo la toma de la residencia del embajador de Japón, el 17 de diciembre de 1996, para hacerse cargo del grupo externo de apoyo al comando que tenía ese edificio en su poder, según distintos informes.
La policía no pudo capturar a Avellaneda ni a ningún integrante del grupo de apoyo externo, circunstancia que, según versiones oficiosas de fuentes militares, desmiente la versión de acuerdo con la cual algunos "emerretistas" fueron capturados vivos y asesinados después, "pues alguno habría cantado".
La réplica a esa versión afirma que ninguno de los guerrilleros capturados vivos en la operación militar dio información y que "por eso fueron asesinados".
Avellaneda es uno de los tres dirigentes históricos del MRTA aún en libertad tras la muerte de Néstor Cerpa y de la captura en 1983 del líder de la organización, Víctor Polay, hoy recluido en una celda de máxima seguridad en una base naval.
Según distintas versiones, Avellaneda participó en 1981 en la emboscada contra el general (retirado) Enrique Lopez Albujar, a quien el MRTA responsabilizó del asesinato de 60 guerrilleros apresados por el ejército durante el gobierno socialdemócrata del ex presidente Alan García.
Avellaneda habría dirigido el secuestro en La Paz del empresario boliviano Samuel Doria, quien para ser liberado pagó 200.000 dólares utilizados luego por el MRTA para financiar la toma de la residencia del embajador japonés en Lima.
El MRTA tiene en puntos intrincados de la selva central peruana algunas bases guerrilleras que se mantienen aletargadas, "entrenando y colonizando" a la espera de la orden de reanudar la ofensiva en otras zonas del país, según observadores.
Además, contaría con un aparato político en Bolivia casi de la misma importancia que su activo centro de informaciones radicado en Hamburgo, Alemania, que tiene su propia página en la red informática Internet.
Es posible también que mantenga contactos y coordinación con organizaciones afines en Colombia, Chile y Uruguay.
El MRTA introdujo en Perú armas y municiones por la frontera con Bolivia entre noviembre y enero, según un documento atribuido a la Dirección Contra el Terrorismo, organismo oficial de inteligencia policial contrainsurgente, fechado el 16 de febrero.
Ese armamento estaría destinado a las bases emerretistas en Chanchamayo, en la selva central peruana, a unos 1.000 kilómetros de distancia de la frontera boliviana.
Otra información posterior, atribuida a la misma fuente y difundida por el diario opositor La República, que se edita en Lima, sugirió que esas armas se emplearían en un operativo en la cárcel de Yanamayo.
En esa prisión en el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia, construida en una altiplanicie a 3.800 metros sobre el nivel del mar, se encuentran 60 de los principales dirigentes del MRTA.
Allí están recluidos Miguel Rincón, jefe del comando que se preparaba para tomar la sede del Congreso en diciembre de 1996.
Junto con Rincón cayeron una docena de guerrilleros acuartelados entonces en una vivienda de La Molina, un suburbio elegante de Lima, entre ellos el panameño Fernando Castrellón y la estadounidense Lori Berenson, que tuvieron a su cargo la logística del grupo.
La República asevera que entre los 83 integrantes del comando que habría postergado el asalto a la cárcel de Yanamayo figuran cinco salvadoreños desmovilizados del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMNL). (FIN/IPS/al/mj/ip/98
