La incertidumbre política agravó la crisis económica de Paraguay, que se manifiesta en la fuerte caída de la moneda nacional, el guaraní, frente al dólar estadounidense, de 35 por ciento en apenas cuatro meses.
Los análisis publicados en la prensa son unánimes en que el gobierno de Juan Carlos Wasmosy tiene pocas posibilidades de equilibrar la cotización de la moneda, a menos que introduzca medidas draconianas como el corte del gasto público y el despido de funcionarios.
Ese tipo de iniciativas sería imposible por razones políticas cuando faltan apenas cuatro semanas para las elecciones del 10 de mayo, si bien existen problemas que ponen en peligro su celebración.
La crisis se desató tras la condena a 10 años de prisión por un tribunal militar del candidato presidencial del gobernante Partido Colorado, Lino Oviedo.
Oviedo, quien encabezó una insubordinación militar en 1996 y resultó elegido candidato en 1997 en comicios internos, fue encarcelado por orden del propio presidente Wasmosy. La participación en las elecciones generales del Partido Colorado, en el poder hace 50 años, es incierta.
Los acontecimientos políticos que se tramitan en la justicia, en los partidos políticos y en las fuerzas armadas infunden temor en los agentes económicos, que se refugian en el dólar como medida de protección de sus activos.
La "dolarización" de la economía avanza incontenible, ya que casi 60 por ciento de los depósitos bancarios está expresado en la moneda estadounidense, según el Banco Central de Paraguay.
Ese porcentaje demuestra la magnitud de las presiones que ha sufrido el mercado cambiario en los últimos cuatro meses.
A principios de diciembre de 1997, el dólar se vendía a 2.150 guaraníes, y el miércoles pasado se ubicó en 2.900, un precio sin precedentes. La caída en ese lapso fue de 35 por ciento.
La devaluación tuvo efectos severos sobre la evolución económica, a tal punto que dirigentes opositores como Guillermo Caballero Vargas, del partido Encuentro Nacional, pidieron a Wasmosy que entregue el poder de forma anticipada el 15 de mayo, cinco días después de las elecciones.
La entrega del poder se producirá, de acuerdo con las previsiones, sólo el 15 de agosto, por lo que aún restan cuatro meses para la asunción del nuevo gobierno.
Expertos del sector privado advirtieron que se trata de un período demasiado largo en el cual puede pasar cualquier cosa, mientras el actual gobierno ya no tiene posibilidades de negociar un acuerdo urgente de estabilización con el Fondo Monetario Internacional.
Los rumores de golpe de Estado en Paraguay preocupan a los demás miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur, que integra también a Argentina, Brasil y Uruguay), y se mantienen a pesar de los desmentidos del comandante del ejército, general Silvio Rafael Noguera.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos se pronunció la semana pasada contra una posible interrupción del proceso electoral en Paraguay y advirtió que tomaría acciones para evitarla junto con la comunidad internacional.
Washington aplaudió el compromiso tomado por las naciones del Mercosur de suspender la integración de Paraguay al bloque en caso de acciones anticonstitucionales.
La alternativa que maneja el gobierno es reducir al máximo su gasto, pero esta medida se restringe a las inversiones en infraestructura, lo que agrava aún más el estancamiento productivo y la desocupación.
Noventa por ciento de los gastos del estado se destinan a salarios, y las autoridades económicas no pueden bajar la cantidad de funcionarios por razones políticas.
La cantidad de funcionarios públicos aumentó más de 20 por ciento desde 1994, mientras en el desempleo urbano creció de cuatro a ocho por ciento desde 1994, según el gobierno.
La contrapartida a la devaluación una inflación creciente que se prevé en al menos 14 por ciento para 1998.
El encarecimiento de la canasta familiar es el golpe más sentido por la población. (FIN/IPS/ct/mj/ip if/98
