La huelga que mantienen en Panamá 4.500 obreros de la transnacional bananera Chiquita Brands podría desembocar en el cierre de plantaciones y en una crisis económica en la región del Pacífico.
Los obreros resolvieron el domingo en asamblea general mantenerse en huelga, y el conflicto cumplió 50 días este miércoles sin que se vislumbre solución.
El sindicato bananero de la costa del océano Pacífico reclama el pago de prestaciones a 270 estibadores despedidos en septiembre, cuando Chiquita Brands renunció a Puerto Armuelles como punto de embarque de cargas para abaratar costos.
Los sindcialistas también exigen una compensación por manipulación de los productos químicos empleados para conservar la fruta y 10 minutos de descanso para merienda en las plantas empacadoras.
En medio de acusaciones del ministro de Trabajo, Mitchel Doens, que cree ver intransigencia en las dos partes, el secretario general del sindicato bananero del sector Pacífico, José Morris, dijo este miércoles que "si la empresa paga se acaba el paro".
Morris aseguró que Chiquita Brands se comprometió en septiembre a pagar a los estibadores despedidos 150 por ciento de indemnización establecido en el código de trabajo para los casos de cese de contrato por "consentimiento mutuo".
Sin embargo, "ahora quieren que los muelleros (estibadores) despedidos acepten sólo el ciento por ciento", precisó.
También acusó a Doens de mantenerse al margen del conflicto y "negarse a oficiar personalmente de mediador entre las partes como lo han hecho anteriormente otros ministros de Trabajo".
El representante de Chiquita Brands, Ricardo Fonseca, adujo que el sindicato está condicionando la solución del conflicto a un acuerdo global, y no punto por punto como se había establecido inicialmente.
La huelga del sector Pacífico se ha convertido en una de las más largas de Panamá en cien años de actividad bananera, la principal fuente de exportaciones de este país.
Además de las 5.000 hectáreas de bananales del sector Pacífico, Chiquita Brands posee otras 7.000 hectáreas de plantaciones en la caribeña provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, donde trabajan otros 7.000 asalariados.
Fonseca indicó que si no hay pronta solución al conflicto "se van a perder totalmente" las plantaciones y Chiquita Brands "tendrá que considerar muy seriamente" si reanuda la actividad o sólo se queda con los bananales de Bocas del Toro y la fruta que le compra a los productores independientes en el Pacífico.
En el sector Pacífico y en Bocas del Toro, Chiquita Brands invierte 67 millones de dólares en salarios, 42 millones en insumos adquiridos al comercio y la industria, y 21 millones en la compra de banano a productores independientes.
Así mismo, paga ocho millones de dólares por concepto de compensación laboral y seguridad social, nueve millones en fondo educativo e impuesto a la renta, y otros 13 millones en impuestos municipales, arrendamiento de tierras y servicios públicos, según un informe de la propia Chiquita Brands.
Expertos en la actividad bananera consideran que la prolongación del conflicto podría ser "una medida provocada por la empresa" para justificar el cierre de operaciones en el sector Pacífico, menos rentable que el de Bocas del Toro.
El ex ministro de Desarrollo Agropecuario Cesar Pereira Burgos comentó que, como fue el caso en la década de 1980 con las fincas bananeras de Chiquita Brands en la costa del Pacífico de Costa Rica, "la frutera ha hecho una evaluación de sus ganancias en el sector Pacífico (de Panamá) para concluir que no es rentable".
Además de tener que lidiar con un sindicato fuerte y de larga tradición de lucha, los bananos producidos en esa región necesitan sistemas de riego, y los barcos que los transportan a Europa deben pagar peaje por cruzar por el canal de Panamá, dijo Pereira Burgos.
Mientras, la economía de Puerto Armuelles, donde se encuentran las plantaciones paralizadas por la huelga, "está a punto de colapsar", advirtió el alcalde del lugar, Erick Acosta.
Las arcas municipales reciben sólo 45 por ciento de los alrededor de 100.000 dólares mensuales que ingresaban antes de la huelga, subrayó Acosta.
Centros escolares paralizados porque los padres de los alumnos están en huelga y no pudieron comprar los útiles al comenzar los cursos el 9 de marzo, y el corte de los créditos en el comercio local, agravan la situación social en Puerto Armuelles, agregó el alcalde. (FIN/IPS/sh/ff/lb/98
