La condena a muerte en Nigeria de seis hombres acusados de un intento de golpe de Estado contra el régimen del general Sani Abacha desató enérgicas protestas.
Los seis acusados, entre ellos el ex número dos de las fuerzas armadas de Nigeria, Oladipo Diya, otros dos generales, un coronel, un mayor y un civil, fueron sentenciados el martes por un tribunal militar en la ciudad de Jos, en el centro del país.
El tribunal fue encabezado por el general Victor Malu, quien lideró la fuerza de paz de Africa Occidental, ECOMOG, que intervino en Liberia y Sierra Leona. Otras 10 personas fueron sentenciadas a una gama de condenas que varía de la prisión perpetua a dos años de cárcel.
Las exhortaciones al perdón de la vida de los seis condenados provinieron de varios sectores. Entre ellos, el padre del hasta ahora ministro de Obras Públicas y Vivienda, general Abdulkareem Adisa.
Las condenas se produjeron tras la visita a Nigeria en febrero del papa Juan Pablo II, quien solicitó clemencia y la liberación de prisioneros políticos.
El arzobispo católico de Lagos, Olubunmi Okogie, confirmó el pedido papal y agregó su apelación personal a Abacha. "Oramos para que el gobierno piense dos veces antes de quitar la vida de los sentenciados. El juicio debe quedar en manos de Dios", dijo.
Sunday Mbang, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria, hizo un llamado a la eliminación de la pena de muerte. "Mi consejo a todos los Nigerianos es que dejen de matar. Matar no nos ayudará", alertó.
Al menos 200 personas, en su mayoría soldados, fueron encarcelados y 146 ejecutados en relación a golpes de Estado en Nigeria desde que el primero se llevó a cabo en enero de 1966.
Según las leyes nigerianas, sólo el Consejo Gobernante Provisional (PRC), presidido por Abacha, puede determinar, en fecha no especificada, si alguno o todos los sentenciados el martes serán ejecutados.
Las sentencias podrían ser reducidas, como sucedió en 1995, cuando el PRC conmutó la sentencia de muerte a 25 años de cárcel del fallecido mayor general Musa Yar'Adua por su participación en un supuesto intento de golpe, y la del ex jefe de Estado Olusegun Obasanjo a 15 años de prisión.
Grupos defensores de los derechos humanos y demócratas cuestionaron el procedimiento del tribunal, iniciado el 14 de febrero.
"No fue un juicio justo y llamamos a todos los nigerianos y la comunidad internacional a rechazarlo", declaró Abraham Adesanya, presidente del principal grupo opositor, la Coalición Democrática Nacional (NADECO).
"No estamos convencidos de que cometieron el delito por el cual fueron acusados", dijo Adesanya, y agregó que, "teniendo en cuenta los antecedentes del gobierno de Abacha, en relación a Ken Saro Wiwa y otros, es una pérdida de tiempo pedir. Pero Dios está más alto que nadie".
Ken Saro Wiwa y otros activistas defensores de los derechos del grupo étnico ogoni fueron ejecutados tras ser sentenciados por un tribunal militar en noviembre de 1995.
La Unión Mandato Oriental (EMU), otro grupo demócrata, dijo que el juicio violó "los estándares y normas aceptables, y relegó los procedimientos internacionales".
En una declaración de este miércoles, EMU dijo que "nuestra posición es que los procedimientos del juicio fueron ilegales. Los acusados deben volver a ser juzgados en una corte abierta que les garantice el acceso a la información y abogados de su elección".
El grupo alegó que el juicio y las sentencias fueron estrategias deliberadas que serían usadas para perpetuar a Abacha en el gobierno en una polémica transición a la democracia que debería haber culminado en una elección presidencial en agosto y la inauguración de un gobierno civil en octubre.
El gobierno decidió reemplazar la elección por un referéndum para determinar si Abacha permanece en el poder después que los cinco partidos registrados nominaran este mes a Abacha como candidato presidencial. (FIN/IPS/tra-en/ro/kb/lp/hd ip/98
