La ofensiva del gobierno de México para encontrar una salida al conflicto de Chiapas cumplió 100 días y, lejos de acercar la paz como prometió, agudizó problemas sociales, generó conflictos políticos y afectó la imagen de las autoridades en el exterior.
En una muestra del nuevo rumbo adoptado, donde ley y orden son lo principal, según dice el gobierno, 800 militares y policías desmantelaron el fin de semana lo que pretendía ser el municipio autónomo número 33 creado por simpatizantes de la guerrilla zapatista y expulsaron a 12 extranjeros de Chiapas.
Desde el 2 de enero, cuando asumió Francisco Labastida como secretario (ministro) de Gobernación (Interior) en México con la promesa de impulsar un nuevo plan de paz para Chiapas, 16 extranjeros fueron deportados acusados de participar en actividades políticas prohibidas en ese estado.
La reconciliación social ofrecida tras la matanza de 45 indígenas en diciembre y la reanudación de las negociaciones de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), suspendidas en 1998, son metas que parecen haberse alejado con la nueva estrategia.
Si la meta oficial fue agudizar las contradicciones que rodean al conflicto y enfrentarse a organismos humanitarios internacionales, el gobierno de Ernesto Zedillo logró su cometido, pero si el objetivo era la distensión, fue un completo fracaso, apuntan los analistas.
El Congreso Nacional Indígena (CNI), que reúne a unas 100 organizaciones, llamó este lunes a todas las comunidades nativas del país a "levantarse" contra el gobierno y crear municipios autónomos "sin importar la respuesta violenta de las autoridades".
"Zedillo ha declarado la guerra a los indígenas" y pretende atacar militarmente al EZLN, denunció el Congreso. Igual postura expresaron organismos humanitarios como Agustín Pro Juárez y Fray Bartolomé de las Casas y grupos políticos opositores.
El gobierno repite hasta el cansancio que no habrá guerra, pero al mismo tiempo afianza la militarización en Chiapas, mientras la pobreza, las divisiones religiosas, los conflictos de tierras, los problemas con los extranjeros y la presencia de paramilitares se mantienen.
Algunos de los 12 extranjeros detenidos el fin de semana, acusados de participar en actividades políticas, denunciaron que fueron maltratados, que se los obligó a dormir en el suelo y que no recibieron alimentos, relató a IPS uno de los funcionarios diplomáticos extranjeros que debieron intervenir.
"Estaban muy asustados. Nos contaron que se les hizo sentir como delincuentes cuando apenas eran observadores de un hecho", declaró el diplomático a condición de que se mantuviera su identidad y nacionalidad en reserva.
Los expulsados procedían de Alemania, Bélgica, Canadá, España y Estados Unidos.
Tras la detención de los extranjeros, dos fotógrafos de agencias internacionales de prensa denunciaron que fueron agredidos por personal de seguridad cuando intentaban cubrir el caso.
Como sucedió cuando se expulsó a otros extranjeros, organismos humanitarios, grupos prozapatistas, dirigentes políticos e intelectuales acusaron al gobierno de xenófobo y lanzaron una campaña de denuncia internacional que incluye la difusión de mensajes por la red informática Internet.
Los problemas de Chiapas y la presencia de los zapatistas atrajo la atención del mundo desde que estalló el conflicto en ese estado meridional mexicano en enero de 1994. Para los observadores, la batalla política en el terreno internacional fue ganada, y por gran ventaja, por los guerrilleros.
En los últimos tres años, 276 grupos de numerosos países, entre organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones académicas y organizaciones religiosas, llegaron al estado para brindar ayuda, analizar y denunciar la situación o instalar "campamentos de paz" e impedir así la guerra.
En ese lapso, el gobierno mexicano fue acusado en el extranjero. El presidente Zedillo debió responder varias veces manifestaciones de rechazo en las que se lo señalaba como violador de los derechos humanos y propenso a usar la fuerza contra los indígenas opositores.
A pesar que el gobierno niega cualquier posibilidad de internacionalización el conflicto y rechaza la mediación foránea, la mayoría de funcionarios reconoce que, en los hechos, Chiapas se transformó en parte importante de la agenda de los organismos internacionales.
El gobierno de Zedillo tiene las de perder en el ámbito internacional, pero ya no parece importarle, pues su objetivo ahora es acorralar al EZLN y, si es necesario, usar la fuerza con ese objetivo, sostiene el CNI. (FIN/IPS/dc/mj/hd/98
