El conflicto del estado mexicano de Chiapas agudiza día a día los enfrentamientos entre gobierno, mediadores, Congreso y grupos humanitarios, mientras la guerrilla se mantiene en silencio, la violencia rural continúa y la posibilidad de un diálogo de paz se ve cada vez más lejana.
Desde el asesinato de 45 indígenas en diciembre a manos de paramilitares apoyados por soldados y policías, un hecho que sacó al conflicto de su letargo, todos se acusan mutuamente y los analistas dicen ahora que las elecciones presidenciales del 2000 dependerán de lo que suceda en el sureño Chiapas.
Una encuesta difundida este jueves por el diario El Universal indica que 78,6 por ciento de la población cree que la ruptura de las negociaciones se debe a la intransigencia del gobierno y 62,8 por ciento que las autoridades buscan dialogar, pero para luego usar la fuerza contra la guerrilla.
El sondeo, que incluyó a habitantes de la capital y del vecino estado de México, señala que 86,5 por ciento de la población acusa al gobierno de faltar al acuerdo sobre derechos indígenas firmado en 1996 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
A ese último resultado, que demostraría el fracaso de la campaña que realiza el gobierno en los medios de comunicación, en la que asegura que cumple lo pactado con el grupo armado, El Universal añadió preguntas para descubrir cuál la opinión sobre la guerrilla y los mediadores.
Cerca de 60 por ciento de los consultados afirmaron que el líder del EZLN, el subcomandante Marcos, desea mantener latente el conflicto y 58,7 por ciento que la comisión de mediadores del Congreso se inclina por favorecer las posiciones del gobierno.
Sobre la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), el organismo que preside el obispo Samuel Ruiz y que esta semana fue acusado por las autoridades de parcialidad hacia el EZLN, 37,8 por ciento opinan que apoya a la guerrilla y 40,3 por ciento, que es favorable al gobierno.
Las polarización de posturas, la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al parlamento un proyecto de ley sobre derechos indígenas sin consultar a la guerrilla, la militarización de Chiapas, los continuos ataques contra la Conai, la violencia entre campesinos y la expulsión de extranjeros del estado sureño, mantienen el conflicto en las primeras planas.
"En Chiapas hay un grave riesgo de guerra civil. Mi aseveración se basa en que está faltando tacto político", advirtió Raúl Vera, obispo coadjutor de San Cristobal de las Casas, sede del obispo Ruiz.
Luego de una serie de acusaciones mutuas sobre responsabilidades en el conflicto, estallado en enero de 1994, la Conai y el gobierno llegaron esta semana al punto de ruptura, cuando Ruiz no asistió a una reunión concertada con funcionarios que lo acusan de parcialidad.
Fuentes extraoficiales aseguran que el gobierno de Ernesto Zedillo quiere reemplazar como instancia de mediación a la Conai, que está integrada por académicos y otros representantes de la cultura.
Otras versiones adjudican a Zedillo el deseo de resolver el problema de Chiapas, o encauzarlo a una salida definitiva antes del 2000, fecha prevista para la elección de su sucesor.
Si el conflicto se agudiza, el más perjudicado será el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), según cree el analista Sergio Sarmiento.
Mientras se discuten los escenarios y se especula sobre estrategias políticas, campesinos evangélicos y cristianos de Chiapas se enfrentan, destruyen templos, impiden el trabajo de catequistas, y soldados destinados a ese estado son acusados de participar en delitos.
Este miércoles, el ejército entregó a la Procuraduría a un militar que habría adiestrado a los campesinos que asesinaron a los indígenas en diciembre. Antes, las autoridades detuvieron a policías y a ex policías por el mismo crimen.
Arrinconado en la selva y con un poder militar que el gobierno cree débil, la guerrilla mantiene silencio desde enero, cuando reiteró que volvería al diálogo de paz siempre que las autoridades aceptaran el proyecto de ley sobre derchos indígenas elaborado por los mediadores del Congreso.
Las negociaciones se suspendieron en 1996, cuando el gobierno objetó el proyecto de los parlamentarios mediadores, aduciendo que otorgaba excesivos derechos de autonomía a las etnias. Para demostrar que tiene interés en la paz, según dijo, el Poder Ejecutivo presentó en marzo su propio proyecto.
El grupo humanitario Miguel Agustín Pro Juárez, dirigido por la orden de los jesuitas, sostiene "que la estrategia oficial frente a Chiapas está formulada en términos de sitio, acorralamiento y cerco al contrincante, así como en ataques a las instancias de mediación". (FIN/IPS/dc/ff/ip/98
