Los gremios de transportistas de carga de Uruguay paralizarán su actividad a partir de este jueves si no obtienen una rebaja el pago de la patente de rodados y se los exime del pago de multas y recargos por ese concepto.
La medida, decidida luego de infructuosas negociaciones, paralizará la mayoría de las exportaciones uruguayas hacia Argentina y Brasil, los dos países limítrofes en los cuales se concentra 48,1 por ciento de las ventas al exterior.
Del total, 35,3 por ciento tiene como destino Brasil, país que tiene una frontera terrestre de casi 500 kilómetros con Uruguay.
Las ventas al Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque que Uruguay integra junto con Argentina, Brasil y Paraguay, se han convertido en una una de las claves de la economía de este país de 3,1 millones de habitantes.
Desde 1991, cuando se sentaron las bases del Mercosur, el comercio exterior de Uruguay aumentó 85 por ciento. En el mismo lapso, la inversión privada se multiplicó catorce veces.
En ese marco, la política del gobierno hacia el transporte de carga estuvo destinada a su profesionalización y a aumentar la seguridad.
Se impulsó, además, leyes destinadas a reducir la informalidad del sector y a instrumentar mecanismos financieros para facilitar la renovación de la flota de camiones.
Se fijó como objetivo que la edad máxima de los camiones no supere los 20 años, porque en ese terreno la flota uruguaya estaba en desventaja respecto de las del resto de la región, dijeron a IPS fuentes del gobierno.
Los camioneros son conscientes de la dependencia de las exportaciones hacia Argentina y Brasil y a través de su presión esperan obtener beneficios a los que son ajenos el resto de los propietarios de vehículos.
El territorio de Uruguay está dividido en 19 departamentos ante cuyas autoridades, encabezadas por un intendente, deben registrarse los camiones.
El Congreso Nacional de Intendentes (CNI), que la semana pasada decidió no acceder al pedido de los camioneros de prorrogar los pagos de la primera cuota del impuesto a la circulación, deberá resolver el problema.
El CNI tampoco está dispuesto a exhonerar de multas y recargos a los omisos. El presidente de ese organismo, el intendente del departamento de Paysandú, Jorge Larrañaga, consideró "difícil" la solución del problema.
Dos intendencias decidieron de forma unilateral prorrogar hasta el 30 de abril el pago de la patente de rodados.
El CNI, integrado por intendentes de diferente extracción ideológica, nunca ha logrado ponerse de acuerdo en el cobro de un impuesto a la circulación único. Algunas intendencias cobran menos que otras, por lo que obtienen una recaudación mayor a través de ese tributo.
Durante el gobierno de Luis Lacalle (1990-1994), del Partido Nacional, la mayoría de los vehículos al servicio del presidente en la capital del país fueron empadronados en intendencias gobernandas por intendentes de su partido.
Montevideo, donde vive casi 46 por ciento de la población del país, está gobernado por la coalición izquierdista Frente Amplio.
Las medidas de fuerza anunciadas por los camioneros incluyen la interrupción del traslado por pasos de frontera, puertos, aeropuertos y zonas francas de todo tipo de mercadería, con la excepción de lácteos, carne destinada a hospitales y combustible.
Durante las primeras 48 horas serán contemplados eseos servicios esenciales, "pero después se va a ir agotando la paciencia" y las medidas "se irán agravando con el correr de los días", advirtió Julio Marta, dirigente de los transportistas.
Marta advirtió que la medida de fuerza es "un nuevo llamamiento al poder político para que vea la gravedad del problema".
Ante la posibilidad de que algunos empresarios no acaten la medida, los transportistas instalarán entre 20 y 25 puestos de control con concentraciones de camiones para contolar que se cumplan las medidas de fuerza.
Los puestos de control estarán a cargo de dirigientes de la Confederación Uruguaya del Transporte Automotor (Catidu) para evitar incidentes.
Entre el jueves y el sábado no se cortará el paso de los camiones que transporten mercadería, pero se los individualizará, dijo Carlos Placeres, presidente de Catidu.
El fin de semana, dirigentes de Catidu recorrieron todo el país y encontraron solidaridad y respaldo a las medidas de paralización.
Por el momento, el paro anunciado parece no tener salida y el gobierno nacional ha permanecido hasta el momento al margen del problema.
Sin embargo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, dijo que está dispuesto a actuar como mediador si ambas partes se lo piden. (FIN/IPS/rr/mj/tr/98
