Los planes del gobierno de Malasia para desarrollar tierras indígenas y así obtener ganancias son cuestionados por representantes de diversas etnias que temen perder el control de su posesión más valiosa.
Una delegación de indígenas del estado de Sarawak, al norte de la isla de Borneo, realizó una gira de una semana por despachos de autoridades de la Malasia peninsular para plantear su preocupación por uno de estos proyectos, que según el gobierno regional podría aumentar sus ingresos.
"La tierra es fuente de vida para nosotros", explicó un dirigente de la etnia iban, Derit ak Igam. "No estamos en contra del desarrollo, pero queremos soluciones justas para nuestra gente", añadió.
Mientras autoridades locales de Sarawak criticaban a los indígenas por haber buscado ayuda en la capital, Kuala Lumpur, quedó claro que hay profundas divergencias en torno a los beneficios del plan de Nuevo Concepto o "Konsep Baru" aprobado por el gobierno del estado en 1995.
El proyecto contempla el establecimiento de grandes plantaciones, mediante la fusión de tierras en grandes bloques sin límites, con la participación conjunta del gobierno, empresas privadas y comunidades indígenas.
Pero el plan es difícil de aplicar, en especial si se tiene en cuenta la tensión que caracteriza las relaciones entre el gobierno y los indígenas, quienes tienen derechos sobre un total de 1,5 millones de hectáreas de tierras.
Desde los años 70, los indígenas realizan movimientos para defender sus tierras ancestrales de la voracidad de inversionistas y madereros. Debido a esto, algunos de sus dirigentes terminaron juzgados y encarcelados.
En 1988, hubo un incidente con enfrentamiento a balazos cuando la policía reprimió a un grupo de indígenas acusados de haber secuestrado tres tractores de una empresa que estaba usurpando sus tierras.
El gobierno de Sarawak anunció en 1996 la creación de un "banco de tierras", con el fin de desarrollar 20.000 hectáreas de terrenos sin explotar.
"Los indígenas serán accionistas. La tierra sólo será arrendada al consorcio formado por una empresa y representantes del estado", afirmó el gobierno estadual al lanzar este plan.
Cuando a los 60 años expiren los títulos de la empresa desarrolladora, los indígenas podrían solicitar los títulos de propiedad de la tierra, siempre y cuando la inversión original haya sido recuperada.
Las autoridades de Sarawak dicen que el plan es beneficioso pues permite generar ingresos a partir de tierras que en la actualidad no son productivas. Los indígenas que visitaron Kuala Lumpur no están muy de acuerdo, pero no se les ofrece ninguna alternativa.
De acuerdo con la legislación, todas las áreas boscosas de Sarawak son propiedad del estado, que puede decidir si las destina o no a proyectos de desarrollo. Esto suele incluir a las tierras sobre las cuales grupos indígenas ejercen derechos ancestrales.
"No queremos que se tomen la tierra sin negociar", dijo Derit. Los grupos indígenas protestan porque consideran que no son tomados en cuenta en el diseño de los proyectos y que no se les permitirá participar en los directorios de las sociedades, pese a ser accionistas.
Sin embargo, se les pide que firmen papeles renunciando a sus derechos sobre las tierras.
Algunos aseguran que el negocio no será bueno, y que sólo recibirán magras compensaciones por el uso de sus tierras. "En nuestro caso, usaron el engaño para apoderarse de nuestros campos", afirmó un dirigente de la etnia kayan, Jalili bin Sulaiman.
Jalili encabeza un comité de indígenas de Semarakán, en Sarawak, quienes se oponen a una fábrica de pulpa de madera de 834 millones de dólares en el marco de un proyecto que abarca 216.000 hectáreas, incluyendo 60.000 hectáreas de tierras ancestrales.
Los residentes del área aseguran que les prometieron 1.650 dólares de compensación por el uso de la tierra, pero les pagaron sólo 444.
En noviembre, Jalili terminó en la cárcel acusado de obstaculizar el proyecto. Ahora, los indígenas piden una decisión judicial que impida la incorporación de unas 6.200 hectáreas al desarrollo maderero.
Los derechos indígenas sobre las tierras son reconocidos si éstas estaban ocupadas o cultivadas antes de 1958. Con posterioridad a esa fecha, el derecho sólo se reconoce en territorios interiores con un permiso de la oficina del distrito, aunque están excluidos los bosques nativos. (FIN/IPS/tra-en/an/js/lc-ml/dv-pr/98
