Políticos y líderes sindicales de Estados Unidos se turnaron para golpear y regañar a un "gato gordo ejecutivo", símbolo de la codicia empresarial, frente al Congreso de esta capital, en lo que fue la última muestra de hostilidad hacia el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI).
Entre los agresores del "gato", en realidad un hombre disfrazado, estaban el legislador demócrata de Michigan, David Bonior, su colega demócrata de Oregon, Peter DeFazio, y el presidente del sindicato Unión de Obreros del Acero de Estados Unidos, George Becker, que representa a 700.000 afiliados.
"Debemos asegurarnos de que nuestros convenios internacionales beneficien a todos, no sólo a la elite económica. Los acuerdos deben reflejar nuestros mejores valores y no sólo a la codicia disfrazada de progreso", declaró Bonior.
La manifestación se realizó el jueves en anticipación de la sesión ministerial que celebrará la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el próximo lunes y martes en su sede de París para decidir si seguirá adelante, y en qué forma, con el AMI.
Patrocinadores de la manifestación de este jueves, entre ellos organizaciones comerciales y ecologistas, explicaron que la misma fue parte de una "Semana de Acción" internacional contra el AMI.
La inversión extranjera mundial alcanzó unos 8,3 billones de dólares, y el supuesto objetivo del AMI es proteger a los inversores asegurando que los gobiernos brinden un trato igualitario a los inversores nacionales y extranjeros.
Al hacerlo, sostienen sus detractores, el pacto elevará a las compañías a la condición de gobernantes y limitará el poder de los gobiernos para regular el sector privado en interés del público.
Si el AMI se implementa, "será uno de los mayores actos de rendición de los gobiernos democráticos frente al poder de las empresas", advirtió Daniel Seligman, especialista de la organización ecologista Sierra Club.
El acuerdo privará a "las alcaldías, los gobiernos estaduales y aun nacionales, del derecho de aprobar normas mínimas que protejan la salud, la seguridad y la prosperidad de la gente", si éstas se consideran un obstáculo al movimiento internacional de capitales extranjeros, añadió Bonior.
Pero los inversores se quejaron de que el acuerdo propuesto incluye excepciones y concesiones a la ciudadanía que debilitarán la eficacia del AMI.
El conflicto frustró negociaciones celebradas en febrero y obligó a los 29 países ricos que conforman la OCDE a aplazar una decisión sobre la viabilidad del acuerdo hasta la reunión de los días 27 y 28 en París.
Allí, los miembros decidirán si concluirán o continuarán las negociaciones, si profundizarán los aspectos en los que se llegó a un acuerdo o si se trasladará la discusión a un foro alternativo, posiblemente la Organización Mundial del Comercio.
"Los negociadores ya trasladaron algunos de las cuestiones más conflictivas del AMI a otros lugares", aseguró Lori Wallach, directora del proyecto Control del Comercio Mundial, de Ciudadano Público, una organización no gubernamental de Washington.
"La semana pasada, frente a las objeciones del Congreso y las promesas que indicaban lo contrario del Departamento del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que ampliaría su mandato para obligar a los países a eliminar su protección a la inversión y el intercambio monetario", señaló.
El Comité Interino del FMI, integrado por ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, reafirmó la semana pasada la meta de ampliar la competencia de la organización y "convertir la liberalización del movimiento de capital en uno de los fines del Fondo".
Se trata de modificar el estatuto del FMI, un proceso que terminará en octubre cuando se reúnan en Washington el Comité Interino y la Junta Directiva de la institución.
El proceso podría llevar más tiempo porque varios estados y altos funcionarios del FMI expresaron su inquietud por los riesgos de volatilidad que supone la flexibilización de las reglas que rigen la inversión mundial, sobre todo debido a los préstamos de corta duración, la especulación y el pánico que provocaron la crisis del sudeste asiático.
El Grupo de los 24 países en desarrollo expresó la semana pasada el temor de que un movimiento de capitales más libre provoque crisis futuras y obligue al FMI a organizar nuevos rescates financieros para los estados afectados.
Toda modificación del estatuto del FMI "debe estar orientada a promover una liberalización cautelosa y ordenada de las cuentas de capital", exhortó el grupo. La misma también debe "eliminar las limitaciones actuales al uso de los recursos del Fondo ante la posibilidad de huida de capitales".
El presidente estadounidense Bill Clinton envió este mes al Congreso a funcionarios del Departamento de Estado, del Tesoro y la oficina de la Representante de Comercio, para informar a los legisladores sobre las diferencias del AMI y la modificación propuesta al mandato del FMI.
El propósito del AMI es establecer un marco multilateral integral de inversión que incluya medidas de protección para los inversores extranjeros y procedimientos para solucionar disputas relacionadas, explicaron funcionarios.
Por el contrario, la modificación del FMI aseguraría que los países que deseen participar en el juego de la inversión internacional cuenten con políticas y prácticas de contabilidad sólidas.
Críticos de ambas medidas señalaron que éstas tienen el fin de abrir las economías nacionales a la inversión, y por tanto a la propiedad internacional.
"En la práctica, el resultado será el mismo", aseguró Soren Ambrose, analista de la organización Alianza para la Justicia Mundial, de Washington. "Eso es lo que nos importa, no las diferencias legales". (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/aq-ml/if/98
