El ministro de Defensa de España, Eduardo Serra, deberá responder este martes ante el parlamento por las últimas acciones de su departamento de inteligencia, que pasó de ser acusada de "guerra sucia" a caer en la chapucería.
Así se ha calificado el último episodio que afecta al Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid) y que saltó a la esfera pública al descubrirse un caso de espionaje telefónico ilegal en el País Vasco.
El Cesid instaló a principios de los años 80 una red de escuchas telefónicas ilegales en locales de la coalición Herri Batasuna (HB, próxima a la organización ilegal ETA). Parte de la red fue desmontada durante el gobierno del socialista Felipe González, en 1995.
Ese año quedaron al descubierto operaciones ilegales de escucha telefónica. Más de 90 por ciento de las grabaciones constituían "material extorsivo contra los contribuyentes", según el columnista político Martín Prieto.
En las 600 escuchas del Cesid reveladas entonces, hubo registro de conversaciones de alcoba de políticos, empresarios y artistas.
Esta vez, mientras en los tribunales se siguen instruyendo varios procesos por la "guerra sucia" (1983-1986) en la que aparece involucrado el Cesid, se revela una chapuza operativa.
En fecha indeterminada, antes de 1995, funcionarios del Cesid alquilaron una vivienda sobre la sede de HB en Vitoria, capital del País Vasco. Allí, conectaron cables a los teléfonos de HB y se dedicaron a grabar conversaciones que, según fuentes próximas a Defensa, les permitieron detectar movimientos etarras.
Pero todo se vino abajo en una sucesión de chapuzas. El 31 de marzo de este año, técnicos de la compañía Telefónica de España acudieron a la sede de HB a pedido de ese partido para cambiar una centralita.
Los técnicos detectaron varios cables que se conectaban al piso superior. Al tirar de ellos, los dos agentes del Cesid que estaban en el piso de arriba apenas tuvieron tiempo de recoger lo más comprometedor de sus materiales y abandonar corriendo el inmueble.
Pero en el apuro, además de las grabadoras, uno de los espías dejó allí el recibo de sueldo, donde constaba su nombre verdadero, así como la factura del teléfono que incluía los números fuera del País Vasco a los que discó desde su domicilio.
A partir de esos datos, periodistas de Egin, diario afín a HB, descubrieron que los agentes llamaban desde el piso clandestino a un teléfono normal del Cesid, a sus colegas y colaboradores en otras provincias e incluso al País Vasco francés y a sus familiares, también en otras provincias.
Eso le permitió a Egin publicar el domingo 19 el nombre y los domicilios verdaderos del agente propietario del teléfono y de sus familiares, así como anunciar que tiene más datos que irá publicando.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrios, y dirigentes de asociaciones de juristas coinciden en señalar que ninguna escucha puede ser efectuada sin orden de un juez.
A lo sumo, dicen, se puede admitir ante un delito flagrante, pero con la condición de ponerlo en conocimiento del juez para que ratifique o rectifique la operación en un plazo de 72 horas.
Esa opinión no es compartida por la mayoría de los ciudadanos. Según una encuesta realizada por la firma Sigma Dos para la cadena privada de televisión Antena 3, 46,5 por ciento de los españoles aprueban el espionaje a los partidos del entorno de ETA.
La misma encuesta revela que 64,5 por ciento de los consultados piensa que el gobierno de González es responsable de las escuchas ilegales del Cesid.
El gobierno calificó lo sucedido de "error", y la única decisión que adoptó hasta ahora fue ordenar una investigación interna.
La principal fuerza de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno hasta 1996, exige explicaciones, pero atribuyendo la denuncia del hecho a luchas intestinas de la administración de Aznar.
La tercera fuerza política española, Izquierda Unida (IU, a la que pertenece el Partido Comunista), reclama la renuncia del ministro Serra. El líder del grupo, Julio Anguita, manifestó que la sociedad no reacciona porque está "encallecida", ya que en España "se ha robado y se ha matado en nombre del Estado".
El coordinador de HB, Joseba Permach, afirmó que las escuchas afectaron también a las otras capitales provinciales vascas y manifestó su falta de confianza en que la justicia española aclare este asunto.
El portavoz de HB, Arnaldo Otegi, sostuvo que las escuchas de Vitoria demuestran que en España no se rompió con la dictadura (aludiendo al régimen de Francisco Franco, 1939-1975), sino que "solo se hizo una reforma del franquismo". (FIN/IPS/td/mj/hd ip/98
