Organizaciones sociales de Ecuador lanzaron una campaña contra el desarrollo de la minería, un sector en retroceso que el gobierno interino de Fabián Alarcón intenta fortalecer.
Representantes de campesinos e indígenas ocuparon el martes las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, con el objetivo de presionar a las autoridades y lograr cambios en las políticas de inversión en minería.
La medida fue apoyada por organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica de Ecuador y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales, con sede en Chile, y por parlamentarios indigenistas del movimiento Pachakutik.
El gobierno preparó una nueva ley de inversiones para el sector minero, que actualmente se discute en el parlamento unicameral.
La ley "pretende impulsar la actividad minera y convertir a Ecuador en un país competitivo a nivel latinoamericano, creando reglas claras y atractivas para los inversionistas", explicó el subsecretario de Minas, Jorge Sevilla.
La cuenca minera de Ecuador abarca cinco millones de hectáreas, que equivalen a 18,5 por ciento de la superficie del pais, "pero está subexplotada, y esto significa una pérdida de recursos", dijo Sevilla.
La necesidad de impulsar el sector minero tiene sólidos fundamentos para el gobierno, ya que en 1997 la inversión en esa área cayó 50 por ciento respecto de 1996, un año en que ya había disminuido de 13,4 a 8,9 millones de dólares.
Pero el gobierno enfrenta una progresiva oposición de los grupos ambientalistas, tanto ecuatorianos como internacionales, que se han unido para impedir el ingreso en el país de grandes empresas mineras, como la chilena Codelco y la japonesa Bishimetal, subsidiaria de Mitsubishi.
Codelco, una de las principales empresas exportadoras de cobre del mundo, mantiene gran interés en invertir en este país, siempre y cuando existan las suficientes garantías, destacó el embajador de Chile en Ecuador, Jorge Burgos.
La nueva ley minera "sin duda ayudará a despertar el interés de la inversión foránea", declaró Burgos. "Pero es necesario que además se dé mayor confianza, por medio de políticas continuas que aseguren estabilidad", puntualizó.
Los inversionistas extranjeros se han manifestado cautelosos ante los problemas políticos que Ecuador vive desde 1996, cuando asumió el poder el populista de Abdalá Bucaram.
Bucaram fue destituido por el parlamento a principios de 1997, aunque su sucesor, Alarcón, no ha logrado ganar la confianza de los inversionistas. Esas razones explican el retroceso de la minería, según analistas y empresarios del sector.
Tres compañías mineras internacionales anunciaron en 1997 su retiro de Ecuador, ante la falta de garantías, y una de ellas, de capital británico, ya abandonó el país.
El proyecto de ley que debate el parlamento amplía el área máxima de explotación y aumenta a 30 años el plazo de las concesiones.
También se determina que las empresas concesionarias tendrán estabilidad tributaria (pagarán un mismo porcentaje al fisco) por 10 años a partir de la producción efectiva.
Pero subsisten los conflictos. Habitantes de las zonas en explotación han realizado atentados contra instalaciones de algunas compañías mineras. Las autoridades califican esos actos de "terrorismo verde".
"La nueva ley minera pretende pasar por sobre todas las cosas para atraer la inversión", comentó a IPS Carlos Zorrilla, de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (Decoin).
La empresa Bishimetal, concesionaria del proyecto Junín, que se ubica en Intag, tuvo que abandonar su campamento a mediados de 1997, que fue ocupado e incendiado por pobladores de ocho comunidades.
Tres dirigentes de esas comunidades fueron acusados de participar directamente en el episodio, y el caso está en manos de la justicia.
Intag es una región protegida de bosque nublado, 120 kilómetros al norte de Quito, perteneciente a la región boscosa de Chocó, que nace en el norte de Colombia.
Intag "es una de las dos regiones boscosas de mayor biodiversidad de América del Sur", junto con áreas de la costa de Brasil, advirtió Brian Boom, vicepresidente del Jardín Botánico de Nueva York.
Según Boom, quien hizo un llamado internacional en defensa de Intag, la minería puede acabar con esos bosques ecuatorianos. (FIN/IPS/mg/ff/en/98