La nueva ley de patentes y propiedad intelectual que aprobó el Congreso unicameral de Ecuador pone fin a un debate de cinco años entre autoridades, legisladores, empresarios y comunidades indígenas de este país andino.
El parlamento ecuatoriano aprobó el jueves la nueva ley, cuya elaboración "es el fruto del consenso entre los diversos sectores involucrados en las actividades comerciales de cualquier índole", según Antonio Cobo, subsecretario del Ministerio de Comercio Exterior.
La norma pretende armonizar la legislación del país sobre derechos comerciales con los acuerdos internacionales de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Comunidad Andina y Estados Unidos, el socio comercial más importante de este país.
Con esta ley de 370 artículos "estamos demostrando a la comunidad internacional que somos un país que cumple con sus compromisos y acuerdos", apuntó Cobo.
De hecho, con su aprobación se podría evitar que Estados Unidos aplique sanciones comerciales contra Ecuador como las que Washington amenazó con implementar en reiteradas oportunidades.
El debate sobre el asunto en Ecuador se abrió en 1993, cuando el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén (1993-1996) suscribió un acuerdo con el de Bill Clinton.
Pero el acuerdo nunca entró en vigencia por falta de ratificación parlamentaria, lo que provocó malestar en las autoridades estadounidenses que en 1997 incluyeron a Ecuador en su lista de países observados por incumplimiento de convenios de propiedad intelectual y patentes.
El Congreso justificó su posición en base al rechazo de empresarios afectados por las nuevas regulaciones, así como por organizaciones indígenas que reclamaron la inclusión de algunos incisos para proteger sus conocimientos ancestrales e impedir el patentamiento de material genético.
A inicios de este año, Washington continuó con su estrategia de presión y denunció a Ecuador ante la OMC por la violación a los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que rigen a esta organización multilateral, a la que este país andino se suscribió en 1995.
El Departamento (ministerio) de Comercio de Estados Unidos realizará el día 30 una nueva evaluación de los países que en su opinión no cumplen con los convenios comerciales.
"Estuvimos al filo de la navaja", consideró el empresario César Rohn, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. "Esperemos que esto nos exima de cualquier sanción por parte de los Estados Unidos", agregó.
Entre las disposiciones más importantes de la nueva ley figuran las referidas a los derechos de autor. En ese sentido, se establecen dos cambios sustanciales.
En primer lugar, se amplía el plazo para legalizar las actividades de las firmas de alquiler de películas en video de dos meses a tres años. En Ecuador, 85 por ciento de estos comercios, 15.000 en total, operan sin pagar derechos de autor.
A pesar de que esta disposición favorece a los propietarios de estas empresas por la ampliación del plazo para la legalización, "asegura que toda reproducción de una película pagará sus derechos", dijo Pablo Vázquez, asesor del Congreso.
Además, se establece que la reproducción de fonogramas en medios masivos de comunicación (televisión y radio) también estará sujeta al pago de derechos, que irán directamente al autor o a su representante.
Para Vázquez, la aplicación de este tipo de regulaciones son un desaliento para la piratería.
La presión de comunidades indígenas y algunos laboratorios farmacéuticos derivó en la prohibición de patentar partes del cuerpo humano y especies naturales, como plantas, que no presenten una evolución innovadora (una variedad mejorada mediante manipulación científica).
Este asunto fue uno de los más polémicos, pues las comunidades de la Amazonia denunciaron que científicos de Estados Unidos patentaron en ese país especies de plantas medicinales de esa región y la composición sanguínea de algunos pueblos.
La ley prohibe la "clonación" de seres humanos y animales, el uso de embriones humanos para la investigación científica y el registro de microorganismos, aunque este último punto es contrario a las disposiciones de la OMC, que permite su patente.
"Nosotros estamos conformes siempre y cuando se asegure el cumplimiento de esta ley", dijo a IPS Rodolfo Asar, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
La COICA participó activamente en la redacción de la ley. "Podemos decir que gracias a nuestra intervención y a la presión internacional, conseguimos que todo el país tenga una buena legislación, que no se dejó manipular por los intereses de las empresas de Estados Unidos", concluyó Asar. (FIN/IPS/mg/mj/en/98
