El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) decidió impulsar un nuevo enfoque para el tratamiento regional del problema de las drogas ilícitas, que vaya a sus raices sociales y busque evitar la demanda y no sólo reprimir la oferta.
Ese enfoque incluye el cambio de nombre de la instancia interna que se ocupa de las distintas aristas del delito de las drogas, que pasa a convertirse en Comisión de Prevención contra el Tráfico y Abuso de las Drogas y contra el Crimen Organizado.
La hasta ahora Comisión Permanente del Narcotráfico y Crimen Organizado sostuvo su XI reunión en la capital de Venezuela durante el fin de semana y sus decisiones serán ratificadas por la próxima asamblea del Parlatino, que se realizará en diciembre.
Silvia Martínez, diputada argentina y vicepresidenta de la Comisión, dijo a IPS que se convino en que el nombre genérico de narcotráfico es restrictivo y obsoleto y ha sido sustituido por los especialistas por tráfico de drogas, por su valor integral.
Además, la denominación anterior de la comisión no incluía la prevención del abuso de drogas, un elemento esencial en el nuevo enfoque que impulsan los integrantes de la entidad.
Uno de los promotores del nuevo esquema, el diputado uruguayo Carlos Pita, puntualizó que la imposición del término de narcotráfico es responsabilidad de Estados Unidos y responde a su estrategia de "satanización del problema".
Pita añadió que es necesario que América Latina distancie su concepción del tráfico de drogas de la de Estados Unidos, que se mantiene fiel "a su vocación de exportador a otros de la responsabilidad de los problemas que le atañen".
Sobre la responsabilidad compartida en el trantamiento del flagelo, la comisión concluyó en que debe ser un ámbito multilateral y de ninguna manera unilateral el que asigne el papel que cada Estado debe cumplir como agente de la lucha colectiva.
Durante las sesiones a puertas cerradas de la comisión, se plantearon dudas sobre la decisión de la II Cumbre Interamericana de asignar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la función de la evaluación multilateral.
En la Cumbre, celebrada los días 18 y 19 en Santiago, 34 gobernantes convinieron en que la batalla para erradicar el tráfico de drogas se basará en la cooperación continental y que un organismo especializado de la OEA evaluará el cumplimiento de los compromisos hacia esa meta.
Un número mayoritario de miembros de la Comisión del Parlatino razonaron que el escenario más conveniente para la acción multilateral y para la evaluación de los compromisos es la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por cuanto en la OEA el peso y la presión de Washington impedirá el equilibrio.
Martínez y Pita eludieron comentar esas reflexiones internas, pero sí subrayaron que la opción de la OEA no debe excluir la de la ONU y que su actuación puede ser complementaria. En América, recordó Pita, están la mayor oferta y demanda de droga.
También subrayaron que la Comisión ratificó una vez más su rechazo al sistema de certificación unilateral impuesto por Washington para decidir quién colabora y quién no en la lucha contra las drogas, y que debe impedirse que dentro de la OEA se derive hacia algo similar con "paraguas" multilateral.
Los parlamentarios regionales decidieron que uno de sus miembros estará presente en la reunión de la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas (CICAD), el órgano de la OEA que asumirá la supervisión de la lucha antidrogas.
La reunión comienza el 4 de mayo y allí, el delegado del Parlatino presentará la propuesta para un "frente multilateral de evaluación y coordinación de acciones conjuntas contra la droga" con seis objetivos como prioridad.
Entre ellos, se destaca el fortalecimiento de las instituciones nacionales que se ocupan de prevención, tratamiento, represión y control del consumo y tráfico de drogas, así como el control y sanción de la legitimación de capitales, mediante leyes reforzadas y homogeneas a nivel internacional.
Otras metas son el control del desvío de precursores y químicos por cada Estado, más cooperación técnica en la reducción de la oferta y la demanda, el combate al tráfico de armas y su vinculación al de drogas, y una cooperación judicial eficaz para enfrentar al crimen internacional organizado.
Los parlamentarios latinoamericanos demandaron además que aumenten los recursos financieros para la promoción del desarrollo alternativo a la coca en Perú, Bolivia y otros productores, a fin de que otros cultivos resulten rentables.
Martínez dijo que los miembros de la Comisión, entre los que hay militares, abogados, políticos de oficio y médicos, como ella y Pita, coincidieron en que también es indispensable profundizar en la raíz social del fenómeno del consumo y tráfico de drogas.
La diputada del gobernante Partido Justicialista argentino indicó que el problema de las drogas no ha sido asumido aún como una política de Estado, cuando la realidad es que afecta el conjunto de la sociedad y sólo puede ser resuelto con una acción en que participen todos los actores de esa sociedad.
Afirmó que se trata de una pandemia de fin de siglo que es instrumentalizada incluso como parte de la imposición de reglas de poder del Norte sobre el Sur dentro de América, pero sin que en ese Norte se vean medidas eficaces para controlar el consumo y los ingentes recursos que internamente moviliza el delito.
Esa pandemia se nutre, comentó Martínez, de un modelo de sociedad viciado, basado en el consumo y donde lo químico forma parte importante de ese consumo. "Se vende que la felicidad se alcanza a través del consumo y las relaciones sociales y personales se construyen a través de ese consumo", dijo.
Para la diputada argentina, el modelo social establece por un lado que el poder es la riqueza y por otro que hay que evitar a toda costa la angustia, que no es bueno llorar ni sentirse frustrado, por lo que los químicos que evitan esas sensaciones terminan por ser intermediarios sociales.
Pita, del izquierdista Frente Amplio uruguayo, añadió desde su óptica de político y psiquiatra, que el consumo de sustancias que alivien la angustia son connaturales al ser humano y que la adicción a variadas drogas está presente en diferentes culturas.
La gran diferencia negativa ahora tiene dos elementos, argumentó. Uno es el uso político y satanizador que desde Estados Unidos se impuso al problema de las drogas y que en la práctica dificulta soluciones coherentes para la crisis.
El otro es que se ha generado un monstruoso poder detrás del tráfico de drogas, que ha criminalizado e internacionalizado sus procedimientos y que no sólo impone su hegenomia en las áreas de la producción, procesamiento y tráfico, sino en la del consumo y en sectores del poder legítimo que debería combatirlo. (FIN/IPS/eg/ff/ip/98
