El caso del general portugués Humberto Delgado, asesinado en 1965 en España por su oposición a la dictadura de su país, fue sumado hoy a la demanda de que se termine la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos, se niegue su prescripción y se los persiga en todo el mundo.
Iva Delgado, hija del general Delgado, líder de la oposición a la dictadura corporativista portuguesa (1926-1974), reclamó en Madrid la extradición del ex agente Rosa Cavaco, acusado de la muerte de su padre y residente en la española isla de Mallorca.
Cavaco, ex miembro de la policía secreta de Portugal y condenado en aquel país a ocho años de prisión como autor del asesinato de Delgado, fue detenido en Madrid hace 15 días y puesto en libertad a las 24 horas, mediante el pago de una fianza equivalente a 7.000 dólares.
Los abogados, españoles y portugueses que acompañaron a Iva Delgado en una rueda de prensa dijeron que el proceso sigue abierto en Portugal y que este martes recibieron la noticia de que "el asunto está bien encaminado" por la vía judicial.
Eso significa que el gobierno de Portugal -que apoya la gestión de Iva Delgado- reiterará a España su pedido de extradición.
El asunto planteará otra vez un conflicto de jurisdicciones, pues en España se sostiene que los delitos cometidos en este país deben ser juzgados por la justicia española y nunca en ausencia de los acusados. Para la justicia española, el delito atribuido a Rosa Cavaco ya prescribió.
Pero en Portugal, un acusado prófugo puede ser juzgado y condenado en ausencia, incluso por delitos cometidos fuera de su frontera, como lo fue el asesinato de Delgado, conocido en vida como "el general sin miedo".
Iva Delgado afirmó que "la opinión pública portuguesa no acepta la idea de impunidad para un crimen contra los derechos humanos".
Este caso se suma a otros dos en España, que ya están en la fase de instrucción procesal.
Uno, a cargo del juez Baltasar Garzón, que incrimina a servidores de la dictadura argentina (1976-1983) y otro, conducido por el juez Manuel García Castellón, en el que están acusados el general Augusto Pinochet y subordinados suyos mientras fue dictador de Chile (1973-1989).
El rasgo común a todos estos procesos es la convicción de que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que las fronteras nacionales no deben ser impedimento para la condena de los culpables.
El abogado Luis Manuel, secretario general de la sección española de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, señaló que Cavaco vivió en España en la más absoluta impunidad y que "al menos contó con la tolerancia de las autoridades españolas".
Manuel añadió que es "al menos sorprendente" que Cavaco pudiera residir con falsa identidad en una pequeña ciudad isleña, como es Palma de Mallorca, durante décadas y a pesar de existir una orden internacional de captura en su contra.
Delgado fue asesinado en un día todavía sin determinar de abril de 1965, en Badajoz, provincia española limítrofe con Portugal. Junto a él fue muerta su secretaria, la brasileña Arajaryr Campos.
Iva Delgado leyó en la rueda de prensa un mensaje en que la Confederación de Mujeres de Brasil, en su nombre y en el de todas las federaciones de mujeres brasileñas, repudia el intento de eludir la tipificación de esos casos como crimen político.
Además, la Confederación exigió que Cavaco "cumpla castigo por el crimen", y manifestó solidaridad con las familias de los dos asesinados.
Delgado era general de la fuerza aérea cuando, en 1958, se presentó a elecciones como candidato de la oposición democrática al régimen dictatorial de Portugal. Tras el fraude electoral le fueron anulados sus derechos civiles y políticos, recordó la Confederación brasileña,
Perseguido, se asiló en la embajada de Brasil en Lisboa y, una vez en ese país sudamericano, constituyó y presidió un gobierno portugués en el exilio. Desde allí se trasladó a Europa para organizar actividades democráticas contra la dictadura.
Iva Delgado asegura que el plan de la policía secreta para eliminar a su padre se fraguó durante cinco años y que fue realizado con el apoyo o al menos la tolerancia del régimen dictatorial del general Francisco Franco.
Este año, al cumplirse 40 años de las elecciones de 1958, aspira a que se concrete la extradición de Cavaco. "No se trata sólo de dos familias que piden justicia, sino de que no queden impunes crímenes contra la humanidad, no importa dónde ni cuándo se hayan perpetrado", advirtió. (FIN/IPS/td/ff/hd/98
