En los dos últimos años el Grupo Ejecutivo de Protección al Consumidor registró 800 consultas y quejas contra Telecomunicaciones de Sao Paulo S.A. (TELESP), por la mala calidad del servicio de telefonía celular.
Entre los principales reclamos se cuenta la falta de cumplimiento de los contratos, la demora en la entrega o transferencia de líneas, además de la prestación de servicios y cobranzas indebidas.
La edición de marzo de la revista Consumidor S.A. del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), informa que a causa de tantos problemas, algunos usuarios de celulares resolvieron crear una asociación para defender sus derechos. Se trata de la Asociación de Usuarios de Teléfonos Celulares del Estado de Sao Paulo.
La asociación planteará una acción judicial colectiva contra TELESP para obtener indemnización por las fallas del servicio ofrecido.
"La privatización de los servicios públicos es un tema que despierta la preocupación de los consumidores en todo el mundo, porque no siempre sus derechos son respetados en ese proceso", dice Marilena Lazzarini, directora ejecutiva de IDEC, en su editorial en Consumidor S.A.
"Se consideran los beneficios que la venta de una empresa estatal puede traer a las arcas del gobierno y se dejan de lado las garantías de los ciudadanos, que son los principales interesados", agrega Lazzarini.
También denuncia que "se divulga el precio del pago por la concesión, pero no así el contrato que estipula los deberes de la concesionaria".
IDEC lleva a cabo una investigación sobre telefonía celular, cuyos resultados se darán a conocer al gobierno y al Ministerio Público para que éstos tomen las providencias necesarias.
En Sao Paulo, IDEC actúa en conjunto con otras entidades en la Coalición para la Democratización y Calidad de los Servicios Esenciales, cuyo objetivo es incluir como requisito de las privatizaciones la oferta de servicios de calidad a precios justos, además del acceso a la información y el control social de los servicios.
En Río de Janeiro, IDEC participó en la creación de la Agencia de Fiscalización Independiente de los Servicios Públicos. (FIN/Consumers International-IPS/98)
