El crimen perfecto no existe y menos aún 180.000 crímenes perfectos, que equivalen al número de personas desaparecidas en la actual República Democrática del Congo (RDC) entre octubre de 1996 y mayo de 1997.
El jurista chileno Roberto Garretón se basó en esa certeza para asegurar que, como todas las verdades históricas, se sabrá finalmente lo sucedido en el territorio del ex Zaire durante la guerra de liberación contra el dictador Mobutu Sese Seko.
Garretón, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en la RDC, estimó que con testimonios, fotografías tomadas por satélite y otros documentos se puede reconstruir la verdad sobre las denunciadas matanzas.
Por esa razón, Garretón aconsejó no desesperar ante la paralización durante casi un año de las investigaciones realizadas por la organización mundial.
Al cabo de ese lapso, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, decidió retirar al equipo investigador que había enviado al país africano el 8 de julio de 1997 para indagar sobre denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.
Annan dijo el viernes, al anunciar la decisión, que las autoridades de la RDC habían opuesto obstáculos constantes al equipo.
Las tentativas de expertos de excavar en lugares donde supuestamente se encontraban fosas comunes fueron bloqueadas. Las autoridades también acosaron e intimidaron a los testigos que suministraban pruebas a los investigadores, dijo el jefe de la ONU.
El secretario general mencionó que el último incidente se produjo los días 7 y 8 de este mes, cuando uno de los miembros del equipo investigador, el canadiense Christopher Harland, fue expulsado de la ciudad de Goma, al este de la RDC, y luego detenido en el aeropuerto de Kinshasa, la capital.
Sobre este episodio, el ministro de Justicia de la RDC, Mwenze Kongolo, dijo esta semana en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que Harland había despertado sospechas en los servicios de seguridad.
El funcionario internacional usaba alternativamente dos documentos de identidad diferentes, un certificado de libre tránsito expedido por la ONU y su pasaporte de ciudadano canadiense, afirmó el ministro congoleño.
La resolución de Annan sobre el retiro del equipo investigador se fundó en "la ausencia total de cooperación" del gobierno de la RDC, encabezado por el presidente Laurent-Desiré Kabila.
Annan indicó que la Comisión de Derechos Humanos, integrada por representantes de 53 países, queda a cargo de las acusaciones sobre las supuestas matanzas de 180.000 refugiados hutus ruandeses, que figuran como desaparecidos desde el cierre de todos los campos de refugiados en la RDC, en septiembre de 1997.
La Comisión deberá adoptar decisiones el martes sobre la evaluación de la situación de los derechos humanos en el país africano, una tarea encomendada hasta ahora a Garretón, y sobre la investigación pendiente de las denunciadas matanzas.
Un proyecto de resolución que la Comisión votará el martes propone extender el mandato de Garretón para que en la próxima sesión del cuerpo, en marzo de 1999, informe sobre el estado de los derechos humanos en la RDC.
Fuentes de organismos de derechos humanos estimaron que la Comisión renovará por consenso el mandato de Garretón.
Entre los 53 miembros de la Comisión figuran tres, la RDC, Ruanda y Uganda, gobernados por representantes de la etnia tutsi, que perdió hasta un millón de sus integrantes en el genocidio desatado por extremistas hutus en Ruanda, en 1994.
El gobierno de la RDC impidió hace un año el ingreso de Garretón al país. En mayo de 1997, las mismas autoridades obstruyeron la investigación de la Misión Conjunta designada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
La Misión Conjunta estaba integrada por el mismo jurista chileno, por el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Bacre Waly Ndiaye, y por Jonas Foli, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Garretón calificó de "correcta" la decisión del secretario general de la ONU de retirar el equipo investigador, pero expuso sus temores de que la investigación se detenga.
El aspecto más preocupante es el de la impunidad, dijo el relator especial para la RDC. "Hay gente que va a comenzar a aprovecharse de esto para librarse de una condena", previno.
La imposibilidad del relator especial de ingresar a la RDC para realizar investigaciones no constituye un elemento decisivo, estimó Garretón.
Hay ciertas constataciones científicas, dijo, que no se pueden hacer sino en el lugar donde los hechos ocurrieron. Hay otras que se pueden investigar en los alrededores.
Cuando se comete muchas veces un delito, el juez no necesita ir al lugar del crimen. Es mejor que vaya, pero muchas veces basta con los informes que reciba, por ejemplo, de la policía o de testigos. Si falta un elemento de prueba, habrá otro, explicó.
Garretón se declaró interesado en que se puedan exhibir las fotos obtenidas desde satélites "que todo el mundo asegura que existen". Durante las investigaciones de los excesos cometidos en la ex Yugoslavia, las fotos tomadas por satélites desempeñaron un papel clave en la prueba, recordó.
El jurista chileno insistió en que las verdades históricas finalmente se saben. Nadie ha contado nunca cuántos cadáveres hubo en Auschwitz, pero todos sabemos cuántos eran. Además, sabemos quién los mató y quiénes eran las víctimas.
El ministro Kongolo reprochó a la comunidad internacional por haberse olvidado de su parte de responsabilidad en las dos calamidades desplomadas sobre la región de los Grandes Lagos: el genocidio ruandés de 1994 y la crisis de los refugiados en el este del ex Zaire.
El genocidio ruandés consistió en la eliminación física de tutsis y hutus moderados, en número de casi un millón, dijo.
Después de haber organizado y perpetrado el genocidio en su país, los ex dirigentes de Ruanda, con la complicidad de ciertos países miembros de la ONU, organizaron la deportación masiva de la población hacia el este del entonces Zaire.
Esa operación, sostuvo Kongolo, fue avalada por la ONU y ejecutada por Francia, con el nombre de Operación Turquesa.
La operación consistió en la evacuación de los autores del genocidio, que habían tomado como rehenes a miles de personas inocentes para que los acompañaran en su aventura a Zaire.
El ministro lamentó que nunca se haya enviado a Ruanda una misión investigadora importante y de peso para identificar a los culpables. (FIN/IPS/pc/ml/hd/98
