La presencia durante el último año en Colombia de la delegada de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos contribuyó en escasa medida al mejoramiento de la situación en este país sudamericano, según un informe divulgado hoy en esta capital.
Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia son "graves, masivas y sistemáticas", señala el documento, divulgado en rueda de prensa por Almudena Mazarrasa, directora del organismo de las Naciones Unidas (ONU) en Bogotá.
La crítica situación de Colombia en materia humanitaria requiere urgente atención por parte del Estado y la sociedad civil, añade el informe, que comenzará a ser evaluado este viernes en la 54 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU fue instalada en Colombia en 1997 en respuesta a demandas de organizaciones de la sociedad civil que pedían la presencia en el país de un veedor del foro mundial.
Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo a IPS que el informe de la Oficina de la ONU fue "un gran avance", porque constituye un mecanismo para que "la comunidad internacional tenga un conocimiento imparcial sobre el problema del conflicto interno".
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, señaló el miércoles en Ginebra que la oficina de la ONU en Colombia tiene gran importancia, pero "sus recursos son extremadamente limitados para las inmensas y complejas necesidades del país".
Mazarrasa afirmó que durante el año pasado se observó una intensificación del conflicto armado interno, en el que intervienen organismos de seguridad del Estado, grupos paramilitares de derecha y organizaciones guerrilleras, siendo la principal víctima la población civil.
En 1997, los grupos paramilitares cometieron 46 masacres selectivas en los departamentos de Antioquia (noroeste) y Meta (sudeste), que dejaron como saldo 260 campesinos muertos.
"Un promerio de seis familias fueron desplazadas de sus hogares cada hora durante 1997" a causa del conflicto armado interno, que ha provocado casi 1,2 millones de desplazados en los últimos cinco años, según Codhes.
El documento del organismo de la ONU presentado este jueves en Bogotá señala, además, un notable incremento de los secuestros por parte de la guerrilla y los grupos paramilitares, así como de los ataques a activistas defensores de los derechos humanos.
Los secuestros, que afectaron el año pasado a cerca de 700 personas según diferentes informes, se incrementaron en la proximidad de las elecciones regionales de octubre. En esa oportunidad, la guerrilla secuestró a decenas de candidatos como parte de su estrategia para boicotear los comicios.
El presidente Ernesto Samper pidió este lunes a la comunidad internacional que se abstuviera de dialogar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor organización guerrillera del país, que habría anunciado un juicio a cuatro estadounidenses que mantiene secuestrados desde hace una década.
Así mismo, el mandatario propuso nuevamente este jueves a las FARC iniciar un diálogo en alguna zona "ajena al conflicto armado", al tiempo que pidió a los insurgentes que revisaran sus acciones, "particularmente en lo que tiene que ver con el secuestro utilizado como arma de intimidación política".
Según un comunicado atribuido a las FARC, los estadounidenses serán ejecutados si se les comprueba vínculos con servicios de seguridad de su país. (FIN/IPS/yf/ag/hd-ip/98
