COLOMBIA: Autoridades departamentales negocian con la guerrilla

El gobernador del departamento colombiano de Cundinamarca, Andrés González, iniciará la próxima semana negociaciones formales con el principal grupo guerrillero del país para pacificar su distrito.

González recibió el aval del gobierno de Ernesto Samper para establecer una mesa de diálogo entre delegados departamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También participarán representantes de la Oficina Presidencial del Alto Comisionado para la Paz y de organizaciones no gubernamentales.

El Poder Ejecutivo central admite las conversaciones entre gobernadores de los departamentos y guerrilleros, aunque subordinadas a su aprobación, en cada caso, y para tratar temas puntuales relacionados con los derechos humanos.

Pero las negociaciones para el cese del fuego y desarme de los insurgentes son facultad excluyente del gobierno central. Las FARC se niegan a dialogar con Samper, al que consideran un gobernante ilegítimo por haber recibido apoyo financiero del narcotráfico en su campaña electoral.

Las primeras conversaciones de ámbito departamental se dieron a comienzos de este año en el sureño Putumayo, el centro-occidental Meta, el occidental Valle y el norteño Magdalena.

González informó que ya mantuvo un primer contacto con las FARC para definir la agenda del diálogo e identificar a los participantes. La fecha de comienzo de las conversaciones permanece en reserva.

Samper cree que la estrategia del diálogo local permitirá "ir sembrando una política de convivencia a la mayor brevedad", para construir la paz "de abajo hacia arriba".

González tomó la decisión de dialogar con las FARC debido a la dimisión esta semana de ocho alcaldes del sur de Cundinamarca, el departamento en que se halla Bogotá, que habían sido amenazados por esa organización insurgente.

Libardo Morales, uno de los alcaldes dimitentes, dijo a IPS que tomó la decisión para proteger su vida.

Morales fue secuestrado por las FARC el 8 de septiembre. Los guerrilleros le exigieron que renunciara a su candidatura a la reelección y luego lo pusieron en libertad.

Pero el 26 de octubre se postuló nuevamente para conducir su municipio, San Bernardo, y obtuvo 1.818 votos, frente a 300 de su contendiente. Entonces, las FARC lo secuestraron otra vez, el 31 de marzo, para intimarlo bajo amenaza de muerte a renunciar a su cargo.

Según Morales, el diálogo departamental permitirá a los funcionarios amenazados buscar directamente un acuerdo con las FARC.

Pedro Cárdenas, alcalde dimitente de Fusagasugá, también en el sur de Cundinamarca, pidió a los guerrilleros que permitan a las autoridades municipales el desempeño de sus funciones.

"Si ven que no estamos administrando bien, entonces sí que nos pidan cuentas", dijo Cárdenas.

González no aceptó la renuncia de los ocho alcaldes, con el argumento de que los actos que se realizan bajo presión no tienen validez jurídica.

Según el gobernador, el diálogo creará "una dinámica positiva con la guerrilla", sobre la base de la búsqueda de soluciones políticas.

Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, que reúne a todos los alcaldes del país, advirtió que las renuncias presentadas deben ser aceptadas, pues de otro modo se pondría en riesgo la vida de los alcaldes amenazados.

Los alcaldes "se sienten muy solos en el manejo del orden público en sus localidades", porque las políticas departamentales de seguridad no atienden sus necesidades, señaló Toro.

Las FARC han exigido este año la renuncia de 200 alcaldes. Los analistas entienden que la organización insurgente intenta con sus amenazas incrementar el control político que ya mantiene en parte del territorio colombiano.

La policía de Cundinamarca informó que desde enero se registraron en el departamento siete atentados contra dependencias de las fuerzas de orden público, actos de hostigamiento a la población de algunas localidades, y el asalto a un banco y a las oficinas de la estatal Empresa de Telecomunicaciones.

En esas acciones murieron seis agentes de la policía, un soldado y seis civiles, y fueron destruidos vehículos y viviendas. (FIN/IPS/yf/ff/ip/98

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