Organizaciones de la sociedad civil de Colombia acordaron esta semana la creación del Frente Social Amplio (FSA) que tendrá, entre otros fines, el de defender la vida de decenas de activistas amenazados.
Con la constitución del FSA, numerosos grupos sociales, estudiantiles, sindicales y académicas responden al recrudecimiento de la guerra sucia en este país sudamericano.
El Frente, cuya fundación se oficializará con una jornada de protesta el 19 de mayo, es "un proyecto de unión de la sociedad civil" que promoverá acciones distender el conflicto armado y defender la vida de los activistas y la libertad de pensamiento, según sus creadores.
Hernando Hernández, presidente de la petrolera Unión Sindical Obrera (USO), dijo a IPS que se procura "sensiblizar a los colombianos para enfrentar esta violencia que nos está acabando" y frenar a "las fuerzas autoritarias y militaristas" que crean esta situación.
El FSA promoverá la conformación de una comisión internacional que se encargue de esclarecer los asesinatos de activistas y defensores de los derechos humanos, y será a la vez un espacio de convergencia para todas las organizacionews que comparten sus objetivos, según Hernández, quien ha sido amenazado de muerte.
La propuesta del FSA surgió el lunes, en los funerales del defensor de los derechos humanos y profesor universitario Eduardo Umaña, cuyo asesinato generó una enérgica protesta por parte de organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales.
Umaña, defensor de varios sindicalistas procesados y acusados de supuestos nexos con la guerrilla y actos de terrorismo, fue asesinado el día 18 por "los enemigos de la paz", según su padre.
El asesinato del jurista se produjo mientras se desarrollaba el sepelio de María Arango, asesora del gobierno en proyectos de desarrollo rural que había pertenecido hasta 10 años atrás al Partido Comunista de Colombia (PCC).
Los dos asesinatos, según el asesor de la presidencia de Colombia Daniel García-Peña, habrían sido ordenados por "fuerzas oscuras" que tienen un "plan sistemático con víctimas selectivas".
La escalada de ataques contra defensores de derechos humanos se acentuó el 19 de mayo de 1997, con los asesinatos de Mario Calderón y Elsa Alvarado, del Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP), en cuyo homenaje se cumplirá la primera actividad pública del FSA.
El 27 de febrero fue muerto el presidente del Comité de Derechos Humanos del departamento de Antioquia, Jesús Ovalle, y según denuncias de organizaciones no gubernamentales cerca de 20 activistas han debido salir del país debido a las amenazas.
Amnistía Internacional se vio obligada en junio a cerrar sus oficinas en Colombia por la misma razón.
Entre los amenazados figuran el secretario del PCC, Jaime Caicedo, el asesor del gobierno Alfredo Molano, los sindicalistas Wilson Borja y Hernando Hernández, la senadora del gubernamental Partido Liberal Piedad Córdoba y Jaime Prieto, del comité de presos políticos.
Las amenazas procederían de un sector de la ultraderecha militarista apoyada por grupos paramilitares, según analistas.
Sin embargo, Carlos Castaño, señalado como el máximo jefe de los paramilitares, negó el martes en un comunicado que sus hombres hubiesen dado muerte a Umaña.
La más fuerte escalada de grupos paramilitares contra activistas ocurrió en la década del 80, cuando fue físicamente exterminada la Unión Patriótica, facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se había legalizado.
Como respuesta a las manifestaciones de protesta por los asesinatos de Umaña y Arango, el gobierno convocó a las organizaciones no gubernamentales a una reunión el pasado jueves, en la que anunció medidas para garantizar la vida y la actividad de los activistas.
La consejera presidencial Sonia Eljach anunció la constitución de un sistema de seguridad mixta para que quienes hayan sido amenazados elijan quiénes les garantizarán su seguridad, que les sería financiada por el estado.
Con ese fin, se creó un fondo de protección de personas amenazadas y se acordó con las organizaciones no gubernamentales elaborar una lista de activistas que corren peligro para prestarles protección preventiva.
La directora de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Almudena Mazarrasa, dijo que para acabar con las violaciones de derechos humanos en Colombia se necesita aún recorrer un camino mucho más largo del cual es importante dar los primeros pasos. (FIN/IPS/yf/mj/hd/98
