La violencia doméstica afecta a 25 por ciento de las familias en Chile, y aunque una ley de 1994 revolucionó los sistemas judicial, policial y de salud, la capacidad de proteger a las mujeres sigue siendo precaria.
El bienestar reproductivo de la mujer chilena se ve afectado porque la convivencia con un compañero violento eleva el riesgo de sufrir relaciones sexuales y embarazos no deseados a través de la violación conyugal o la falta de uso de anticonceptivos.
La salud de la mujer también corre riesgo en países como Chile, donde el aborto es ilegal y, por tanto, riesgoso. Cerca de 35 por ciento de los embarazos terminan en abortos voluntarios.
Casi 18 por ciento de los 159.000 abortos que se practican anualmente generan complicaciones que requieren hospitalización. En Chile, la mujer que se somete al aborto puede terminar en la cárcel.
Un estudio reveló que 39,5 por ciento de las esposas golpeadas en Santiago sufren mayores abusos durante el embarazo. Las golpizas durante el embarazo se vinculan a un mayor riesgo de complicaciones del mismo, partos prematuros, abortos espontáneos y bebés con bajo peso.
Las relaciones sexuales se pueden convertir en un campo de batalla cuando el hombre violento ejerce su poder y dominio.
"Casi siempre siento dolor. No quiero mantener relaciones, pero él me obliga, aunque yo diga que no", dijo una esposa golpeada a la terapeuta de Santiago Solange Bertrand.
Gran parte de los datos sobre la violencia doméstica en Chile surgen del trabajo que la psicóloga Soledad Larraín llevó a cabo en 1992, "Violencia Tras Puertas Cerradas: La Mujer Golpeada".
Las conclusiones del informe asombraron a los chilenos. Una cada cuatro mujeres dijo haber sufrido abuso físico a manos de su compañero.
Las mujeres denunciaron incidentes de violencia menor ("empujones, bofetadas, golpes u objetos arrojados hacia ellas") y formas más severas ("mordidas, patadas, ataques con objetos o armas, relaciones sexuales forzadas y quemaduras").
Pero la violación marital no se cuenta entre las 20.000 violaciones que se estima ocurren por año en Chile. Psicólogos dicen que la idea del abuso sexual en el matrimonio es prácticamente tabú, lo que da pie a muchos mitos.
Estos mitos sostienen que la violencia doméstica es un problema de la "clase obrera", su causa radica en el alcohol, los hombres son violentos por naturaleza y las víctimas son culpables de provocación.
Ninguna de estas creencias son verdaderas, por supuesto. En su lugar, el machismo, la "posesión" patriarcal de mujeres y niños y el respeto por el autoritarismo, que representa la jerarquía, el orden y el control, son explicaciones más creíbles de la violencia doméstica.
Pero las mujeres logran abandonar las relaciones violentas, a veces por la magnitud de su ira, otras por el consejo de sus amistades o de profesionales.
"Yo viví sola con mi dolor", recuerda una mujer de Santiago, hasta que encontró apoyo en un grupo de salud comunitario. "Ellos me ayudaron a ver que podía cambiar. No fue fácil. Vi que no podía cambiarlo a él, es algo que sólo él podía hacer, pero tampoco eso me impidió crecer", dijo.
El proceso del cambio también es político. En Chile, como en Argentina y Brasil, la organización de las mujeres contra los pasados regímenes militares llevó a cuestionar la opresión de sus vidas.
A mediados de la década de 1980 se escuchó la consigna "Democracia en el País y el Hogar" en Chile.
El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) surgió en 1990, junto con la recuperación de la democracia, y de inmediato se puso a trabajar sobre una ley de violencia doméstica y un programa para concienciar a los servicios públicos sobre este problema.
Otra de las prioridades del SERNAM fue sensibilizar sobre el problema a la fuerza policial.
Debido al recelo acumulado por años de represión, "la labor con una institución tan jerárquica sobre un asunto que alude en profundidad a conceptos de poder y obediencia en la familia contribuye al proceso nacional de curación", escribió la directora del programa Ximena Ahumada.
En el barrio santiaguino de La Bandera, un mural callejero retrata a una mujer policía como una aliada contra la violencia doméstica, y no como agente de la represión.
Una ley de 1994 sobre la Violencia Intrafamiliar (VIF) resultó innovadora. La misma definió con amplitud la familia, incluyó el abuso sexual y psicológico e incorporó medidas protectoras como órdenes de restricción legal y terapia obligatoria para los esposos violentos.
El número de denuncias se multiplicó gracias a los procedimientos relativamente expeditos de la ley.
"Sólo el acto de dejar un folleto de VIF junto a la cama puede tener un efecto disuasivo", dijo la abogada Luz Río Seco, del Instituto de la Mujer, de Santiago.
Pero el análisis que el Instituto hiciera en 1995 sobre 2.619 casos judiciales revela resultados menos alentadores. En un tribunal santiaguino se solicitaron medidas de protección en 59 por ciento de los casos, pero sólo se otorgaron en 15 por ciento.
Casi 20,5 por ciento de los casos terminaron reconciliándose, sólo 1,7 por ciento recibieron sentencia, 2,1 por ciento fueron descartados y 71,9 por ciento siguen en proceso.
Aún penden otras necesarias reformas legales sobre el divorcio, la igualdad legal para los hijos nacidos fuera del matrimonio, los tribunales de familia y el influyente papel político de la Iglesia Católica.
Mientras, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Chile ofrecen servicios que el gobierno no puede o no quiere proporcionar.
Pero ni el gobierno ni las ONG ofrecen a las mujeres golpeadas refugio, lo que más necesitan durante una crisis de violencia. En su lugar, se puede hallar a las víctimas durante la noche en estaciones de policía y salas de emergencia de hospitales, rodeadas por sus atemorizados hijos.
(*) IPS pone a disposición de sus suscriptores este material por un acuerdo de distribución con la institución internacional de comunicación Panos Features, de Londres. (FIN/PANOS/tra-en/ls/dds/aq-lp/hd/98
