La expulsión y procesamiento por sedición de un policía de Carabineros que dio una entrevista a la televisión desató hoy nuevas protestas en Chile, mientras crece la inquietud en el gobierno por esta singular rebelión iniciada por un grupo de mujeres.
Hernán Leiva, el cabo segundo entrevistado el martes por el programa Medianoche de la televisión estatal, fue expulsado este miércoles de la institución y, tras un interrogatorio de ocho horas, quedó detenido para ser procesado por la justicia militar.
Las medidas contra Leiva coincidieron con la decisión del gobierno de Eduardo Frei de intervenir directamente, a través del ministro de Defensa, Raúl Troncoso, en el conflicto creado por reivindicaciones salariales.
Hasta el momento, el gobierno definía el problema como "institucional", dejándolo en manos del comandante del Cuerpo de Carabineros, general Manuel Ugarte, pero las crecientes señales de rebelión policial lo hicieron cambiar de política.
Familiares de policias realizaron en la madrugada de este jueves en dos municipios de Santiago manifestaciones callejeras de apoyo a Leiva, quien se presentó a rostro descubierto y con su uniforme de servicio ante las cámaras de la televisión.
Leiva, con más de 20 años en el Cuerpo de Carabineros, respaldó las protestas comenzadas hace dos semanas por esposas de policías y reprobó la represión del lunes último contra una manifestación de esas mujeres en el centro de Santiago.
Este jueves, residentes en dos conjuntos habitacionales de carabineros salieron a las calles con pancartas de respaldo a Leiva, hicieron sonar cacerolas vacías y montaron nuevas "velatones" (encendido masivo de velas).
Las y los manifestantes quemaron neumáticos en las calles, reproduciendo así en menor escala escenas típicas de las protestas populares contra la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 90).
A diferencia de entonces, esta vez las fuerzas especiales de Carabineros no reprimieron las manifestaciones, en un gesto de prudencia originado tal vez en las críticas que mereció la violencia lanzada el lunes contra las mujeres en el centro de Santiago.
La crisis deja hasta ahora como saldo dos policías expulsados de Carabineros y remitidos a la justicia militar acusados de sedición, más otros seis o siete que serían también despedidos por la participación de sus esposas en la marcha del lunes.
Pero lo que más preocupa a las autoridades es el efecto institucional de esta crisis, inducida según el general Ugarte por supuestos intereses políticos que buscarían subvertir el orden interno de Carabineros y desprestigiar a la policía.
Informes de prensa dan cuenta de la "filtración" de mensajes con renovados reclamos salariales en las ondas radiales de los servicios internos de comunicación de la policía, así como de la circulación de panfletos en comisarías y cuarteles.
Esta rebelión, inédita en la historia policial y militar de Chile, tiene como base el descontento del personal de tropa y suboficiales por la inequidad salarial en relación a las remuneraciones que percibe la oficialidad.
Ugarte y el gobierno rechazan esos reclamos, pero se iniciaron gestiones para acelerar la asignación de recursos especiales para financiar aumentos salariales extraordinarios, catalogados de insuficientes por las mujeres de los policías.
El ministro Troncoso respaldó en la noche de este miércoles al comandante de Carabineros y negó que Frei le hubiera solicitado la renuncia o que Ugarte estuviera dispuesto a dimitir.
El jefe policial deberá comparecer la próxima semana ante las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado en la sede del Parlamento en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
Los legisladores pedirán informes a Ugarte sobre la distribución de fondos públicos entregados anteriormente al Cuerpo de Carabineros para el mejoramiento de las remuneraciones de sus 40.000 efectivos.
Este cuerpo de policía, creado hace 71 años, dependió hasta el golpe de Estado de 1973 del Ministerio del Interior, pero la dictadura de Pinochet lo adscribió al Ministerio de Defensa, fortaleciendo asi su militarización.
En la actualidad se da una doble dependencia de Carabineros: de Defensa para aspectos administrativos y presupuestarios, y del Interior en las materias operativas, al igual que en el caso del Servicio de Investigaciones (policía civil).
El gobierno solicitará al Parlamento que se termine con esta situación y que los dos cuerpos policiales retornen por entero al área del Ministerio del Interior. (FIN/IPS/ggr/ff/ip-hd/98
