La venta de armas, bastones de descarga eléctrica, gases paralizantes, alarmas, perros guardianes y de cuanto otro dispositivo de seguridad o autodefensa se pueda imaginar registran un explosivo aumento en Chile.
En el país se desató en los últimos meses una verdadera psicosis sobre la delincuencia que, según algunos, tiene fundamentos objetivos, mientras para otros es el resultado de una campaña que parece perseguir fines políticos.
Lo cierto es que los asaltos, robos y violaciones ya no están sólo en los medios sensacionalistas, sino que ganan espacio en la prensa "seria", como testimonio de una creciente preocupación de la ciudadanía acogida por las autoridades.
El gobierno de Eduardo Frei propuso la creación de un viceministerio de Seguridad, dependiente de la cartera del Interior, que tendría a su cargo al cuerpo de Carabineros (policía militarizada) y al Servicio de Investigaciones (policía civil).
Se estudian igualmente reformas a los regímenes de libertad condicional, ya que varios de los delitos más violentos de las últimas semanas fueron cometidos por presos que gozaban del beneficio de la salida diurna o por procesados libres bajo fianza.
En otros casos, se supo que los autores de asaltos fueron delincuentes que salieron de la cárcel antes de completar su condena, favorecidos por los mecanismos de rebaja de pena que se aplican periódicamente.
La alarma mayor resonó a causa del asalto a residencias particulares y omnibuses y por la violación de mujeres abordadas por lo general en su automóvil, en la calle o en sitios de estacionamiento.
Además del delito sexual, los asaltantes se llevan muchas veces el el vehículo de sus víctimas y obligan a éstas a revelar las claves de las tarjetas de crédito, para robarles dinero a través de los cajeros automáticos.
Uno de los casos más publicitados ocurrió a comienzos de abril en el municipio santiaguino de Las Condes, que concentra a la población de mayores ingresos de Chile, cuando una joven fue asaltada y violada en los parques que circundan un nudo vial.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y el senador Carlos Bombal, ambos de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), creyeron identificar como responsable del delito a un recluso que supuestamente salía de la cárcel con la complicidad de los vigilantes.
Las investigaciones policiales desmintieron esa afirmación, aunque en rigor, el asaltante y violador era otro preso, un drogadicto que había sido favorecido por un régimen de libertad diurna por resolución de los tribunales.
El Servicio de Gendarmería, cuerpo de vigilancia carcelaria dependiente del Ministerio de Justicia, se querelló judicialmente contra Lavín y Bombal, quienes advirtieron, no obstante, que continuarán su campaña contra la delincuencia.
La UDI es el partido más cercano al ahora general retirado Augusto Pinochet, quien encabezó el régimen dictatorial que gobernó al país desde 1973 hasta comienzos de 1990 y que desde el 11 de marzo es senador vitalicio.
La UDI y Renovación Nacional (PRN), el otro partido de la oposición derechista, acusan al gobierno de centroizquierda de Frei de "mano blanda" ante los delincuentes y de mantener una política "errática" en materia de seguridad ciudadana.
La campaña surte efecto en algunos sectores. En una encuesta callejera de un canal de televisión sobre medidas para garantizar la seguridad ciudadana, una anciana pidió a gritos "que vuelva Pinochet" y otros ciudadanos reclamaron "mano dura".
El gobierno se defiende y sostiene que las estadísticas policiales demuestran una clara disminución de delitos con relación a 1991, cuando aún operaban grupos insurgentes armados que realizaron 120 asaltos bancarios.
El viceministro del Interior, Belisario Velasco, dijo que este año se registran sólo 13 asaltos bancarios y siete atracos a supermercados, mientras en 1991 fueron asaltados 50 supermercados y 150 camiones repartidores de alimentos.
María Pía Guzmán, diputada del PRN, sostuvo, en cambio, que los delitos aumentaron casi 60 por ciento en 1996 respecto de 1995 y que además se caracterizan por su mayor violencia, con bandas que asaltan y roban en calles y viviendas.
Los distintos parámetros estadísticos arrojan también conclusiones distintas del gobierno y la derecha sobre el aumento cuantitativo de los delitos, aunque parece haber consenso sobre el modus operandi más violento de los delincuentes.
El día 25, una pandilla de siete individuos asaltó un omnibus en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, desvalijó a los pasajeros y los mantuvo secuestrados por cuatro horas, y dos de los asaltantes violaron a una joven de 16 años.
Este caso incrementó las críticas al sistema judicial, ya que la policía logró detener rápidamente a los dos violadores, comprobándose que eran delincuentes comunes que hace un mes obtuvieron libertad bajo fianza pagando poco más de un dólar.
El presidente Frei planteó el día 27 una política integral contra la delincuencia, con medidas policiales, administrativas y judiciales, y también instando a la televisión a abstenerse de difundir programas con crímenes y violencia.
El general retirado de Carabineros y actual director de Gendarmería, Mario Morales, estima que existe un pánico exagerado y afirma que "las tasas delictuales chilenas son mejores que en cualquier otro país latinoamericano".
En este pánico concurren varios factores, vinculados a un proceso de modernización que promueve el individualismo y el consumismo, identificados en algún momento por el ex presidente Patricio Aylwin como factores promotores tambien de la delincuencia.
El último informe sobre Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece un vínculo entre la inseguridad ciudadana y la crisis de sociabilidad, lo cual deriva en un fenómeno de "subjetividad vulnerada".
El estudio del PNUD señala que 78,1 por ciento considera muy probable sufrir un robo en la calle o en un bus, aunque los delitos de ese tipo afectan a alrededor de 20 por ciento de la población, la mayoría de las veces sin violencia.
El mismo informe apunta que 87,7 por ciento creen que no serán ayudados por los demás ante un ataque o agresión en la calle y que 89,1 por ciento desconfían de que los autores de un delito grave en su contra sean condenados en un tiempo razonable.
En este nuevo andamiaje de conductas sociales, la delincuencia irrumpe con más audacia, violencia y cambio de lugares de operación, y municipios ricos como Las Condes son escenario de ataques y violaciones a mujeres solas.
El delincuente que antes operaba en áreas marginales emigra al barrio alto, no sólo empujado por los mensajes de consumismo, sino también por la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos que caracteriza a la economía chilena. (FIN/IPS/ggr/ff/hd- ip/98
