Los nueve extranjeros y un brasileño presos por el secuestro de un empresario en 1989 suspendieron hoy la huelga de hambre iniciada 15 días antes al aceptar un acuerdo que les permitirá cumplir la sentencia en régimen semiabierto en Brasil.
La manifestación amenazaba afectar las relaciones entre Brasil y Chile. El vicepresidente de la Cámara de Diputados chilena, el socialista Jaime Naranjo Ortiz, había advertido que su país reaccionaría con "medidas correspondientes" en caso de la muerte de alguno de los presos.
El gobierno brasileño sería el "único responsable, por su insensibilidad" ante el riesgo para la vida de los huelguistas, acusó el diputado durante una visita a los presos, entre ellos cinco chilenos, la semana pasada en Sao Paulo.
El presidente Fernando Henrique Cardoso fue recibido con varias manifestaciones de protesta de familiares de los presos en Santiago de Chile, al participar en la II Cumbre de las Américas el 18 y 19 de abril.
Los cinco chilenos, dos argentinos, una pareja canadiense y el brasileño secuestraron en diciembre de 1989 al empresario Abilio Diniz, dueño de la red de supermercados Pan de Azúcar. El objetivo era recaudar fondos para enviar a la guerrilla de El Salvador.
El secuestro fracasó, porque la policía detuvo a algunos de los autores, lo que permitió llegar a los demás y a la casa en un barrio de Sao Paulo donde estaba el empresario.
La acción, en vísperas de elecciones, contribuyó a la derrota del candidato izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que disputaba con Fernando Collor de Mello la presidencia de Brasil. La policía dijo haber incautado a los secuestrados abundante material de propaganda del líder del Partido de los Trabajadores.
El acuerdo para el fin de la huelga de hambre fue mediado por el cardenal Paulo Evaristo Arns, arzobispo de Sao Paulo que se destacó en la defensa de los presos políticos y la denuncia de torturas practicadas por el régimen militar brasileño de 1964 a 1985.
La situación de dos presos era grave, exigiendo incluso una asistencia en un hospital, ante la gran pérdida de potasio. El argentino Humberto Paz, que sufre de hipertensión, sufrió la mayor pérdida de peso, 10 kilos.
Hubo apenas la promesa de revisión de la situación penal de los 10 secuestradores, con la posibilidad de que sean beneficiados con la prisión semiabierta, que permite trabajar durante el día y volver a la noche a la cárcel, precisó el juez encargado del caso, Octavio Barros Filho.
Pero todo indica que tienen derecho a ese beneficio, adelantó el juez, anunciando que debe llegar a una decisión dentro de dos meses. Condenados a 28 y 26 años de prisión, los secuestradores ya cumplieron ocho años y cuatro meses de la pena.
Una de las dos presas ya había obtenido el régimen semiabierto anteriormente, pero la justicia se la retiró argumentando que era una extranjera sin permiso de trabajo en el país.
La huelga de hambre tenía otros fines. Los presos querían la expulsión de los extranjeros y un indulto para el único brasileño que participó en el secuestro.
El gobierno brasileño rechazó la expulsión, que representaría una "amnistía" de hecho, según el secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori. La salida buscada era el acuerdo bilateral de transferencia de presos, que se firmó con Canadá y se negocia con Chile y Argentina.
Ese acuerdo permite la repatriación de los presos para que puedan cumplir el resto de la pena en su país. Los secuestradores reclamaban la expulsión, que les devolvería la libertad.
Además de un movimiento de los familiares, con manifestaciones en Chile y Canadá, los presos ganaron la solidaridad del cardenal de Sao Paulo y varios juristas brasileños. Otros presos en condiciones idénticas recibieron beneficios de la Ley de Ejecución Penal, como el régimen semiabierto, argumentaron.
Un manifiesto firmado por reconocidos juristas como Márcio Thomaz Bastos, ex presidente del Colegio de Abogados de Brasil, recomendaba la expulsión como forma de cumplir la Constitución brasileña en relación a presos que "hace mucho deberían estar en libertad".
El problema es que la justicia no reconoció el secuestro de Diniz como delito de carácter político. Además, los secuestros practicados por criminales se multiplicaron en los últimos años y el parlamento votó leyes especiales para aumentar la pena de ese delito, en un intento por contener la violencia en Brasil.
Ante las presiones por el fin de la impunidad en el país y por una mayor represión del crimen, el gobierno busca evitar una imagen de condescendencia en relación al secuestro de un importante empresario nacional. (FIN/IPS/mo/ml/ip/98
