Una huelga de hambre en Sao Paulo, manifestaciones en Santiago de Chile y presiones de Chile y Canadá convirtieron en problema diplomático la prisión de nueve extranjeros que secuestraron un empresario en Brasil en 1989.
Los 10 presos en la penitenciaría de Sao Paulo -cinco chilenos, dos argentinos, dos canadienses y un brasileño- iniciaron el 13 de abril una huelga de hambre que empieza a provocarles hipertensión, hipoglicemia y dolores, además de la pérdida de más de tres kilos cada uno.
La movilización de sus familiares y de políticos chilenos importantes hicieron menos agradable la actual presencia del presidente Fernando Henrique Cardoso en Santiago para participar de la II Cumbre de las Américas, este fin de semana.
Manifestaciones ante la embajada brasileña le piden "pagar sus deudas con el pueblo chileno", recordando los años 60 en que Cardoso vivió exiliado en Chile, por lo que considera a ese país como su "segunda patria".
Además, el mismo gobierno chileno, encabezado por el canciller José Miguel Insulza, reclama de Brasil la expulsión o transferencia de los cinco presos de manera que puedan ser liberados en su país.
El diputado socialista Jaime Naranjo llegó a considerar "persona non grata" a Cardoso por la negativa de su gobierno a permitir un acuerdo para la liberación de los presos "políticos".
Esas presiones chilenas se suceden a las que Canadá venía ejerciendo, a través de parientes, organizaciones humanitarias y, más discretamente, del propio gobierno. Un acuerdo bilateral para transferencia de presos, sancionado por Cardoso el martes, permite la repatriación de los dos canadienses.
Christine Lamont y David Spencer rechazaron, sin embargo, esa solución y adhirieron a la huelga de hambre, reclamando la expulsión de Brasil, alternativa que representaría la inmediata liberación en su país de origen.
Todo empezó en diciembre de 1989, en Sao Paulo, cuando la banda multinacional secuestró al empresario Abilio Diniz, dueño de la segunda mayor red brasileña de supermercados, y exigió una suma millonaria a cambio de su liberación.
El objetivo, según los secuestradores, era recaudar fondos para la guerrilla de El Salvador. Los chilenos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el brasileño del Partido de los Trabajadores.
Cuatro de ellos fueron luego detenidos y, según sus denuncias, torturados. La policía descubrió entonces el lugar donde estaba cautivo el empresario. Cercados, los demás se rindieron, liberando al rehén.
Los 10 reos fueron condenados inicialmente a prisión por nueve a 15 años, con derecho a régimen semiabierto para cinco de los reos. Pero un tribunal de segunda instancia elevó las penas a 26 y 28 años, una decisión cuestionada por varios abogados.
"Las penas no fueron individualizadas de acuerdo a la participación de cada uno" y no se concedió a los presos beneficios previstos para su buen comportamiento, criticó André de Paula, abogado de la Central de Movimientos Populares, una organización no gubernamental.
El derecho a la prisión semiabierta, trabajando fuera durante el día, le fue negada a una de las dos presas bajo el argumento de que era extranjera sin permiso de trabajo en el país, lamentó Helio Bicudo, diputado y jurista de larga militancia en favor de los derechos humanos.
La justicia no reconoció como políticos a los presos, aunque algunos jueces de la Suprema Corte admitieron los fines políticos del secuestro. El rescate exigido no se destinaba a provecho propio, distinguiéndose del delito practicado por bandidos, señalaron.
Ante las presiones externas, el gobierno brasileño decidió solucionar la cuestión por el acuerdo de transferencia de presos con Canadá, Chile y Argentina. De esa forma, los extranjeros serán repatriados, tal como los brasileños detenidos en esos países, pero cumpliendo sus penas.
Eso se hizo con Canadá. Pero una encuesta hecha por el diario O Estado de Sao Paulo reveló que 68 por ciento de la población local se opone a la repatriación, por herir la soberanía nacional (57 por ciento) y creer que no cumplirán la pena en sus países.
Ese resultado llevó el presidente del Congreso Nacional, senador Antonio Carlos Magalhaes, y otros parlamentarios a manifestarse contra la aprobación del acuerdo de transferencia con Chile y Argentina.
Además, Brasil se opone a que esos países puedan liberar o conceder libertad condicional a los presos, como quieren tanto Chile como Canadá. El caso se convirtió así en una conflicto diplomático de baja intensidad que tiende a seguir incomodando al gobierno brasileño. (FIN/IPS/mo/ml/ip/98
