El movimiento sindical de Bolivia salió derrotado y con las manos vacías al cabo de casi un mes de violento conflicto con el gobierno de Hugo Banzer, y ordenó a las bases retornar al trabajo este lunes.
La Central Obrera Boliviana (COB) demostró nuevamente que no tiene la capacidad de convocatoria del pasado, ya que sólo el magisterio acató la huelga general indefinida iniciada el día 1.
Los campesinos cocaleros también acompañaron la huelga con bloqueos de carreteras en la central región del Chapare, pero los analistas aseguran que estuvieron motivados más por sus propios intereses en rechazo a los planes gubernamentales de erradicación de cultivos ilícitos que por su pertenencia a la COB.
El resto de los sectores laborales se mantuvo al margen de la medida, aunque el gobierno estuvo a punto de dictar el estado de sitio para controlar la movilización de profesores en La Paz.
La COB reclamaba un aumento general de salarios y otras reivindicaciones, como la suspensión de los planes de erradicación de coca.
Al final del largo conflicto, en el que murieron ocho campesinos cocaleros en los enfrentamientos con fuerzas militares y policiales en el Chapare, el gobierno sólo concedió un punto más de aumento salarial para los maestros de educación pública sobre el 6,5 por ciento ofrecido inicialmente.
Para los trabajadores de la salud se ratificó el incremento de 6,5 por ciento, en tanto los otros sectores de la administración pública no lograron nada.
En cuanto a los trabajadores del sector privado, el gobierno instruyó que empleadores y trabajadores acuerden los porcentajes del aumento salarial para este año.
Los propios dirigentes sindicales admiten que al final del conflicto sólo obtuvieron "limosnas" del gobierno en el tema salarial, y absolutamente nada en el resto de las demandas.
"Los dirigentes de la COB priorizaron en exceso el diálogo con el gobierno, que en última instancia fue un engaño. Por dialogar se olvidaron de unificar la lucha y movilizar a otros sectores", dijo Vilma Plata, dirigente del magisterio de La Paz.
Javier Baldivieso, dirigente nacional de los maestros urbanos, señaló que "la estructura social cambió desde 1985, y muchos sindicatos todavía no han encontrado la forma de movilizarse en medio de las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas, adversas a los intereses de los trabajadores".
En el Chapare, los campesinos cocaleros están también a punto de suscribir un acuerdo con el gobierno, a condición que ordene el retiro de las Fuerzas Armadas de la zona.
Los cocaleros lograron que se indemnice a las familias de los ocho campesinos muertos en los enfrentamientos y se compense con 2.500 dólares por cada una de las hectáreas de coca erradicadas por la fuerza durante el conflicto.
El tema de fondo que separa a los campesinos cultivadores de coca y el gobierno es la política de erradicación de cultivos oficial, que se resume en el objetivo de "coca cero en el año 2002" comprometido ante Estados Unidos.
El vicepresidente Jorge Quiroga ratificó este sábado que nada impedirá que el gobierno cumpla con el objetivo de sacar a Bolivia del circuito coca-cocaína a partir del 2002.
"El gobierno hará lo que tenga que hacer, a pesar de la resistencia de algunos grupos afectados. Lo contrario significaría alentar que se siga sembrando coca ilegal y que se siga fabricando cocaína", dijo Quiroga.
Bolivia es el segundo productor mundial de coca, después de Perú, y el segundo de cocaína, después de Colombia, por las 35.000 hectáreas de coca excedentarias, no destinadas al consumo tradicional, del Chapare. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/98
