El presidente de Bolivia, Hugo Banzer, enfrenta la mayor ofensiva sindical en sus ocho meses de gobierno, con una huelga general indefinida, bloqueos de carreteras por parte de campesinos y enfrentamientos de trabajadores urbanos con la policía.
La tensión social subió a tal grado, que el gobierno debió recurrir las Fuerzas Armadas para controlar la situación.
Más de 2.000 efectivos de la policía y el Ejército controlan desde la noche del martes la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, en la región del Chapare, que más de 3.000 campesinos cultivadores de coca mantenían bloqueada desde hacía una semana.
El marco global de las protestas es una huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) a partir del día 1 en demanda de aumentos salariales.
En el marco de estas protestas, ha aparecido otro sector radical, además de los campesinos productores de coca: los maestros de la educación pública.
Las organizaciones sindicales del magisterio, tradicionalmente conducidas por trotskistas, salen a diario a las calles de La Paz, haciendo explosionar cartuchos de dinamita. En estas protestas, se han producido saqueos a comerciantes informales.
La COB exige al gobierno un aumento salarial superior al 6,5 por ciento ofrecido para maestros y trabajadores de la salud, y porcentajes menores para el sector público y los rentistas.
Fiel a su estrategia maximalista, también este año la COB pide un salario 10 veces superior al actual, calculado en base al salario mínimo nacional, de unos 55 dólares.
Pero el frente de batalla más duro que tiene el gobierno siguen siendo los campesinos productores de coca de la central región del Chapare, donde además se produce la cocaína.
En siete días de conflicto, cuatro campesinos han muerto por impactos de bala en los enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares en el Chapare.
Los cocaleros se oponen a los planes de erradicación de cultivos del gobierno de Banzer, que se ha comprometido ante el país y Estados Unidos a eliminar hasta la última plantación de coca en sus cinco años de gestión.
Hasta ahora, los planes de sustitución de cultivos de coca han fracasado. Mientras en un lugar los campesinos destruían voluntariamente sus plantaciones a cambio de una compensación económica, en otro sector plantaban coca nueva.
Banzer se propuso sacar a Bolivia del circuito de la coca y la cocaína con planes rígidos de erradicación, y esa meta ya es de conocimiento de Estados Unidos, que también ha hecho suyo ese objetivo.
Con esa condición, Washington anunció el día 6 que repondrá la totalidad de la ayuda económica antidrogas destinada a Bolivia, que este año iba a caer de 48 millones de dólares a 12 millones.
Pero el movimiento de campesinos cocaleros ha anunciado que no desistirá en su ofensiva de bloqueos de caminos, y ha amenazado incluso con responder con violencia a la represión de fuerzas policiales y militares en la región del Chapare.
"Vamos a tener que instruir que los compañeros (cocaleros) se defiendan, porque no puede ser que se continúe militarizando el trópico", dijo el líder de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos, Román Loayza, al referirse al permanente ingreso de militares al Chapare.
En tanto, el gobierno asegura que las protestas de los campesinos del Chapare están digitadas por el narcotráfico y los acusa de no tener intención de sentarse a dialogar.
Al conflicto frente a los planes de erradicación de coca se sumó la resistencia tenaz del ministro de Gobierno (Interior), Guido Nayar, a dialogar con el principal dirigente cocalero, Evo Morales, también diputado por la región del Chapare.
El ministro explicó su posición en la acusación de Morales sobre una presunta relación de la familia de Banzer con el narcotráfico en el pasado. Los campesinos, por su parte, también se resisten a iniciar conversaciones mientras se mantenga el "veto" a su líder.
"El gobierno no puede obligarnos sobre qué dirigentes van o no al diálogo. Ellos quieren romper las negociaciones de alguna manera para continuar con la represión abusiva", afirmó Luis Cutima, dirigente de los campesinos cocaleros.
En ese marco, analistas y dirigentes políticos se han centrado en el motivo por el cual Banzer no ha dictado el estado de sitio, como lo hicieron sus tres antecesores en la Presidencia para controlar situaciones similares.
La explicación más generalizada consiste en que el estado de sitio afectaría la imagen de Banzer, quien pretende pasar a la historia como un presidente democrático y necesita cuidar su imagen ante la comunidad internacional, evitando que se recuerde la dictadura militar que encabezó entre 1971 y 1978.
"El presidente Hugo Banzer y su gobierno arrastran la hipoteca de la década del 70 y no quieren hacer nada que a la población le recuerde esos años", comentó Jorge Lazarte, vocal de la Corte Nacional Electoral de Bolivia. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/98
