El gobierno de Bolivia estudia en secreto la posibilidad de imponer el estado de sitio para acabar con la prolongada y creciente ola de violencia social en la ciudad de La Paz y la región productora de coca y cocaína del Chapare.
El conflicto social ha mantenido una tendencia a recrudecer en 21 días de huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para reclamar desde mejores salarios hasta el cese de la erradicación de cultivos de coca.
En este período, ocho personas han muerto en enfrentamientos entre campesinos productores de coca y fuerzas combinadas de la policía y las fuerzas armadas en la región del Chapare, ubicada en el centro del territorio de este país.
Agentes y soldados arrojaron bombas de gases lacrimógenos este martes, como casi todos los días en las últimas tres semanas, a una manifestación, ésta de unos 700 campesinos opuestos a la erradicación forzada de cultivos nuevos de coca que efectúa la denominada "policía ecológica" con apoyo militar.
Al mismo tiempo, el gobierno denunció la supuesta constitución del Ejército Chapareño de Liberación Nacional, según panfletos que circularían en esa región. La organización clandestina tendría la finalidad de resistir por medio de las armas la erradicación de los plantíos.
El ministro de Gobierno (Interior), Guido Nayar, dijo que las movilizaciones de los campesinos cocaleros del Chapare está organizada y financiada por narcotraficantes que poseen laboratorios de producción de cocaína en esa zona.
Los campesinos rechazan esa acusación, pero advierten que resistirán los planes de erradicación del gobierno.
"El único ejército que existe en el Chapare es el ejército de la pobreza", alertó Evo Morales, líder de las 30.000 familias que cultivan coca en la región.
En los últimos 10 días de enfrentamientos desaparecieron 40 campesinos, según Morales, quien teme que hayan sido asesinados por policías y militares que operan en la zona.
El dirigente cocalero advirtió también que los campesinos continuarán realizando bloqueos relámpago de la ruta que une Santa Cruz y Cochabamba, segunda y tercera ciudad del país, respectivamente.
Periodistas locales informaron que en el Chapare se vive un virtual estado de sitio, pues las libertades de reunión y movilización están abolidas y policías y militares patrullan la zona.
Los campesinos del Chapare se oponen al plan de erradicación de cultivos impuesto por el gobierno de Hugo Banzer en el marco del denominado "Plan Dignidad", que propone eliminar en cinco años toda la coca excedentaria que se destina al narcotráfico.
En las ciudades, el conflicto tiene otra dimensión. Los actores de las protestas son maestros rurales y urbanos, que reclaman un incremento salarial superior al 6,5 por ciento que ofreció el gobierno para este año.
En La Paz, las manifestaciones de maestros rurales, los enfrentamientos con la policía, los bloqueos de calles, los disparos de bombas de gases lacrimógenos y las agresiones mutuas son cosa de todos los días.
La agresividad de los maestros rurales se volcó el lunes incluso contra los periodistas, a quienes impidieron realizar su trabajo.
En ese contexto, la posibilidad de imponer un estado de sitio está latente. Banzer ha anunciado que no le preocupa afectar su imagen con una medida de excepción.
"No estoy en busca de popularidad. La salida de la crisis es seguir con el diálogo y si la respuesta es la violencia, la Constitución nos autoriza a dictar medidas de excepción. Todavía no ha llegado ese momento", aseguró.
Los tres anteriores gobiernos de Bolivia dictaron estados de sitio en situaciones de conflicto para evitar el aumento de la violencia, pero a Banzer parece costarle más ordenar una medida de ese tipo por el efecto que tendría para su imagen, dado su pasado dictatorial (1971-1978), coinciden diversos analistas. (FIN/IPS/jcr/mj/ip hd/98
