La organización de los consumidores es un déficit de todos los países del Mercado Común del Sur (Mercosur), pero sigue sin aprobarse una legislación que consagre los derechos de los usuarios en el bloque.
Un Protocolo de Defensa del Consumidor en el Mercosur (PCDM) fue aprobado a nivel técnico, pero debe ser todavía refrendado a nivel político.
Brasil es la nación de la alianza sureña que cuenta con leyes más favorables a los consumidores, mientras en Uruguay se carece de toda disposición al respecto.
En cuanto a la organización autónoma de los consumidores en asociaciones, Brasil también se sitúa a la cabeza, pero las organizaciones de usuarios distan de tener la fuerza de que disponen en otros países de América Latina como Chile o Colombia.
Las normas incluidas en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil son bastante más favorables a los usuarios que las dispuestas en el PCDM, al cual ese país adhirió a nivel de los organismos técnicos del bloque pero no a nivel político.
"Lo mejor sería que los otros tres países del Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay) se alinearan sobre las disposiciones brasileñas, pero será muy difícil que suceda", estimó el legislador Gabriel Barandiarán, autor de uno de los tres proyectos que el parlamento uruguayo estudia en esta materia.
"En caso de que el Protocolo sea aprobado en su estado actual, los consumidores brasileños perderán potestades, mientras los de las otras tres naciones saldrán ganando", agregó.
Uno de los escollos a la extensión de las leyes brasileñas al resto del bloque es que contiene normas consideradas como medidas de protección paraarancelarias a la industria de ese país, por ejemplo en lo relativo a la presentación y el envasado de cierto tipo de productos.
"Basta que un país miembro del Mercosur exija que los productos incluyan una etiqueta con tal o cual descripción o comercializarse en envases de tal o cual medida para que se establezca una barrera no arancelaria", señaló Barandiarán.
El legislador uruguayo recordó que disputas en ese terreno retrasaron durante años la armonización de las legislaciones de defensa de los consumidores entre los miembros de la actual Unión Europea.
Por otra parte, Uruguay y Paraguay han vetado hasta ahora una disposición del Protocolo según la cual "en caso de duda, la interpretación del Reglamento Común deberá realizarse en favor del consumidor".
"En Argentina, los consumidores se han visto en los últimos años sumergidos por una avalancha de ofertas de productos y servicios, pero no cuentan con dispositivos adecuados de defensa" ni con leyes que obliguen a los proveedores de esos productos y servicios a detallar claramente su oferta, señaló el abogado argentino Andrés Cisterman.
Algo similar afirmaron los legisladores socialistas uruguayos Reinaldo Gargano y José Korzeniak, autores de otro de los proyectos de defensa de los consumidores elevados al parlamento de su país.
El PDCM dispone, en su artículo ocho, que los consumidores tienen derecho a "la protección de la vida, la salud y la seguridad contra lo riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos".
También a una "información suficiente, clara, oportuna, adecuada y veraz en el idioma del país de consumo" y a la protección contra "la publicidad engañosa, métodos comerciales coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y a cláusulas abusivas en los contratos de adhesión" redactados por las empresas.
En el punto seis de ese artículo, el Protocolo de Defensa del Consumidor del Mercosur establece igualmente "una adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos en general por proveedores públicos y privados".
En este último terreno, la Primera Conferencia Regional de Consumidores y Servicios Públicos, realizada en enero en Santiago de Chile, constató las carencias registradas, desde el punto de vista de los usuarios, en los procesos de privatización de empresas públicas de servicios domiciliarios en varios países de América Latina.
"Antiguos monopolios estatales de naciones de la región fueron 'desregularizados' en procesos que involucraron únicamente a los gobiernos y a los grupos econónicos que los compraron, sin considerar al protagonista fundamental, los usuarios", señaló la abogada argentina Andrea Botto.
Botto es coordinadora del proyecto Consumidores y Servicios Públicos en América Latina, autor de un estudio al respecto.
En América Latina en general y en los países del Mercosur en particular, las asociaciones de consumidores carecen de potestades para controlar las prestaciones de los servicios públicos, sean éstas asumidas por empresas estatales o privadas .
En la conferencia de Santiago, Mariana Riveros, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, resaltó la necesidad de una "alianza estratégica" entre asociaciones de consumidores y entes de regulación, a imagen de las que se han constituido en algunos países de la Unión Europea. (FIN/IPS/dg/ml/dv-pr/98
