El gobierno de Estados Unidos y varios legisladores relizan esfuerzos para retomar el control de las normas laborales, de inmigración y comercio de las Islas Marianas del Norte, territorio en el océano Pacífico con estatuto de cuasi independencia desde hace 22 años.
En el territorio, situado en el Mar de Filipinas, a unos 1.000 kilómetros de China, hay ahora unas 30 fábricas de vestimenta de propiedad asiática que emplean a unos 37.000 trabajadores de China, Bangladesh y Filipinas.
Según autoridades estadounidenses, los trabajadores fueron atraídos al territorio, donde se les negaron sus derechos humanos y se vieron forzados a lo que equivale a servilismo involuntario.
"Las islas Marianas del Norte deberían decidir si es su prioridad convertirse en miembro de la familia política de Estados Unidos o preservar un sistema económico poco ético para los valores de este país", dijo el secretario del Interior, Bruce Babbitt, el martes en Washington ante un comité del Senado.
Babbitt urgió al Congreso a extender las leyes de inmigración y laborales al territorio, para poner fin a las irregularidades.
La audiencia, convocada por el presidente republiciano del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, Frank Morkowski, siguió a una serire de informes sobre condiciones laborales en Saipan, la principal isla del archipiélago de las Marianas.
Las Marianas del Norte, que estuvieron en manos de Japón hasta la segunda guerra mundial, pasaron a formar parte del fideicomiso de las islas del Pacífico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En 1976, un referendo determinó el estatuto de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, y las islas pasaron a ser Commonwealth de las Marianas del Norte (CINMI).
Los habitantes de las islas lograron la ciudadanía estadounidense 10 años después, pero no el derecho a votar, y tienen un representante con derecho a voto en el Congreso de Estados Unidos.
Para estimular el crecimiento económico en las islas, el Congreso exceptuó al CNMI de las leyes del salario mínimo y la inmigración.
A mediados de los años 80, el gobierno extendió una invitación a fabricantes extranjeros de vestimenta ansiosos de sacar ventaja de la etiqueta "Made in USA" (Hecho en Estados Unidos), para instalarse en el CNMI.
El resultado fue una floreciente industria de la vestimenta que envía unos 800 millones de dólares anuales en bienes a comerciantes de Estados Unidos, incluyendo marcas como Ralph Lauren y Tommy Hilfiger.
Pero la producción está basada en el reclutamiento y la explotación de decenas de miles de trabajadores extranjeros quienes, según Babbitt, tienen ahora más de 90 por ciento de los empleos del sector privado en las islas.
Unos 37.000 trabajadores extranjeros superan a los casi 28.000 habitantes nativos de la isla. La mayoría de los trabajadores pagan hasta 7.000 dólares cada uno por llegar a Marianas, y son retenidos después de su llegada en galpones superpoblados y en malas condiciones sanitarias.
Autoridades de Estados Unidos también descubrieron que los contratistas reclutan a mujeres, incluyendo menores de edad, de Rusia, Filipinas y otros países para trabajar en clubes nocturnos y burdeles en Saipan.
En un testimonio presentado el martes, una filipina de 16 años llevada a CNMI hace dos años, dijo a los senadores que fue obligada a realizar actos sexuales en un club y que escapó antes de ser enviada a Hong Kong a trabajar como prostituta, por lo que presentó una queja ante autoridades federales.
"Creí que las leyes en Estados Unidos protegen a los trabajadores y tratan a la gente con respeto. Pensé que podría hacer dinero y enviar parte a mi familia. Pero fui tratada como un animal", dijo la chica filipina en un testimonio escrito.
En otros testimonios, dos ciudadanos de Bangladesh dijeron haber entregado unos 5.000 dólares para viajar a Saipan en resupuesta a un anuncio en el periódico de empresas que se negaron a pagarles.
"Más de 1.000 personas de Bangladesh están en la isla", dijo Azizul Haque. "Muchos perdieron el trabajo, muchos no tienen suficiente para comer y muchos están enfermos".
El gobierno de Bill Clinton pidió al Congreso que extienda las leyes de inmigración federal y el salario mínimo al CNMI, y cierre brechas en el comercio permitiendo que fabricantes extranjeros de vestimenta que usan fuerza de trabajo y materiales en el territorio entren al mercado de Estados Unidos libres de impuestos.
Pero el gobernador del CNMI, Pedro Tenorio, que a comienzos de este mes ordenó varias redadas en la mayoría de las plantas, y fue quien inició el sistema que llevó a los abusos, advirtió el martes que el control federal arruniaría la economía del territorio.
El gobierno del CNMI puede contar con el respaldo del republicanos en la Cámara de Representantes, a quienes el gobierno del antecesor y sobrino de Tenorio, Froilan Tenorio, pagó visitas al territorio durante el último año. Entre ellos, el líder de la mayoría, Dick Armey, Tom DeLay y Don Young. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/lp/lb hd/98
