El aumento de los casos denunciados de violencia doméstica, cuyas principales víctimas son mujeres y niños, ha llevado a muchos países de América Latina a legislar en la materia y a instituir mecanismos de protección a las personas agredidas.
De acuerdo con cifras de agencias de las Naciones Unidas, a nivel mundial se estima que 75 por ciento de los destinatarios de agresiones dentro de las familias son de sexo femenino y apenas dos por ciento masculino, considerándose que en 23 por ciento de los casos hay violencia recíproca.
"No se puede decir que en los últimos años hayan aumentado los casos de violencia doméstica, pero sí las denuncias, debido sobre todo, a una mayor toma de conciencia de la mujer sobre sus derechos", dijo Mabel Simois, dirigente de la red uruguaya de asociaciones de mujeres.
La activista agregó que "esa evolución se ha dado en todo el mundo y de manera significativa en los países subdesarrollados, en particular de América Latina".
"Como las mujeres están cada vez más presentes en el mercado laboral, han adquirido cierta independencia económica que las llevó a perder el miedo a separarse de sus maridos o a denunciarlos por agresión", constató, a su vez, la feminista argentina Andrea Ferreri.
"Antes muchas situaciones permanecían ocultas porque la mujer no se animaba a ventilarlas", agregó.
Aun así, Simois destacó que el total de casos existentes de violencia intrafamilar es mucho mayor a los registrados oficialmente.
En un seminario sobre la cuestión organizado en Colombia en marzo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un informe en el que se llega a calcular las pérdidas económicas que causa la violencia doméstica a las sociedades latinoamericanas.
Los países del área pierden el equivalente a 14,2 por ciento de su producto interno bruto como consecuencia de los gastos que genera la violencia intrafamiliar, en salud (atención a las víctimas), en procedimientos judiciales y seguro laboral a las personas agredidas, según el BID.
Para enfrentar el fenómeno, muchos países latinoamericanos han adoptado diversos dispositivos con el fin de asegurar protección a las víctimas de violencia doméstica y eventualmente castigar a sus responsables.
En 1994, las naciones integrantes de la Organización de Estados Americanos suscribieron en Belén do Pará, Brasil, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Al año siguiente, los países de la región figuraron entre los signatarios de las resoluciones de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y realizada en Beijing.
Avanzando en la aplicación de ambos instrumentos internacionales se han instituido mecanismos como las comisarías de la mujer y de la familia y diferentes servicios públicos de atención a las víctimas de violencia doméstica.
Sin embargo, la Red Latinoamericana de Mujeres se queja de la ausencia en muchos países de la región de leyes que castiguen específicamente la violencia doméstica, aun si la situación en este plano difiere mucho de una nación a otra.
Países que han legislado sobre violencia intrafamiliar, con distintos enfoques, son Argentina, Chile, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.
La ley argentina, vigente desde 1994, plantea exclusivamente un procedimiento civil para abordar estos casos, sin prever sanciones penales.
Los jueces de familia están facultados para adoptar medidas cautelares, como la expulsión del agresor del hogar, y a obligar al responsable de agresiones a asistir a programas educativos o terapéuticos.
En Chile, la ley, también de 1994, contiene disposiciones similares a la argentina, pero prevé igualmente penas de prisión y multas contra los agresores.
La legislación peruana, de 1993, otorga competencia en la materia a la policía, el ministerio público y el poder judicial y prevé la intervención de jueces civiles o penales, según el caso denunciado.
Las leyes vigentes en Nicaragua y Guatemala, ambas adoptadas en 1996, contienen medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica en situaciones de crisis.
En México, la Ley de Violencia Intrafamiliar fue recientemente modificada para aumentar la severidad de las penas para quienes hayan sido encontrado culpables de agresiones físicas, sexuales o mentales contra miembros de sus familias.
En ese país las denuncias de casos de violencia doméstica son particularmente altas. En 1997, se conocieron 108.000, 89 por ciento de las cuales fueron formuladas por mujeres.
Se estima, por otra parte, que de los 10.000 niños asistidos en albergues por haber sido víctimas de maltrato físico 70 por ciento fueron objeto de agresiones sexuales, en la gran mayoría de los casos a manos de un familiar directo (padres, primos, tíos).
Las discusiones en el parlamento mexicano en ocasión de la modificación de la Ley de Violencia Doméstica se focalizaron en un artículo que considera violador a quien obliga a su cónyuge a mantener relaciones sexuales, y lo castiga con entre ocho y 14 años de prisión.
Cerca de 30 por ciento de las 108.000 denuncias de violencia doméstica conocidas en 1997 tenían que ver con violaciones de mujeres por sus maridos.
Legisladores del derechista Partido Acción Nacional consideraron demasiado severa las disposiciones previstas en este caso, al tiempo que estimaron, por el contrario, excesivamente bajas las penas estipuladas para familiares que agreden sexualmente a niñas o niños.
En Uruguay, donde se estima que en 47 por ciento de las familias se han presentado casos de violencia doméstica, no hay, sin embargo, una ley en la materia, a pesar de que el parlamento tiene a estudio varios proyectos en la materia, según se resaltó en un seminario organizado los días 17 y 18 en Montevideo. (FIN/IPS/dg/mj/hd/98
