Actos de corrupción vinculados a la compra de armas, desfalco y planillas adulteradas, determinaron la destitución en Honduras de los dos jefes de Fuerza de Seguridad Pública (FSP), un cuerpo de policía militarizado que en mayo pasará a la jurisdicción civil.
Se trata del comandante de la FSP, coronel Julio César Chávez, y del jefe del estado mayor, coronel Manuel Antonio Urbina, que también son investigados por el atentado a la vivienda de la Contralora de la República, Vera Rubí, ocurrido hace tres semanas.
Chávez y Urbina rechazaron las acusaciones y se declararon víctimas de una conspiración para perjudicarlos. La destitución fue dispuesta el lunes pasado por la Junta Interventora de la policía, de naturaleza civil y presidida por el médico Hernán Corrales, quien anunció nuevos cambios en la FSP.
La Junta Interventora reemplazó a Chávez y Urbina por los coroneles Alvaro Flores Ponce, como nuevo comandante, y Andrés Urtecho Jeamborde, jefe del estado mayor.
"Nunca imaginé salir de esta manera. Aquí concluye mi carrera policial de 29 años. Soy consciente que mi destitución ha sido ilegal, injusta y denigrante", dijo el martes Urbina.
Urbina, acusado por los grupos de derechos humanos de complicidad en desapariciones forzadas en la década pasada, de asesinatos y de amenazas de muerte, hasta hace una semana aseguraba que sería el director de la policía nacional civil.
Por su parte, Chávez, afirmó que fue "obligado" a renunciar. El ex jefe de la FSP negó fundamento a las acusaciones, que lo complican en manejo irregular de fondos relacionados con la compra de armas y de una partida presupuestaria de emergencia de más de un millón de dólares aprobada en 1997 por el Congreso.
El presidente Carlos Flores explicó que los dos oficiales fueron relevados por "irregularidades administrativas".
"Hay decisiones que deben ser tomadas para que las cosas se manejen con tranparencia y en el marco de la ley", advirtió Flores. Chávez y Urbina replicaron que "ningún gobernante puede poner o quitar a un oficial que ha hecho méritos en su carrera".
Fuentes vinculadas a la Junta Interventora de la FSP, que recibió su mandato del parlamento, anunciaron a IPS que en las próximas semanas serán "depurados" otros 20 oficiales de policía.
Organizaciones de derechos humanos aplaudieron la destitución de los dos militares-policiales. A su juicio, la decisión confirma el esfuerzo por dar a la sociedad civil un cuerpo de policía fiable y transparente.
Pero también reclamaron la depuración total de la estructura policial, a la que pertenecen unos 500 oficiales.
"En nuestro archivos, casi toda la cúpula de la FSP está implicada en actos bochornosos y para que la depuración sea efectiva, debe empezarse por sacar a esos oficiales", declaró a IPS Bertha Oliva Nativí, del Comité de Familiares Detenidos- Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
La destitución de Chávez y Urbina tomó de sorpresa no sólo a los afectados, sino también al parlamento, que se aprestan a aprobar la ley orgánica de la nueva policía civil.
El proyecto de ley orgánica entraña la consagración de la impunidad de culpables de violación de los derechos humanos y de corrupción, según entienden la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil.
La Conferencia Episcopal católica declaró el lunes su oposición al propósito de los parlamentarios de unificar la FSP con la policía de investigación criminal (de carácter civil), por considerar que esa "concentración de poder" obstaculizará la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La Fiscalía del Estado denunció hace algunos meses que gran parte de la cúpula policial esta implicada en robos, asaltos, secuestros, atentados y amenazas a muerte. (FIN/IPS/tm/ff/hd ip/98
