La minoría étnica ndebele espera una disculpa oficial del gobierno de Zimbabwe desde hace 10 años, pero aparte de la declaración personal de un ministro no hubo otro gesto de reparación por atrocidades cometidas en los años 80 con el pretexto de fomentar la unidad nacional.
Se estima que 2.000 civiles murieron en las masacres escenificadas entre 1982 y 1987 y la gran mayoría eran miembros de la etnia ndebele, reprimidos por una unidad del ejército de Zimbabwe, la ya disuelta Quinta Brigada.
Más de un millar de testigos contribuyeron a precisar los detalles de la masacre en un informe elaborado por la Comisión Católica de Paz y Justicia (CCJP) y la Fundación de Recursos Legales (LRF), que describe los métodos usados por fuerzas de seguridad para sofocar la rebelión ndebele.
"Yo no sabía nada, mucha gente no sabía", dijo el ministro sin cartera Edison Zvobgo al referirse a estos hechos, ocurridos hace más de 10 años en la provincia de Matabeleland, en el sur de Zimbabwe.
"Quiero ser honesto conmigo mismo, quiero poder dormir en paz: nadie puede estar orgulloso por lo que sucedió y, con el objeto de limpiar mi alma, déjenme decir que lamento mucho lo sucedido", añadió el ministro, en una declaración inédita.
Fue la primera vez que un miembro de alto rango del gobierno de Zimbabwe reconoció el hecho de la masacre, pero aún no hay señales de que pueda haber una disculpa oficial por estos hechos. Y se considera que es un paso necesario para lograr la cicatrización de viejas heridas.
El presidente Robert Mugabe recibió el informe de CCJP/LRF en el mes de marzo, pero hasta ahora no ha emitido ningún comentario. Según trascendidos en esta capital, el mandatario opina que no es necesaria la disculpa, pues los hechos se produjeron en tiempo de guerra.
Este informe titulado "Romper el Silencio", fue revelado a la opinión pública tras su publicación en el diario "Mail and Guardian" de Sudáfrica, que además lo colocó en su sitio web en Internet.
Los problemas internos de Zimbabwe empezaron poco después de la independencia en 1980, cuando se iniciaron hostilidades entre los dos grupos guerrilleros que habían protagonizado la lucha contra el colonialismo.
Uno de esos grupos era el Zanla, brazo armado de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico (Zanu-PF), un partido integrado por la mayoría shona que compone 75 por ciento de los 12 millones de habitantes de Zimbabwe, y que se hizo con el poder tras la independencia.
Los ndebeles, que constituyen 15 por ciento de la población, eran integrantes de Zipra, la rama militar de la Unión de Pueblos Africanos de Zimbabwe (Zapu), cuyo líder en esos años era Joshua Nkomo, actual vicepresidente de la nación.
Las diferencias tras la independencia que condujeron a matanzas y a la represión brutal de los ndebeles terminaron en 1987, cuando se firmó un acuerdo de unidad nacional que entre otras cosas convirtió a Zapu en parte de la alianza de gobierno.
La disculpa del ministro Zvobgo fue apoyada por el ex vocero del parlamento, Nolan Makombe. Grupos de derechos humanos opinan que el gesto por parte de dos personalidades políticas podría servir para generar un debate abierto sobre este episodio de la historia reciente.
"El debate es necesario para poder lidiar en forma adecuada con este hecho tan gravitante", afirmó una declaración emitida a fines de marzo por una coalición de cuatro grupos de derechos humanos.
Según dijeron, "el gobierno debe reconocer que en los años 80 se cometieron abundantes violaciones a los derechos humanos en la provincia de Matabeleland, y debe adoptar medidas que permitan reparar esos errores".
"Un proceso de cicatrización sólido requiere que se admitan responsabilidades", añadieron los grupos de derechos humanos, los cuales insistieron que es "la única manera de lograr una efectiva reconciliación".
La aparente decisión gubernamental de que no es necesario pedir disculpas fue considerada en esta declaración como un gesto negativo que "sólo sirve para echar sal en las heridas de las víctimas y aumentar su dolor y sufrimiento".
La propuesta de grupos de derechos humanos incluye la necesidad de llamar a un diálogo nacional con todos los grupos étnicos de Zimbabwe para promover la reconciliación.
Además plantean que el gobierno debe brindar ayuda médica y psicológica a personas que aún cargan con las heridas de hace 10 años, y crear un fondo para canalizar recursos destinados a impulsar el desarrollo en las comunidades que fueron más afectadas.
Otro gesto importante, dijeron, sería la remoción de todos los miembros del gobierno que hayan participado en violaciones a los derechos humanos. (FIN/IPS/tra-en/lm/pm/lc-ml/hd/98
