La privatización de la Corporación del Aluminio de Venezuela se llenó de incertidumbre después de que el consorcio formado por las dos mayores empresas mundiales del sector renunció a participar en la subasta del día 25.
La estadounidense Aluminium Company of America (Alcoa) y Aluminium of Canadá (Alcan), a las que se advirtió judicialmente que consolidarían un monopolio mundial si adquirían la Corporación, anunciaron su retiro del proceso.
Aún quedan dos grupos en la liza para adquirir las cuatro empresas que componen la Corporación del Aluminio de Venezuela, cuyo precio base total fue fijado en 2.100 millones de dólares, aunque solo se proyecta vender 70 por ciento.
Pero uno de ellos, constituido por la también estadounidense Reynolds y la noruega Norsk Hydro, anticipó a través de sus portavoces que, si bien se mantiene en el proceso, aún evalúa si realizará una oferta el día 25.
El otro grupo formado para la adquisición de la Corporación del Aluminio es el conformado por Billiton International Metals (anglo- sudafricana), Pechiney (Francia), Century Aluminium (Estados Unidos) y las locales Sural y Alentuy.
El gobierno de Venezuela está ansioso de vender las empresas del aluminio porque está urgido de recursos para enfrentar la caída de los ingresos petroleros. El sector del aluminio, además, está en agudo deterioro por falta de inversión.
La operación representa en términos nominales la mayor privatización realizada en el país.
El Fondo de Inversiones de Venezuela, que administra el proceso de privatización local, aseguró este martes que el retiro del consorcio Alcoa-Alcan era previsible, pues la compañía estadounidense anunció el día 9 la adquisición de su rival Alumax por 3.800 millones de dólares.
Pero la razón argüida por los represntantes de Alcoa y Alcan es otra.
En una carta al Fondo, indicaron que el precio base era excesivo, lo que, sumado al bajo rendimiento de las compañías en venta el último año y otros elementos, les hacía considerar que no sería posible recuperar el capital invertido.
El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Elías Ynaty, admitió que el retiro del consorcio Alcoa-Alcan "debilita el éxito de la subasta" y criticó "ataques irresponsables contra algunos consorcios" que, a su juicio, nublan la privatización del sector.
La CVG promovió y controló durante los 40 años de democracia las industrias básicas no petroleras pertenecientes al Estado establecidas en la selvática región de Guayana, 800 kilómetros al sureste de Caracas, y de las que ya fue vendido en diciembre el sector siderúrgico.
Waldo Negrón, coordinador de la privatización del aluminio, aseguró que el proceso sigue adelante y se mostró convencido de que será un éxito, pese a las dificultades surgidas durante la última semana.
Noventa por ciento de los 9.900 empleados de la Corporación del Aluminio están en huelga desde el día 11 en reclamo de la firma de un nuevo contrato colectivo antes de la privatización. La huelga genera pérdidas de más de 100 millones de dólares diarios.
Portavoces del banco de inversiones Merryl Linch, asesora del proceso de venta, indicaron que lo que desistimuló realmente a Alcoa y Alcan fue "el deplorable estado de deterioro" en que se encuentran las plantas de aluminio.
El grupo en venta incluye dos reductoras, una empresa productora de ánodos de carbono requeridos en la producción del metal y una compañía que posee un rico yacimiento de bauxita y una planta de alúmina, la pasta básica del alumino.
Se trata de un complejo que tiene la ventaja de su cercanía, la abundancia de agua y la energía barata, los dos requisitos fundamentales para la producción competitiva del aluminio, un rubro muy concentrado con apenas 91 empresas en el mundo que producen en total 16,3 millones de toneladas anuales.
Negrón informó que las dos plantas procesadoras venezolanas controlan 3,9 por ciento de ese total con su producción de 630.000 toneladas anuales.
Alcoa ocupa el primer lugar con 11,7 por ciento de la producción mundial, seguida de Alcan (9,5 pro ciento), Reynolds (6,3 por ciento), Pechiney (5,7 por ciento), Alumax (4,7 por ciento) e Hydro (cuatro por ciento).
Billiton también figura entre los 12 principales productores de aluminio, con 1,3 por ciento del total.
El contrato de compra-venta del sector contempla la adquisición de 70 por ciento. Veinte por ciento pasará a manos de los trabajadores en condiciones preferenciales, y 10 por ciento se destinará a la participación social a través del mercado de valores.
Menos los altos ejecutivos, los trabajadores del grupo tendrán inamovilidad total por un año, más seis meses adicionales en que cada empleado despedido deberá ser sustituido por otro.
Además, el grupo comprador deberá garantizar el nivel actual de abastecimiento del mercado interno por cinco años a precios de mercado.
El comprador deberá realizar una inversión mínima de 300 millones de dólares en cuatro años, a la que se sumará otra partida de 150 millones de dólares para que las empresas pasen a cumplir plenamente con las normas ambientales del país.
Los costos laborales representan 23 por ciento del total en el sector del aluminio, dentro de una estructura paternalista de transporte, adquisición subsidiada de bienes de consumo y otros elementos que impiden que el trabajador reciba un salario alto por su labor y genera una alta ocupación indirecta.
Pero hasta la huelga que comenzó el día 11, los trabajadores garantizaron que las plantas produjeran, a pesar de su obsolescencia, a 92 por ciento de su capacidad, resaltó Negrón.
"Si no privatizamos estas empresas no podrán seguir funcionando un año más", agregó Negrón, quien detalló que mientras el nivel general de inversión por depreciación de activos es de 105 por ciento, en Venezuela se capitaliza sólo 30 por ciento.
Las empresas en venta tienen una deuda de 1.254 millones de dólares, de la que unos 638 millones corresponden al Estado y serán pagados con el resultado de la venta. El resto será pagado por el comprador en un plazo de cinco años. (FIN/IPS/eg/mj/if/98
