El gobierno de Venezuela recibió hoy un fuerte revés cuando debió suspender la proyectada privatización del sector del aluminio, ante las condiciones impuestas por el único grupo dispuesto a concurrir a la subasta de este miércoles.
El ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, aseguró que el gobierno mantiene su decisión de traspasar a manos privadas las cuatro empresas del aluminio en manos del Estado, y que la subasta pudiera hacerse efectiva en un mes más.
El grupo encabezado por la empresa anglo-sudafricana Billiton International Metals indicó que es imposible adquirir las empresas al precio establecido, de 2.100 millones de dólares, sin modificaciones esenciales en el contrato de compra-venta.
Petkoff precisó que la venta del aluminio "es una necesidad para el país" porque el Estado no está en capacidad de realizar las grandes inversiones que se requieren para modernizar las empresas, agrupadas en la Corporación Venezolana del Aluminio para la privatización.
Waldo Negrón, coordinador del proceso de privatización del aluminio, dijo antes de conocerse la suspensión de la subasta que, en las condiciones actuales, las empresas en venta no podrán seguir operando más de un año y añadió que su deterioro es tal que en poco tiempo más no serán adquiridas ni regaladas.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Navarro, aseguró que el gobierno "actuó con dignidad" al rechazar las seis condiciones impuestas por el grupo encabezado por Billiton para comprar las empresas.
De los tres grupos calificados para participar en la subasta pública en que por ley deben realizarse las privatizaciones en Venezuela, el primero en retirarse fue el consorcio encabezado por las dos gigantes mundiales del aluminio, la estadounidense Alcoa y la canadiense Alcan, el día 16.
Tres días después hizo un anuncio similar el grupo conformado por la estadounidense Reynolds y la noruega Norsk Hydro.
Las condiciones exigidas por Billiton y sus socios extranjeros y venezolanos incluye la posibilidad de despedir de inmediato a 1.000 de los 9.900 trabajadores de las empresas agrupadas en la Corporación del Aluminio de Venezuela..
El contrato aprobado por el Congreso establece que se deberá mantener la inamovilidad laboral por una año, excepto para los altos ejecutivos, y en el semestre siguiente cada empleado despedido deberá ser reemplazado por otro.
El consorcio encabezado por Billiton está conformado por la francesa Picheney, la estadounidense Century Aluminum y las venezolanas Sural y Alentuy.
Otra demanda consiste en que se reduzca el valor de la energía estipulado en un nuevo contrato, que según fuentes independientes situó el precio en un nivel superior al promedio internacional, cuando lo barato de este rubro en Venezuela es uno de los elementos más atractivos del sector del aluminio.
El alza de última hora en el costo de la energía ha sido un elemento no explicado por el gobierno, que aparentemente no participó en la decisión pese a ser estatal la empresa Electricidad del Caroni, que controla 70 por ciento de la generación de electricidad en el país.
Las empresas del aluminio están situadas en la selvática región de Guayana, unos 800 kilómetros al sudeste de Caracas, a pocos kilómetros de la represa hidroléctrica del Guri, segunda en operación de América Latina, con capacidad instalada de 10.000 megavatios.
Venezuela produce 630.000 toneladas anuales de aluminio, 3,9 por ciento de la oferta mundial, de 16,3 millones de toneladas.
La Corporación incluye dos reductoras, una empresa productora de ánodos de carbono requeridos en el proceso de fabricación del metal, y otra compuesta por la concesión de yacimientos de bauxita y una planta de alumina, la materia prima y el insumo básico para el aluminio.
Otra condición rechazada a Billiton fue la de extender la concesión de los yacimientos de bauxita incluidos en la venta, que le aseguran al comprador 13 por ciento de las reservas existentes en las vecinas minas de los Pijiguaos, por 13 años.
Billiton y sus socios también pidieron mayores plazos para cancelar la deuda externa de las empresas, un cálculo menor de los pasivos ambientales a los que los compradores deberán hacer frente y algunas exigencias en caso que se hallaran pasivos ocultos, una vez adquiridas las empresas. (FIN/IPS/eg/ag/if/98
