Un grupo de mujeres políticas de la mayoría de los partidos de Uruguay decidió dejar de luchar por cuotas de cargos electivos e impulsar vías alternativas que les permitan mayor participación en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La decisión la tomaron cinco dirigentes, tres de los partidos Colorado y Nacional, que integran la coalición de gobierno, y dos del izquierdista Frente Amplio, tercera fuerza política uruguaya.
En los últimos años, organizaciones de mujeres han venido discutiendo en Uruguay la posibilidad de impulsar una ley que obligue a los partidos políticos a determinada cuota de mujeres en sus listas electorales.
"Esperamos que a través de la posición que ocupamos en nuestros partidos podamos ser escuchadas y encontrar seguidoras en la postura que asumimos", dijo a IPS la colorada Milka Barbato, presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que apoya a las pequeñas y medianas empresas.
Barbato dijo que se decidió dejar de luchar por la cuotificación porque está comprobado que en los países en los que hay normas que lo establecen, la mujer siempre es relegada y "en lugar de significar un destaque es en realidad una discriminación", como sucede en Argentina, arguyó.
La dirigente informó que también decidieron rechazar eventuales invitaciones a debates políticos entre mujeres, para evitar que sean puestas "unas contra otras".
"Para debatir lo haremos en con hombres y mujeres y no solo dentro de nuestro genero", dijo Barbato, al referirse básicamente a las elecciones internas de los partidos políticos y a las elecciones nacionales que tendrán lugar en 1999.
El grupo lo integran, además de Barbato, la ministra de Trabajo, Ana Lía Piñeyrúa, la única mujer en el gabinete del presidente Julio Sanguinetti, y la directora del Instituto Nacional del Menor, Beatriz Argimón, ambas del Partido Nacional, y las frenteamplistas Graciela Romitti y Margarita Percovich.
A partir de la restauración democrática en 1985, tras 12 años de dictadura, es muy pequeño el porcentaje de mujeres que han alcanzado cargos de toma decisiones, aunque aumentó su número en puestos directivos de la administración central y departamental.
Ninguna mujer está al frente del gobierno municipal en los 19 departamentos en que está dividido Uruguay y desde 1985 sólo una mujer ocupó uno de los cinco cargos de la Suprema Corte de Justicia.
En el Senado, de 31 miembros, sólo dos mujeres del Frente Amplio ocupan bancas como titulares, mientras que en la Cámara de Diputados, de 99 integrantes, hay sólo ocho, cuatro coloradas y cuatro de la coalición de izquierdas.
"Cuando durante la reciente reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Cartagena de Indias (Colombia), le mencioné estas cifras a la representante de ese organismo en Finlandia no lo podía creer", comentó Robato.
La dirigente, que además es la secretaria general del Partido Colorado en Montevideo, dijo que durante la reunión con las otras cuatro integrantes del grupo se analizó un sistema de Estados Unidos conocido como "Emily List".
A través del mismo, un grupo de mujeres candidatas que comulgan con determinados principios institucionales reciben financimiento de un organismo con ese nombre para sus campañas electorales.
Con esa base decidieron dirigir su objetivo a una propuesta del BID lanzada en Cartagena y que pasó casi inadvertida en un documento del organismo multilateral divulgado en esa ocasión, titulado "¿Cómo beneficia el banco a la mujer dentro del proceso de desarrollo?".
El BID señaló que para promover un desempeño más equitativo de la mujer en el campo social y económico contribuirá a "su participación en el gobierno".
Durante la Conferencia sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, el presidente del BID, Enrique Iglesias, asumió el compromiso de poner en marcha un mecanismo destinado a aumentar la participación de la mujer en todas las actividades, incluyendo la política.
Barbato admitió que durante su participación en la Asamblea de Gobernadores del BID analizó con funcionarios de ese organismo posibilidades de financiamiento para actividades que allanen a las mujeres el camino hacia cargos de gobierno.
Esa política se instrumenta a través del Instituto Interamericano de Desarrollo Social (Indes), que dirige la colombiana Nohora Rey de Marulanda, quien también es gerente del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID.
El BID creó este mes un fondo hemisférico para financiará proyectos y actividades que promuevan el liderazgo de la mujer con una base inicial de un millón de dólares. (FIN/IPS/rr/ag/ip-pr/98
