La investigación del juez Baltazar Garzón sobre españoles desaparecidos en Argentina y la banda separatista vasca ETA se ubicaron en el centro de la visita a Uruguay del presidente del gobierno de España, José Aznar, que terminó hoy.
El último día de Aznar en Montevideo coincidió con el primer pronunciamiento de la justicia de Uruguay sobre una solicitud de Garzón para interrogar a un ex capitán del ejército sobre acciones en Argentina de militares uruguayos durante la dictadura militar en los dos países.
Garzón, juez de la Audiencia Nacional, la más alta instancia penal de su país, pretende conocer la vinculación de militares uruguayos con la desaparición de españoles en el centro clandestino de detención conocido como "Automtora Orletti", en Buenos Aires.
Las fiscal Alba Betolaza rechazó el pedido porque los hechos ocurrieron "en el territorio de un tercer Estado", no existen normas que permitan llevar adelante esa investigación y porque la justicia uruguaya carece de amparo legal para colaborar con la española.
El Covenio de Cooperación Judicial entre ambos países, de 1991, aún "no fue aprobado por nuestro parlamento", y éste no es el caso para aplicar el Tratado de Extradición que España y Uruguay firmaron en 1996, agregó la fiscal.
El juez Rolando Vomero, a cargo del pedido de Garzón, dijo a IPS que tiene plazo para compartir o disentir con la opinión de Betolaza y que problamente se expedirá antes de fines de mes.
Vomero también tramita otro pedido de Garzón. El juez español pidió detalles sobre la existencia de sepulcros de cadáveres encontrados en las costas uruguayas durante los años de dictadurara militar en Uruguay y Argentina.
El ex capitán de la marina argentina Adolfo Scilingo denunció a Garzón que entre 1976 y 1983 él y sus colegas asesinaban a detenidos políticos que luego arrojaban desde aviones a las aguas del Río de la Plata, estuario que separa ambos países de América del Sur.
Aunque Aznar reivindicó en Uruguay la independencia de los magistrados y pidió "respeto" para las decisiones de la justicia de su país, en su discurso en la Suprema Corte de Justicia aludió críticamente a Garzón.
"Pueden existir miembros de los tribunales que tengan una razonable aspiración al estrellato", dijo Aznar en una conferencia de prensa posterior y vinculó este hecho con una eventual responsabilidad de los medios de comunicación.
Aznar destacó que el juez es "un ciudadano más, pero no un ciudadano cualquiera" y que sus características principales deben ser "la reflexión, la discreción, la prudencia y el anonimato".
Para el presidente del gobierno español, ese "estrellato" se alcanza "a costa de la autorización indebida de los medios de comunicación" y opinó que "todo esto puede crear inseguridad".
Poco después, el presidente uruguayo Julio María Sanguinetti utilizó frente a los periodistas y junto a Aznar argumentos similares a los de la fiscal Betolaza para comentar la solicitud de Garzón.
"Es un principio fundamental de la cooperación jurídica em materia judicial que no puede haber reclamos judiciales sobre terceros países", dijo Sanguinetti.
"Acá estamos hablando de ciudadanos españoles y hechos ocurridos en Argentina, de modo que en Uruguay no cabe ninguna requisitoria ni vínculo judicial de tipo alguno", añadió el mandatario.
Integrantes de la central sindical de Uruguay se habían reunido con Garzón el lunes en Madrid para entregarle una lista de los 111 uruguayos desaparecidos en Argentina, entre ellos cuatro niños.
En esa entrevista, los sindicalistas uruguayos, acompañados por sus pares de Argentina, denunciaron la existencia de un acuerdo entre las fuerzas armadas de Argentina y Uruguay durante la dictadura en los dos países.
Los argentinos entregaron una lista de 9.000 trabajadores desaparecidos y denunciaron un "entente económico-militar" que facilitó la acción de los homicidas y torturadores.
El presidente argentino Carlos Menem acusó la semana pasada a Garzón de ser un juez "vedette" y de acosar judicialmente a las fuezas armadas de su país debido a su decisión de investigar entre 300 y 600 casos de españoles desaparecidos.
Las acciones de la banda separatista ETA también rondaron la agenda de Aznar, cuya visita fue preparada con especiales medidas de seguridad.
Los principales dirigentes de todo el sistema político uruguayo fustigaron las acciones de ETA, con excepción del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector integrado mayoritariamente por ex guerrilleros tupamaros o sus simpatizantes.
La bancada deL MPP, que integra la coalición de izquierda Frente Amplio, se retiró de la sesión solemne del parlamento uruguayo que recibió a Aznar.
En 1994, este sector fue el principal impulsor de una concentración pública para evitar la extradición a España de tres integrantes de ETA y que finalizó con dos muertos y decenas de heridos graves y leves tras un enfrentamiento con fuerzas policiales.
El líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, a quien las encuestas otorgan posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 1999, cuestionó a la ETA y le dijo a Aznar que respaldó aquella concentración procurando evitar desmanes. (FIN/IPS/rr/mj/ip/98
