El aumento de los delitos violentos y el riesgo de desintegración de la comunidad son dos argumentos que utilizó Uruguay obtener del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un nuevo tipo de crédito que tendrá a este país como banco de pruebas.
La pragmática postura uruguaya fue recogida por el BID, cuyos funcionarios son conscientes de que la violencia urbana está en preocupante crecimiento en América Latina y el Caribe.
Por esa razón, la asamblea anual de gobernadores del BID, que se reunirá este lunes y martes en Cartagena de Indias, Colombia, formalizará el préstamo para Uruguay y otro de similares características para el país sede de la reunión.
Fuentes del BID dijeron a IPS que el centro de la asamblea se ubicará en la crisis asiática, pero agregaron que también se abordará la violencia urbana, el desempleo y la pobreza en varios semimarios que comenzarán este jueves.
Las estadísticas uruguayas revelan que en los últimos diez años los delitos se están volviendo más violentos, en especial con un aumento de la agresión física contra la víctima.
"Los asaltos en la vía pública se duplicaron en las zonas urbanas y la tasa de homicidio aumentó 60 por ciento en la última década", dijo a IPS un vocero del Ministerio del Interior.
Uruguay, un país de 3,1 millones de habitantes ubicado entre los gigantescos Argentina y Brasil, tenía una tradición de seguridad urbana que lo distinguía en la región y que era utilizado como argumento para la captación de turismo y de capitales.
Los asaltos callejeros, la acción de bandas que asaltan bancos sin poder ser desarticuladas y homicidios sin aclaración, entre otros delitos, desnudaron una realidad que se hizo dificil de combatir y que fue uno de los elementos que forzaron en febrero el relevo del Ministro del Interior.
El gobierno uruguayo dijo al BID que los problemas de seguridad pública "han alcanzado recientemente máxima prioridad" y que han surgido "síntomas inquietantes que han llevado al gobierno a prepararse para prevenir que la violencia alcance proporciones mayores".
La actividad delictiva y la violencia no solo actúan como factores de desestabilización. La pérdida de riqueza e ingresos atribuible a la violencia también se traduce en perjuicios económicos reales, argumentaron las autoridades.
"Cuando prolifera la violencia, los inversionistas externos perciben un riesgo mayor y, en consecuencia, invierten en otro lado", según un documento del gobierno uruguayo al que accedió IPS.
Ese informe advirtió que "los escasos recursos públicos en lugar de dedicarse a fines productivos se orientan a la protección de la sociedad, el castigo de sus delincuentes y el servicio de las víctimas"
El respaldo del BID a este tipo de créditos sin precedentes que tendrá a Uruguay y a Colombia como banco de pruebas, surge de la estrategia del banco que busca aumentar el crecimiento de la inversión privada y fortalecer las iniciativas basadas en la comunidad.
Este crédito del BID a Uruguay, de 17,5 millones de dólares, no estará destinado a fortalecer los magros salarios de la policía ni a mejorar la infraestructura para aumentar la seguridad pública sino a "fortalecer la capacidad nacional de prevención".
El plan prevé una coordinación del trabajo entre el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional del Menor y el Instituto Nacional de la Juventud, entre otros.
Se procurará capacitar al personal técnico responsable de la prevención y control de los delitos, incluso de la violencia doméstica.
En este marco también se capacitará a jueces, fiscales y profesionales de la salud y de la educación, al tiempo de "mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía".
Por otra parte se destinarán fondos a incentivar la participación cívica "ayudando a crear e institucionalizar grupos cívicos, especialmente en zonas marginadas".
Las dificultades que encuentran los delincuentes que cumplen su condena para reinsertarse en la sociedad tratarán de superarse a través del desarrollo de actividades productivas y educativas.
Parte de los fondos se destinarán a reformular un local para recluir a los delincuentes primarios jóvenes y separarlos de los reincidentes.
El programa se concentrará en los departamentos de Montevideo y Canelones, donde se concentra 56 por ciento de la población uruguaya y donde se comete 96 por ciento de los asaltos y el 69 por ciento de los hurtos del país. (FIN/IPS/rr/mj/ip dv/98
