El gobierno civil en Perú es solo aparente, pues la cúpula militar y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) controlan el Congreso y el Poder Judicial, denunció la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Revoredo.
Además, el jefe del ejército, general Nicolás Hermoza, y el del SIN, el abogado Vladimiro Montesinos, consideran que el presidente Alberto Fujimori es "prescindible", agregó Revoredo.
La abogada fue destituida del Tribunal Constitucional por oponerse a los planes reeleccionistas de Fujimori. Su esposo, el empresario Jaime Mur, se asiló el lunes en la embajada de Costa Rica después de que un juez ordenó su detención por presunto contrabando.
La decana del Colegio de Abogados de Lima anunció que denunciará al gobierno peruano ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Revoredo afirmó en el programa político de mayor audiencia de la televisión peruana que el SIN maneja un sector de la mayoría oficialista en el Congreso, y, a través de ese grupo, controla toda la actividad parlamentaria.
Entrevistada por el periodista César Hildebrandt, la abogada dijo que el actual gobierno es resultado de una asociación entre el presidente Fujimori, Montesinos y la cúpula del ejército que encabeza Hermoza.
"En ese triunvirato, Fujimori no tiene realmente el control de la situación que aparenta. Sus dos socios están creando una maquinaria política propia con influencia no solo en el aparato policial y militar, sino también en el parlamento y el Poder Judicial", sostuvo.
"Mediante su influencia irregular, el SIN ha promovido leyes anticonstitucionales, como las limitaciones introducidas al derecho de referéndum, el cese de los magistrados del Tribunal Constitucional opuestos a la reelección de Fujimori y el recorte de las atribuciones del Consejo de la Magistratura", agregó.
"Con estos mecanismos y otras disposiciones adoptadas bajo la cubierta de la reforma del Sistema Judicial, el SIN tiene bajo su control a los jueces, que resultan convertidos en parte del aparato represor del régimen", declaró Revoredo.
Hildebrandt entrevistó también a Mur, quien se encontraba en la embajada de Costa Rica.
Esa delegación no confirmó ni negó el asilo concedido al empresario. Un funcionario diplomático que reclamó reserva sobre su identidad explicó a la prensa peruana que "el señor Mur se encontraba en condición de huésped especial".
Mur sostuvo que decidió asilarse porque desconfía de la imparcialidad de los magistrados, quienes, dijo, "se encuentran sometidos a Vladimiro Montesinos".
"Los enemigos del gobierno o de la cúpula militar, así como quienes denuncian los crímenes y corrupción de miembros del SIN, son reprimidos mediante argucias judiciales, como acusaciones de evasión tributaria", afirmó.
El empresario es acusado de haber contrabandeado un automóvil Mercedes Benz y dos camiones usados incurriendo en la prohibición entonces vigente de importar vehículos usados, lo cual supuso, además, la evasión de impuestos por 20.000 dólares, según sus acusadores.
El empresario sostuvo que en enero de 1995, cuando hizo la compra, no se había promulgado aún la prohibición de importar vehículos usados y que una 600 personas fueron sorprendidas por la disposición cuando ya habían adquirido unidades en Japón y Estados Unidos .
"La Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros examinó el caso y los 600 fuimos declarados inocentes. Mi caso se desenterró meses después", explicó Mur.
Eso ocurrió "cuando mi esposa y otros miembros del Tribunal Constitucional se opusieron a la ley dictada por la mayoría parlamentaria para abrir paso a la ilegal intención reeleccionista de Fujimori", sostuvo.
Mur presume que el SIN provoca "un clima de violencia, mediante crímenes que no se sabe si son cometidos por terroristas o por delicuentes comunes, con el propósito de inducir a los electores a aceptar la reelección de Fujimori, que ha cultivado fama de gobernante duro y enérgico".
"En las últimas semanas se han cometido muchos intentos de secuestro y asesinato con armamento policial y militar, que inducen a preguntarse cómo llegan estas armas a manos de delicuentes comunes", agregó el empresario.
Mur se preguntó "si estos actos violentos se están desarrollando para disimular otros atentados contra enemigos del régimen".
Hildebrandt postuló la hipótesis de que simpatizantes del gobierno contratan sicarios para formar grupos con la intención de eliminar opositores en aparentes acciones terroristas.
El periodista recordó en ese sentido declaraciones de Luisa Zanatta, desertora del Servicio de Inteligencia del Ejercito hoy asilada en Estados Unidos, quien dijo ser la desconocida que le advirtió meses atrás la existencia de un plan de asesinarlo en un supuesto atentado terrorista.
La supuesta tolerancia del gobierno de Fujimori a violaciones de derechos humanos y civiles cometidos por los servicios de inteligencia son seguidos con interés por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y el Congreso de Estados Unidos.
La Comisión de la OEA ya acogió la denuncia contra el Estado peruano formulada por el empresario periodístico Baruch Ivcher, informó el presidente del grupo, Jorte Taíana, al diputado izquierdista Javier Diez Canseco este martes.
Ivcher, de origen israelí, fue despojado de la nacionalidad peruana y en consecuencia su derecho a poseer un medio de comunicación después de que el canal 2 de televisión, de su propiedad, denunció el supuesto enriquecimiento irregular del jefe del SIN.
El Canal 2 denunció también el caso de Leonor la Rosa, agente del Servicio de Inteligencia del Ejercito torturada durante un interrogatorio y sospechosa de haber informado a la prensa los ingresos del jefe del SIN en 1996 extraídos de su declaración tributaria, documento legalmente reservado. (FIN/IPS/al/mj/hd ip/98
