El gobierno de Perú solicita apoyo financiero para poner en práctica la última fase de su estrategia antidrogas, que estará basada en un programa de sustitución masiva de cultivos ilegales de coca.
En el segundo día de sesiones de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la ciudad colombiana de Cartagena, el ministro de Salud de Perú, Marino Costa, convocó a una "mesa de donantes" que financie el proyecto de desarrollo alternativo de cultivo de coca.
Costa señaló que el gobierno peruano considera necesarios 500 millones de dólares para emprender el mencionado programa. Para obtenerlos, comenzó a gestionar la creación de la "mesa de donantes", en la que espera participen Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Canadá, Australia y Malasia.
Por las dimensiones sociales de la producción de coca en Perú, que involucraba a más de 200.000 familias, tanto el gobierno del presidente Alberto Fujimori como el de su predecesor, el socialdemócrata Alan García, se negaron a basar sus políticas antidrogas en la represión a los campesinos productores.
El gobierno de Estados Unidos efectuó una insistente presión sobre Perú y Bolivia para que reprimieran a los colonos que cultivaban coca. Pero García y Fujimori no persiguieron a los campesinos productores de coca, aunque sí a quienes participaban en su conversión en pasta básica de cocaína o en su transporte.
En los últimos cinco años, el gobierno de Fujimori consiguió que las 200.000 hectáreas ilegalmente sembradas con ese arbusto bajaran a 69.000.
Analistas independientes explican el éxito alcanzado como resultado de dos factores: la caída de los precios de la cocaína en el mercado internacional y la eficacia en la represión del tráfico y el control de los insumos utilizados en la producción de pasta básica y su conversión en clorohidrato.
El precio del kilogramo de hoja de coca, que en 1992 oscilaba entre 2,46 y 2,81 dólares, ahora fluctúa entre 1,2 y 1,7 dólares.
La pasta básica de cocaína, que se pagaba en los valles del río Huallaga, en la selva central peruana, a 740 dólares el kilogramo, no cuesta más de 250, en tanto la cocaína, que era pagada 2.100 dólares en las pistas clandestinas de aterrizaje, ahora cuesta 650 en la frontera con Colombia.
Por otro lado, la eficacia de la interdicción aérea y la destrucción, mediante bombardeos, de los aeropuertos clandestinos desalienta el ingreso de las avionetas, que llevaban a Colombia de una a tres toneladas de pasta básica por vuelo.
Perú dejó de ser el primer productor mundial de cocaína y, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, los cultivos ilegales se han desplazado hacia Colombia, que ahora ocupa el primer lugar, y tienden también a instalarse en Brasil.
El gobierno de Fujimori considera que el área de coca sembrada actualmente en Perú podría bajar a menos de 40.000 hectáreas en el 2002, y quedar completamente erradicada algunos años después.
Según el secretario ejecutivo de Contradrogas, Juan Gil Ruiz, la reducción de la producción cocalera se lograría mediante un activo programa de sustitución de los cultivos de coca por productos de comercialización legal, que recibirían apoyo técnico, comercial y de infraestructura de transporte.
Indicó que entre 1999 y 2002 se impulsaría de manera prioritaria el desarrollo económico en las zonas en donde se registró el mayor volumen de producción cocalera, mediante la construcción de nuevas carreteras y caminos de penetración.
Añadió que también se propiciará la instalación de servicios básicos de agua, desagüe y electrificación, así como construcción de escuelas y postas médicas.
El plan comprende la titulación de tierras, para que los campesinos puedan acceder a créditos hipotecarios que les permitan emprender cultivos alternativos y generar actividades agroindustriales o pecuarias.
Finalmente, expresó que se promoverán convenios entre los campesinos y empresas privadas interesadas en la comercialización de productos de la zona.
Raúl Serrano, experto de la organización no gubernamental Cedro, que se ocupa del tema de la drogas, consideró insuficientes los 500 millones de dólares que el gobierno peruano busca en la comunidad internacional.
"Se necesitan por lo menos mil millones de dólares para financiar un eficaz programa de sustitución de cultivos", estimó Serrano. "Pero es hora de iniciar una masiva de promoción de programas de sustitución de los cultivos, para darle el golpe de gracia a la economía de la coca". (FIN/IPS/al
