El general retirado Lino Oviedo, candidato a la presidencia por el gobernante Partido Colorado de Paraguay, podría ser condenado a una pena de siete a 10 años de prisión por un tribunal militar extraordinario.
El tribunal lo encontró responsable de resistir una orden del presidente Juan Carlos Wasmosy para retirarse del cargo de comandante en jefe del Ejército, en abril de 1996.
La sentencia, que se espera sea difundida a la brevedad, ya se anuncia que será apelada ante la Corte Suprema de Justicia. Como el plazo para inscribir candidaturas terminó en la medianoche del miércoles 4, la postulación de Oviedo seguirá vigente para las elecciones previstas para el 10 de mayo.
Los abogados del ex jefe del Ejército presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra este proceso, el lunes, cuando trascendió que el fiscal pedía una pena de 10 años de prisión. El tribunal llamó "autos para sentencia" en la noche del jueves, lo que significa que el fallo saldría de un momento a otro.
Sus abogados están convencidos de que mientras no exista sentencia firme, la postulación de Oviedo a la presidencia seguirá vigente, aún cuando continúe en prisión, donde se encuentra desde hace 12 semanas.
Los argumentos en favor de la inconstitucionalidad se basan en que las denuncias sobre el intento de golpe de Estado o desacato, durante la crisis de abril de 1996, fueron asumidas como competencia civil.
La Corte Suprema de Justicia ganó una contienda al Supremo Tribunal Militar, lo que terminó en julio de 1996 con la liberación de Oviedo de su primera detención en Itauguá, a 30 kilómetros de Asunción.
El proceso quedó empantanado entre recusaciones y varios recursos, que permitieron al militar conformar la Unión de Colorados Eticos (UNACE) y ganar las internas del Partido Colorado el 7 de setiembre pasado.
Las impugnaciones a su candidatura, el accidentado escrutinio, las acusaciones de fraude ante la Justicia Electoral y la negativa del partido de gobierno a inscribirlo como candidato presidencial resultaron infructuosas.
Wasmosy ordenó el arresto de Oviedo el 3 de octubre, alegando que se trataba de un militar retirado que le había ofendido durante la campaña interna colorada. Pero se mantuvo prófugo hasta el 12 de diciembre, horas después que la Corte Suprema admitió el derecho del poder civil de arrestarlo.
Detrás de la acción del presidente paraguayo, del Fiscal del Estado y de los casos desenterrados sobre la vinculación de Oviedo con la introducción a Paraguay de basura tóxica alemana en 1990 se encuentra un dilema de poder real, señalan analistas.
Se trata de recursos para que no se rompa la formalidad constitucional y se maquille el veto rotundo de los mandos militares a la postulación de Oviedo, quien los "decapitaría" si resultara electo.
Ya desde su participación en el golpe de Estado de 1989 contra el ex dictador Alfredo Stroessner (1954-89), el entonces coronel obligó a eliminar contendores de su camino. Cada nueva estrella en su uniforme multiplicó los desplazados del orden de la derecha (antigüedad militar).
Pero el conflicto se reveló cuando la Fuerza Aérea y la Armada, junto a la Infantería y la Guardia Presidencial, respaldaron al presidente durante la crisis de abril de 1996.
Wasmosy declaró que el 22 de abril de ese año, el ex jefe del Ejército quería la cuarta estrella, con lo que ascendería a comandante de las Fuerzas Armadas, por encima de sus colegas de las otras dos fuerzas.
Los sondeos de opinión aumentan el temor de los mandos militares actuales, pues Oviedo aparece con una ventaja de 10 a 12 por ciento en la intención de voto nacional sobre la coalición opositora, que según la empresa consultora First sólo ganaría en Asunción.
No obstante, la oposición pretende que se celebren las elecciones el 10 de mayo, para lo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea, que lo han comunicado públicamente al gobierno y al tribunal electoral a través de sus embajadores en Paraguay.
Andrew Palmer, responsable para Paraguay del gobierno británico, dijo a IPS que la presidencia de la Unión Europea, a cargo de Gran Bretaña este semestre, proyecta emitir un mensaje de respeto a los plazos constitucionales.
El candidato presidencial opositor, Domingo Laíno, cree que hay sectores "antidemocráticos dentro del oficialismo que pretenden anular las elecciones de todos los partidos para que ellos puedan solucionar su crisis interna".
La coalición de los partidos Liberal Radical Auténtico y Encuentro Nacional ha sido terminante en que no aceptará la postergación de las elecciones por un año, como propuso el gobierno, y que asuma el 15 de agosto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Sapena.
Tampoco participará en la Comisión constituida por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica para estudiar la propuesta de diálogo lanzada por el gobierno, si su objetivo es discutir los términos de un gobierno provisorio.
El obispo Jorge Livieras Banks, integrante de la Comisión, dijo este viernes que la Iglesia Católica paraguaya no aceptará ningún planteamiento que se aparte de lo dispuesto por la Constitución, en una alusión directa a la intención del presidente Wasmosy de postergar las elecciones del 10 de mayo. (FIN/IPS/cm/ag/ip/98
